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Los programas y escuelas de Segunda Oportunidad consideran distintos niveles de abordaje, ya que se entiende que, si bien el ideal es que ningún estudiante abandone la escuela antes de graduarse, para aquellos o aquellas que se encuentran fuera del sistema, es necesario ofrecer opciones que les permitan reinsertarse y contar con oportunidades equitativas.
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La CEDAW obliga a los Estados que la ratifican (Estados parte) a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, es decir, una igualdad tanto en las normas y leyes, como en los hechos y resultados: la igualdad en la vida real de las mujeres y las niñas. Los Estados parte han de poner todos los medios a su alcance para la consecución de tal fin.
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Este reporte resume los resultados, actividades y recursos del Programa "Ganar-Ganar: La Igualdad de Género es un Buen Negocio", implementado en alianza entre ONU MUJERES, OIT y financiado por la Unión Europea entre 2010 y 2021, para avanzar en la igualdad de género en el sector privado en América Latina, el Caribe y Europa.
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Este documento recopila información sobre iniciativas destacables adoptadas por los ministerios públicos, las fiscalías o procuradurías (MP/F/PG) de la Asociación Iberoamericana de MinisteriosPúblicos (AIAMP) para adaptar su respuesta a las nuevas circunstancias. Fue elaborado en base a la información brindada por las delegaciones de 12 países de la Red Especializada de Género (REG) de la AIAMP, con el apoyo técnico del Área de Políticas de Igualdad de Género del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y de ONU Mujeres para América Latina
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El PPIG es un diagnóstico elaborado desde una perspectiva de diversidad e interseccionalidad y ha buscado reflejar las diferencias entre las distintas regiones de Argentina. Es por ello que se ha procurado, siempre que ha sido posible, presentar datos cuantitativos y realizar un análisis de las desigualdades teniendo en cuenta a las mujeres y niñas, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad y personas pertenecientes a grupos migrantes, afrodescendientes y de pueblos indígenas.
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Desde el programa “Win-Win: La igualdad de género es un buen negocio”, se realizó un ciclo de webinars para conversar temáticas de interés y preocupación para el sector empresarial durante esta pandemia. A raíz de este ciclo, ONU Mujeres en Chile realizó un documento titulado “Iniciativas y acciones abordadas en el Ciclo de Webinars: El rol clave de las empresas para enfrentar la crisis sanitaria de la COVID-19 y sus efectos económicos, sociales y laborales con enfoque de género”, el cual incluye recomendaciones generales y específicas, junto con ejemplo prácticos para promover la igualdad de género en tiempos de pandemia y evitar retroceder en los avances logrados.
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El informe “COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en Argentina”, elaborado por especialistas de la OIT, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas , aborda la situación de las trabajadoras de la salud en Argentina en el contexto particular de la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19.
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Los Programas de Transferencias Monetarias (PTM), ampliamente extendidos en América Latina y el Caribe como mecanismo de protección social para paliar las dificultades económicas y sociales de la población viviendo en situación de pobreza, han sido identificados como uno de los mecanismos más rápidos de respuesta ante la crisis del COVID-19.
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A partir del análisis de las elecciones parlamentarias en Colombia celebradas en 2018, el informe resalta que hay una importante participación de las mujeres como sufragantes y candidatas, pero se presenta una disminución en el número y porcentaje de mujeres elegidas como congresistas. Así, en el 2018 sólo el 19,7% de las personas elegidas en el Congreso fueron mujeres. Esto distancia a Colombia del principio constitucional de paridad y del promedio mundial de mujeres parlamentarias que corresponde al 24%, según datos oficiales de la Unión Interparlamentaria (IPU). La publicación presenta los avances y brechas persistentes entre hombres y mujeres en torno a la plena participación política en Colombia, con base a los resultados de los comicios de 2018. En ese sentido, da luces sobre los logros y también recomendaciones para asumir los desafíos sobre los que hace necesario actuar para alcanzar la democracia paritaria.
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La seguridad social es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en sus artículos 22 y 251, y se promueve con diferentes instrumentos jurídicos y acuerdos internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, por sus siglas en inglés.
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El “Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Antropóloga Maya K’ichee’, Doctora y Maestra en Antropología Social Irma A. Velásquez Nimatuj, ofrece una panorámica regional sobre la temática junto con casos de estudio y recomendaciones clave. Su elaboración se enmarca en el trabajo de colaboración entre la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), para promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.
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Con el objetivo de ilustrar las discriminaciones legislativas vigentes en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) han elaborado la publicación “Análisis de legislación discriminatoria en América Latina y Caribe en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres”.