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Esta serie de cuatro resúmenes sistematiza las lecciones de 20 evaluaciones de ONU Mujeres en la región de las Américas y el Caribe realizadas entre 2015-2020 en cuatro áreas programáticas clave.
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Para una respuesta efectiva durante la pandemia del COVID-19 es fundamental considerar la dimensión de género. ONU Mujeres en Ecuador comparte aquí unas sugerencias concretas para potenciar la efectividad de las medidas adoptadas, en particular en el ámbito laboral y en los centros de trabajo.
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Como hombres podemos y tenemos que contribuir a que el hogar que habitamos sea un espacio libre de violencia y un entorno más solidario e igualitario para las familias.
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La decisión de migrar puede comportar para las mujeres la posibilidad de mejorar de forma significativa su calidad de vida, entre otras razones porque al convertirse en proveedoras de ingresos y lograr mayor autonomía y autoconfianza pueden dejar atrás conductas, expectativas y comportamientos tradicionalmente asignados a ellas en su sociedad de origen como roles de género.
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El propósito de este estudio sobre la violencia política de género contra las mujeres en el Ecuador ha sido el analizar la violencia a la cual se enfrentan las mujeres políticas en el país, con énfasis en el área de la frontera norte. La intención es identificar limitaciones y elementos que se constituyen como retos que permitan establecer medidas para combatir y prevenir este tipo de violencia.
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A través de El progreso de las mujeres en Colombia 2018: transformar la economía para realizar los derechos, ONU Mujeres plantea la visión de una economía en la que las mujeres tengan oportunidades y acceso igualitario a los recursos productivos como el empleo de calidad, el crédito, la tecnología o la propiedad; a la protección social, incluyendo servicios de cuidado, que les garantice ingresos suficientes para lograr un nivel de vida adecuado. El objetivo de este informa va más allá de mostrar las brechas persistentes, apunta a promover la generación de trabajo decente y servicios sociales y mecanismos de protección social con perspectiva de género junto con políticas macroeconómicas favorables que den prioridad a la inversión en las personas sin dejar a nadie atrás.