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El PPIG es un diagnóstico elaborado desde una perspectiva de diversidad e interseccionalidad y ha buscado reflejar las diferencias entre las distintas regiones de Argentina. Es por ello que se ha procurado, siempre que ha sido posible, presentar datos cuantitativos y realizar un análisis de las desigualdades teniendo en cuenta a las mujeres y niñas, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad y personas pertenecientes a grupos migrantes, afrodescendientes y de pueblos indígenas.
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La publicacion muestra como es posible diseñar e implementar proyectos que contribuyen a múltiples ODS, atienden a desigualdades de género, y al mismo tiempo que contribuyen a una agenda de desarrollo multidimensional transformadora, la cual es esencial para poder sacar adelante a nuestra región afectada por el COVID-19 y construir un mejor futuro que sea sostenible, justo y equitativo.
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A partir del análisis de las elecciones parlamentarias en Colombia celebradas en 2018, el informe resalta que hay una importante participación de las mujeres como sufragantes y candidatas, pero se presenta una disminución en el número y porcentaje de mujeres elegidas como congresistas. Así, en el 2018 sólo el 19,7% de las personas elegidas en el Congreso fueron mujeres. Esto distancia a Colombia del principio constitucional de paridad y del promedio mundial de mujeres parlamentarias que corresponde al 24%, según datos oficiales de la Unión Interparlamentaria (IPU). La publicación presenta los avances y brechas persistentes entre hombres y mujeres en torno a la plena participación política en Colombia, con base a los resultados de los comicios de 2018. En ese sentido, da luces sobre los logros y también recomendaciones para asumir los desafíos sobre los que hace necesario actuar para alcanzar la democracia paritaria.
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La seguridad social es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en sus artículos 22 y 251, y se promueve con diferentes instrumentos jurídicos y acuerdos internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, por sus siglas en inglés.
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El “Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Antropóloga Maya K’ichee’, Doctora y Maestra en Antropología Social Irma A. Velásquez Nimatuj, ofrece una panorámica regional sobre la temática junto con casos de estudio y recomendaciones clave. Su elaboración se enmarca en el trabajo de colaboración entre la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), para promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.
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Con el objetivo de ilustrar las discriminaciones legislativas vigentes en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) han elaborado la publicación “Análisis de legislación discriminatoria en América Latina y Caribe en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres”.