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Esta investigación busca evidenciar la riqueza y diversidad del sector comunitario como poseedor de saberes y conocimiento territorial; pero también como un aliado relevante para la implementación y apropiación de las políticas públicas. De igual forma, se busca contribuir a un debate mejor informado empíricamente sobre los cuidados comunitarios y sus potencialidades como actor social clave para hacer avanzar la agenda de los cuidados en una región profundamente desigual.
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El derecho al cuidado, entendido como el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado, forma parte de los derechos humanos ya reconocidos en los pactos y tratados internacionales de los que gozan todas las personas. El derecho al cuidado implica, además, el reconocimiento del valor del trabajo, la garantía de los derechos de las personas que brindan cuidados y la superación de los estereotipos en que se considera el cuidado una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Más allá de la diversidad de situaciones económicas y culturales y de marcos institucionales, en todos los países de la región resulta fundamental diseñar sistemas integrales de cuidados que tengan como horizonte la universalización del acceso a los servicios y de su calidad, la coordinación e intersectorialidad de las políticas, la sostenibilidad financiera y la corresponsabilidad social y de género.
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Este documento pretende ser una invitación al diálogo entre actores sociales y un insumo para el trabajo conjunto hacia una mejora en la situación de las personas trabajadoras domésticas en Iberoamérica y, en particular, en su acceso a la seguridad social.
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Los programas y escuelas de Segunda Oportunidad consideran distintos niveles de abordaje, ya que se entiende que, si bien el ideal es que ningún estudiante abandone la escuela antes de graduarse, para aquellos o aquellas que se encuentran fuera del sistema, es necesario ofrecer opciones que les permitan reinsertarse y contar con oportunidades equitativas.
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Este documento es el resultado de la evaluación externa a la implementación del programa “Una Victoria Lleva a la Otra – Argentina”, iniciativa conjunta de ONU Mujeres y el Comité Olímpico Internacional (COI), que se llevó a cabo entre diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021.
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Creado en alianza entre ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea -principal financiador-, y desarrollado en Argentina entre 2018 y 2021, el programa Ganar-Ganar aceleró el cambio cultural en el ecosistema empresarial e inspiró acciones concretas y novedosas para contribuir a la igualdad de género. Este reporte detalla sus impactos en relación a sus dos componentes: “Mujeres emprendedoras y empresarias” y "Empresas WEPs”.
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Este reporte resume los resultados, actividades y recursos del Programa "Ganar-Ganar: La Igualdad de Género es un Buen Negocio", implementado en alianza entre ONU MUJERES, OIT y financiado por la Unión Europea entre 2010 y 2021, para avanzar en la igualdad de género en el sector privado en América Latina, el Caribe y Europa.
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La presente edición 2020 del informe Buenas Prácticas de Empresas WEPs en Argentina recoge los aprendizajes y las acciones de empresas adheridas a los WEPs a junio de 2020, actualizando la información contenida en la edición 2019 y considerando el particular contexto de la pandemia por COVID-19.
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Desde el programa “Win-Win: La igualdad de género es un buen negocio”, se realizó un ciclo de webinars para conversar temáticas de interés y preocupación para el sector empresarial durante esta pandemia. A raíz de este ciclo, ONU Mujeres en Chile realizó un documento titulado “Iniciativas y acciones abordadas en el Ciclo de Webinars: El rol clave de las empresas para enfrentar la crisis sanitaria de la COVID-19 y sus efectos económicos, sociales y laborales con enfoque de género”, el cual incluye recomendaciones generales y específicas, junto con ejemplo prácticos para promover la igualdad de género en tiempos de pandemia y evitar retroceder en los avances logrados.
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Los Programas de Transferencias Monetarias (PTM), ampliamente extendidos en América Latina y el Caribe como mecanismo de protección social para paliar las dificultades económicas y sociales de la población viviendo en situación de pobreza, han sido identificados como uno de los mecanismos más rápidos de respuesta ante la crisis del COVID-19.