Documento de Posición de las integrantes del Grupo Asesor de Sociedad Civil (GASC) de ONU Mujeres para la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Las integrantes del Grupo Asesor de Sociedad Civil (GASC), feministas e integrantes de organizaciones de mujeres y feministas que asesoramos en temas estratégicos a ONU Mujeres y que promovemos el avance de la agenda regional por la igualdad de género, celebramos una nueva Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, un espacio estratégico para la construcción y seguimiento de la Agenda Regional de Género. Este proceso regional, en el seno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiene casi cinco décadas de historia y es único a nivel internacional.

La Conferencia Regional es un espacio político de articulación entre gobiernos, movimientos feministas y de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos de cooperación y agencias de Naciones Unidas, con un enorme potencial para transformar políticas públicas y compromisos internacionales. La adopción del Compromiso de Buenos Aires en 2022 marcó un punto de inflexión al posicionar la sociedad del cuidado como base para un nuevo modelo de desarrollo más justo, igualitario y sostenible.

Contexto regional: crisis múltiples, impactos desiguales

América Latina y el Caribe enfrenta una confluencia de crisis económicas, energéticas, migratorias, climáticas y políticas que profundizan las desigualdades estructurales. Estas crisis ponen en riesgo el cumplimiento y el avance en materia de derechos humanos, así como el fortalecimiento de democracias participativas e inclusivas. La situación afecta especialmente los derechos de las mujeres, jóvenes, niñas, personas con identidades de género diversas, poblaciones indígenas, afrodescendientes y mujeres con discapacidad. La precarización del empleo, el endeudamiento, la persistente brecha digital, el debilitamiento de las democracias y el avance de los autoritarismos configuran un escenario complejo para el logro de la justicia social.

Las crisis afectan directamente las políticas de cuidados y apoyos, limitando su financiamiento y sostenibilidad. La baja inversión pública y la falta de voluntad política impiden el desarrollo de sistemas integrales, perpetúan la feminización y racialización de la pobreza y frenan la igualdad sustantiva. Ante ello, se requieren respuestas estructurales desde los Estados, con pleno compromiso con instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incluyendo la ratificación del Protocolo Facultativo.
 

Llamado de representantes de la sociedad civil que integran el Grupo Asesor de Sociedad Civil (GASC): por políticas públicas feministas y participativas

Las representantes de la sociedad civil que integramos el GASC proponemos que la XVI Conferencia impulse una agenda política sólida y coherente, articulada con los compromisos ya asumidos por los Estados en el marco de la Plataforma de Acción de Beijing, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo, el Acuerdo de Escazú y otras instancias regionales relevantes.
En este sentido, consideramos prioritario avanzar en tres ejes estratégicos:

Fortalecer la institucionalidad de género en todos los niveles

Un Estado que cumple con la igualdad de género requiere de una entidad sólida, con un triple mandato, capaz de aportar valor en todo el sistema, coordinar de manera eficaz y brindar un respaldo real a las mujeres y niñas en toda su diversidad. Se necesita una institución equipada para generar valor en el conjunto del sistema, que apoye procesos intergubernamentales críticos, que actúe en favor de las mujeres y niñas en sus respectivos países y que promueva la coherencia a nivel sistémico mediante una coordinación eficiente y con un uso óptimo de los recursos.
Fortalecer a las organizaciones de mujeres y feministas

Las organizaciones feministas y de mujeres, en toda su diversidad, son esenciales para sostener las democracias, exigir derechos y transformar las estructuras patriarcales. En un contexto de fragilidad global, retrocesos en igualdad de género y crisis financieras que limitan su accionar, el sistema multilateral sigue siendo nuestra mayor esperanza.

Es indispensable el compromiso de los Estados, la cooperación y otros actores para fortalecerlo, reformarlo y mantener el foco en los derechos de todas las mujeres y niñas. Esto implica garantizar recursos financieros suficientes y sostenibles, así como la participación plena y significativa de mujeres rurales, con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, defensoras de derechos humanos, juventudes y otros grupos, y proteger a quienes defienden derechos humanos frente a los crecientes ataques.

Asegurar financiamiento sostenible para la agenda de cuidados y de justicia climática

La implementación de sistemas integrales de cuidados y apoyos, incluidos los comunitarios y ecológicos, requiere financiamiento público, progresivo y suficiente. Es urgente avanzar en acuerdos que consoliden compromisos como el 0,7 % del ingreso nacional bruto de los países desarrollados para Ayuda Oficial al Desarrollo, sin condicionalidades, adoptados en la Cuarta Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla en julio de 2025, así como en reformas hacia sistemas fiscales progresivos y con enfoque de género.
Llamamos a los Estados de la región, al sistema de Naciones Unidas y a la cooperación internacional a fortalecer sistemas tributarios justos que garanticen el financiamiento de políticas para una nueva organización de los cuidados, priorizando la sostenibilidad de la vida, del planeta y el respeto a los derechos humanos.

A treinta años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la XVI Conferencia Regional es una oportunidad para un balance crítico, sin retrocesos, que impulse cambios reales y transformadores. Si bien reconocemos avances normativos, políticas y marcos institucionales, preocupa la creciente reacción contra los derechos de las mujeres, expresada en políticas regresivas, igualdad de género instrumentalizada y sin transformaciones estructurales.

A ello se suman declaraciones no vinculantes, recursos insuficientes, proyectos descontextualizados y, en algunos casos, la negación de la desigualdad estructural como justificación para la inacción. Esta tendencia debilita el compromiso real con la erradicación de la desigualdad. Frente a estos desafíos, reafirmamos que no hay justicia económica ni climática sin justicia de género y que cumplir con los compromisos asumidos en Beijing, la CEDAW, Belém do Pará, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú es una deuda impostergable.

En este contexto, y ante el reciente e histórico pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce por primera vez en la región el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, hacemos un llamado urgente a los países de la región, a las organizaciones internacionales —incluidas las agencias del sistema de la ONU— a avanzar en la defensa de los derechos, la igualdad y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Es momento de acelerar y redoblar esfuerzos, reconociendo que, aunque ha habido avances, lo realizado es insuficiente y las acciones necesarias no se pueden seguir postergando. Se requieren acuerdos regionales para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que integre las dimensiones económicas, sociales y ambientales, garantizando la sostenibilidad de la vida y del planeta.