La Plataforma de Acción y Declaración de Beijing en América Latina y el Caribe: Tres impactos sobre fiscalidad y redistribución de la situación económica de las mujeres

Hace casi 20 años, el mundo se reunió en Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Allí, 189 gobiernos adoptaron una innovadora hoja de ruta para la igualdad de género: la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Cerca de 17,000 participantes y 30,000 activistas imaginaron un mundo en el que las mujeres y las niñas tuviesen los mismos derechos, libertades y oportunidades en cualquier ámbito de la vida.

A pesar de todo el progreso alcanzado en las dos últimas décadas, ningún país puede jactarse de haber alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en cuanto al empoderamiento económico de las mujeres, uno de los pilares para la prevención de la violencia y el desarrollo del liderazgo.

Un niño y una niña en la escuela El Renacimiento, en Villa Nueva, Guatemala. Photo: Maria Fleischmann / World Bank

En América Latina y el Caribe, aún queda mucho por hacer. En los últimos 20 años, la tasa media de participación de las mujeres en la fuerza laboral creció apenas 11 puntos porcentuales entre 1990 y 2010 según cifras de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con lo cual en 2012 apenas superaba el 50% en promedio. Las mujeres conforman sólo el 49% del total de la fuerza laboral ocupada y desproporcionadamente el 51% de todas las personas desocupadas (que están sin trabajo y buscan).

Una mujer atiende su puesto en la zona 3 del mercado, Ciudad de Guatemala. Guatemala. Photo: Maria Fleischmann / World Bank

La mayoría de estas mujeres que trabajan (hasta un 54%) lo hacen en el sector informal de la economía y dentro de la informalidad en las ocupaciones y sectores menos rentables. La brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina alcanza un 17%: sin distinción de nivel educativo, edad o tipo de empleo, las mujeres ganan menos que los hombres por trabajo de igual valor. Por otra parte 7 de cada 10 mujeres trabaja en el sector de servicios o comercio que tienen menor productividad, remuneración y niveles de protección social. El impacto sobre las finanzas gubernamentales de estas brechas es evidente.

Por otra parte, algunos gobiernos de la región están utilizando o contemplan utilizar el impuesto sobre la renta como instrumento para reducir la informalidad. Sin embargo, la ausencia de un riguroso análisis de cómo reducir la informalidad entre las mujeres puede terminar costando varios millones a las arcas públicas.

El sector del trabajo doméstico remunerado constituye la ocupación más importante para las mujeres en América Latina desde el punto de vista numérico: 14 de cada 100 mujeres trabajadoras se encuentran en este sector. A pesar de que se avanza en su protección como trabajadoras, aún hay resistencias en varios países a la ratificación de la Convención 189 de la Organización internacional del Trabajo que protege sus derechos y que las convierte en cotizantes de los sistemas de seguridad social. Su trabajo es de vital importancia ante la ausencia de servicios públicos de calidad para el cuidado de personas dependientes (menores y mayores).

Por otro lado, 1 de cada 3 mujeres en la región, según CEPAL, no gana sus propios ingresos, en comparación con el 11.7% de los hombres, lo que tiene consecuencias a lo largo de todo el ciclo de vida de las mujeres y tiene un impacto negativo en el gasto social. Por una parte no están cotizando a los sistemas de seguridad social o dejan de hacerlo en algún momento debido a sus responsabilidades familiares. Por otra, la tendencia del aumento de hogares con jefatura de hogar femenina junto con el envejecimiento de nuestras sociedades, señala claramente que tanto las políticas fiscales como sociales tienen que complementarse y adaptarse a estas nuevas realidades reconociendo el trabajo de reproducción social no remunerado que realizan en gran parte las mujeres. Esto hasta la fecha se ha integrado en sólo algunos países aprovechando la expansión de los pisos de protección social en nuestra región.

Además, las mujeres en nuestra región trabajan desde 14 hasta 30 horas más que los varones semanalmente si tomamos en cuenta su trabajo no remunerado, es decir el de cuidar a la familia.

Se calcula que el 90% de toda la atención doméstica no remunerada es proporcionada por mujeres, lo que representa entre un 30% a un 50% del PIB, según distintos cálculos realizados en todo el mundo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Cualquier cambio presupuestario o fiscal que afecta el uso del tiempo en los hogares tiene un impacto directo sobre las decisiones de los hogares y en particular sobre las mujeres. Aún más, como concluye el informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, los Estados no pueden ignorar la desigualdad en las responsabilidades de cuidado ya que esto limita directamente el igual disfrute por parte de las mujeres de los derechos humanos e influye en su situación de pobreza. Este informe invita a que los Estados faciliten, financien, apoyen y regulen dicho trabajo para evitar contravenir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Las políticas fiscales también pueden y deben orientarse a la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres. Como instrumento fundamental de la redistribución del ingreso, la Plataforma de Acción de Beijing envía una señal clara a la ciudadanía sobre las responsabilidades del Estado como garante de la igualdad de oportunidades para todos y todas. Impulsar políticas fiscales que abarquen desde incentivos ajustados a las realidades de las mujeres para salir de la informalidad hasta incentivos para las empresas para introducir corresponsabilidad en el cuidado de personas dependientes o para contratar mujeres en sectores y ocupaciones no tradicionales, así como una recaudación más justa, sin duda contribuirá a que los Estados cumplan con sus compromisos hechos ya hace 20 años.

Por Elizabeth Villagómez, Asesora Regional para el Empoderamiento Económico de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.