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El presente documento identifica los principales efectos que la crisis del COVID-19 ha tenido en las mujeres, principalmente al no estar incluidas de forma equitativa en el sector financiero. Recoge las dimensiones que permitirán desarrollar procesos de inclusión y salud financiera para las mujeres, así como las acciones que se dieron en la región para amortiguar el impacto de la pandemia en la salud financiera de las mujeres. Ofrece también recomendaciones que permitirían a los gobiernos en colaboración con las instituciones financieras y actores del sector productivo desarrollar una agenda que contribuya a cerrar la brecha de participación de las mujeres en el sistema financiero.
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El presente documento identifica las principales barreras que enfrentan las mujeres a la hora de competir en los procesos de compras públicas y recoge algunos ejemplos de buenas prácticas en la región para hacer operativa la inclusión de las mujeres en las compras y contrataciones públicas en América Latina y el Caribe. Ofrece también recomendaciones para aprovechar el poder de las compras del Estado, como oportunidad para dar respuesta a la crisis económica y social provocada por la pandemia del COVID–19 y a su especial impacto en las mujeres y abogar por una recuperación sostenible.
Fecha:
Desarrollada por ONU Mujeres, CIM y MESECVI, el documento sistematiza legislación, proyectos parlamentarios, debates y recomendaciones para el abordaje y la erradicación de la violencia contra las mujeres en política en América Latina. El mapeo incluye, a partir de entrevistas con actores estratégicos de la región, antecedentes y experiencias de los avances normativos que resultan de utilidad práctica para activistas, tomadoras/es de decisión, académicas y mujeres políticas en la construcción de democracias paritarias libres de violencia para las mujeres
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Desarrollada por ONU Mujeres, CIM y MESECVI, esta guía jurídica práctica reúne un compilado sistemático y analítico de 130 sentencias, decisiones y resoluciones de casos paradigmáticos, para que tanto la sociedad civil como la institucionalidad pública -legislativa, ejecutiva y judicial- cuenten con herramientas para la aplicación transversal de los estándares internacionales de derechos humanos, relativos a casos de violencia contra las mujeres por razón de género. Se incluye la violencia hacia las mujeres en política.