Cámara de Senadores dio media sanción al Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay

El proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en Uruguay fue aprobado por unanimidad ayer -miércoles 12 de agosto- en la Cámara de Senadores. A pesar de que la oposición respaldó el proyecto, se cuestionó su financiamiento y el amplio margen que se le da a la reglamentación de la ley. La iniciativa pasará ahora a consideración de la Cámara de Representantes.

Durante la sesión, legisladores frenteamplistas aseguraron que lograrán terminar la invisibilidad de las mujeres en las tareas de cuidados y que este sistema mejorará la calidad de vida de las mujeres. La senadora Daisy Tourné afirmó que “durante siglos el cuidado fue una tarea depositada en las mujeres, invisible, desvalorizada, no remunerada y naturalizada”.

El senador frenteamplista y presidente de la Comisión de Población Marcos Otheguy dijo a Montevideo Portal que “hasta ahora la protección social estaba centrada en la salud, la educación y la previsión social, pero ahora se suma una cuarta pata que son los cuidados”. En ese sentido remarcó que “se abre una nueva agenda de derechos que beneficiará de forma progresiva a nuevos colectivos cada año”.

Antecedentes

El Presidente Tabaré Vázquez asumió su mandato el 1° de marzo de 2015 anunciando que la política de cuidados será una de las políticas centrales de su administración. Así, el 5 de marzo envió al Parlamente el proyecto ley para la creación del SNIC.

Con la aprobación de esta ley, el país pondría en funcionamiento un sistema de cuidados para que se constituya de manera gradual en otro de los pilares fundamentales de la nueva matriz de protección social. El sistema busca cambiar las políticas públicas y pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas y reconoce el derecho a cuidar y ser cuidados en condiciones de calidad e igualdad en el marco de la construcción de un modelo corresponsable entre Estado, comunidad, mercado y familias.

El SNIC fue proyectado para mejorar la vida de las personas dependientes a través de prestaciones de cuidados integrales, visualizar como responsabilidad de toda la sociedad el cuidado de las personas que no tienen autonomía, conciliar la vida laboral con la reproducción familiar, regular los servicios públicos y privados existentes, descentralizar los servicios adaptados a las necesidades de cada lugar mediante acuerdos con las intendencias y los municipios y valorizar y capacitar a los cuidadores, tanto a los que perciben una remuneración por su tarea como los que no.

El aumento de la cantidad de personas dependientes en contraposición a una menor cantidad de personas con tiempo disponible para realizar la tarea del cuidado es una de las razones que explica la necesidad de crear este mecanismo. Además, la carga de trabajo no remunerado -en particular de los cuidados- recae sobre las mujeres tal como lo señalan las últimas dos encuestas de uso del tiempo realizado en el país.

Características

El sistema estará integrado por los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el Banco de Previsión Social y la Administración Nacional de Educación Pública.

La estructura institucional del Sistema constará de una Junta Nacional de Cuidados, una Secretaría Nacional y un Comité Consultivo de Cuidados. En el último de esos espacios participarán las representaciones de la sociedad civil que trabajan el tema.

Esta herramienta legal establece que serán sujetos de la política de cuidado los niños y niñas de 0 a 12 años, con prioridad hasta tres años, las personas con discapacidad no autovalentes, y aquellos adultos mayores que no tengan o hayan perdido autonomía para desarrollar actividades de la vida diaria, a la vez que todas las personas que realizan cuidados de manera remunerada o no.

El SNIC tendrá un costo aproximado de 220 millones de dólares para el período de gobierno que se discutirá en la ley de presupuesto. Propone atender una población objetivo de 237 mil personas. La implementación será gradual y esto se establecerá en la reglamentación de la ley.