El Congreso paraguayo sancionó el Proyecto de Ley de Protección Integral de las Mujeres contra toda forma de Violencia
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Con 61 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el martes 6 de diciembre el Proyecto de Ley de Protección Integral de las Mujeres contra toda forma de Violencia, en la versión modificada y aprobada por el Senado el 17 de noviembre pasado. La Ley, también conocida como la ley #PorEllas a través de las campañas de difusión, pasa al Poder Ejecutivo para su consideración y se espera sea promulgada por el Presidente de la República. La norma aprobada viene a llenar un vacío legal en materia de garantía y protección de derechos de las mujeres contra la violencia de género; la misma representa un avance importante respecto a la norma vigente, al incorporar estrategias de prevención, mecanismos de atención, medidas de protección y sanción a mujeres víctimas del flagelo de la violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. La misma reconoce además diferentes formas de violencia como la feminicida, la física, sicológica, telemática, contra los derechos sexuales y reproductivos, contra la dignidad, la violencia política, etc.
El proceso de tratamiento parlamentario de la Ley fue largo y no exento de controversias y de posturas conservadoras, proclives a limitar el derecho de las mujeres a una vida libre de toda forma de violencia. Así, los elementos que provocaron mayor resistencia de parte sectores conservadores de la sociedad, inclusive de instituciones religiosas, fueron el concepto de género y el de prohibición de conciliar con el agresor. El primero de ellos, fundamental para caracterizar la especificidad de la violencia machista; el segundo, establece una medida necesaria de protección de la vida e integridad de las mujeres en situación de violencia. Si bien la mención expresa al género fue eliminada en el proyecto de ley, la norma sancionada incorpora una clara relación de derechos, basados en los principios de igualdad y no discriminación, establece la adopción de medidas para la eliminación de prejuicios, estereotipos y patrones socioculturales de conducta que sustentan la violencia. Por otra parte, la ley sancionada incorpora un capítulo de medidas de protección de carácter civil, la tipificación penal del feminicidio (con penas de 10 a 30 años), la prohibición de conciliar con el agresor, el derecho a la defensa pública de las víctimas y el beneficio de litigar sin gastos, entre otras figuras.
El proceso de formulación del proyecto de ley integral tuvo una larga trayectoria desde el año 2009, cuando instituciones de los tres poderes del Estado y de la diversidad del movimiento de mujeres consensuaron impulsar una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. ONU Mujeres acompañó el proceso en sus diferentes etapas, particularmente desde el año 2013, con la instalación de la Oficina con representación internacional y la conformación de la nueva legislatura, brindando apoyo a momentos y actividades como: el de formulación técnica, de intercambio de experiencias, las campañas de difusión y cabildeo. Asimismo, apoyó los procesos de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y las comisiones de género de ambas Cámaras del Congreso, particularmente con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados (cámara de origen del proyecto de ley), con el Ministerio de la Mujer, que ha jugado un papel preponderante durante todo el proceso, como también con otros actores clave como la Secretaría de Genero del Poder Judicial, entre otros.
La promulgación de la nueva ley deja aprendizajes y puntos de reflexión importantes. Por una parte, constatar una vez más lo ya sabido: la gran resistencia política y social que generan los procesos de ampliación de derechos de las mujeres. Por otra parte, que la conquista de los derechos de las mujeres solo puede lograrse mediante la construcción de consensos y la acción articulada entre mujeres, más allá de las diferencias, como también con la alianza de hombres solidarios y convicciones democráticas. Asimismo, que las alianzas políticas de diferente signo son posibles priorizando la igualdad de género como principio del interés común. Finalmente, dado que toda ley es perfectible, y atendiendo al principio de progresividad de derechos, es posible retomar la lucha para incorporar los aspectos que hoy no quedaron suficientemente reflejados.