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El presente documento identifica los principales efectos que la crisis del COVID-19 ha tenido en las mujeres, principalmente al no estar incluidas de forma equitativa en el sector financiero. Recoge las dimensiones que permitirán desarrollar procesos de inclusión y salud financiera para las mujeres, así como las acciones que se dieron en la región para amortiguar el impacto de la pandemia en la salud financiera de las mujeres. Ofrece también recomendaciones que permitirían a los gobiernos en colaboración con las instituciones financieras y actores del sector productivo desarrollar una agenda que contribuya a cerrar la brecha de participación de las mujeres en el sistema financiero.
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La evaluación del portafolio de país de ONU Mujeres Bolivia proporciona una evaluación sistemática de la contribución normativa, programática y de coordinación a los resultados de desarrollo relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel de país durante el período 2018-2022.
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Este informe preliminar resume el estudio cualitativo más extenso realizado hasta el momento en América Latina y el Caribe. Indaga en 15 casos, con entrevistas en profundidad y semiestructuradas a mujeres con voz pública1 radicadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todas ellas han recibido fuertes ataques en línea, por su condición de mujer, a raíz de su actividad periodística y sus activismos. La selección de las entrevistadas estuvo a cargo de las organizaciones que integran la Alianza Regional.
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Esta investigación busca evidenciar la riqueza y diversidad del sector comunitario como poseedor de saberes y conocimiento territorial; pero también como un aliado relevante para la implementación y apropiación de las políticas públicas. De igual forma, se busca contribuir a un debate mejor informado empíricamente sobre los cuidados comunitarios y sus potencialidades como actor social clave para hacer avanzar la agenda de los cuidados en una región profundamente desigual.
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El objetivo de este estudio es ofrecer a los Estados una herramienta para avanzar en el cumplimiento de esa obligación, mediante la adecuación de su legislación procesal penal a los estándares internacionales y la reforma o derogación de sus componentes discriminatorios e ineficaces. Sus  destinatarios incluyen representantes de los mecanismos nacionales para la mujer y del sector de la justicia, así como de la sociedad civil, asociaciones legales, sector privado y universidades.
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Esta publicación está destinada tanto a los distintos agentes de los Estados parte de la Convención involucrados en su cumplimiento – incluyendo el poder legislativo, los mecanismos nacionales para la mujer, las agencias del sector de la justicia y el poder judicial –, como a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la lucha hacia la eliminación de la violencia contra la mujer. No incluye un análisis pormenorizado de todas las disposiciones del texto de la ley, sino que se dan claves para fortalecer el conocimiento e interpretación de sus contenidos y para impulsar su aplicación efectiva en los procesos legislativos.
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En este estudio, a partir de un análisis de la obligación de debida diligencia en relación con la adopción de medidas legislativas, se realiza un diagnóstico no exhaustivo de normas de derecho civil, derecho familiar y derecho procesal civil vigentes en distintos países de la región que afectan las garantías de igualdad y de protección de la violencia contra las mujeres. El propósito del análisis es, en primera instancia, llamar la atención sobre la necesidad de que los Estados parte revisen ampliamente la legislación vigente en materia civil y, en segunda instancia, identifiquen problemas que se derivan de la vigencia de estas normas, para plantear recomendaciones específicas dirigidas a adoptar medidas legislativas cónsonas con el marco de la Convención de Belém do Pará.
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No se trata de un directorio o una guía exhaustiva de servicios, sino de un primer ensayo orientado a mostrar los principales esfuerzos desplegados en estos países en materia de asesoría legal gratuita para mujeres víctimas de violencia, tanto por parte de instituciones oficiales como de organizaciones de la sociedad civil especializadas. Esta breve radiografía de oferta de los servicios disponibles sirve para poner en evidencia las limitaciones geográficas y de otra índole, así como los caminos que faltan por recorrer para garantizar a todas las mujeres, de cada uno de estos países, el pleno acceso a la justicia.
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Compromisos de Buenos Aires acordados en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
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Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV XV Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL
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El derecho al cuidado, entendido como el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado, forma parte de los derechos humanos ya reconocidos en los pactos y tratados internacionales de los que gozan todas las personas. El derecho al cuidado implica, además, el reconocimiento del valor del trabajo, la garantía de los derechos de las personas que brindan cuidados y la superación de los estereotipos en que se considera el cuidado una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Más allá de la diversidad de situaciones económicas y culturales y de marcos institucionales, en todos los países de la región resulta fundamental diseñar sistemas integrales de cuidados que tengan como horizonte la universalización del acceso a los servicios y de su calidad, la coordinación e intersectorialidad de las políticas, la sostenibilidad financiera y la corresponsabilidad social y de género.
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A medida que los impactos superpuestos de la pandemia de COVID-19, una emergencia climática cada vez más profunda y los conflictos geopolíticos amenazan la igualdad de género y los derechos de las mujeres, el análisis basado en nuevos datos mundiales ofrece recomendaciones específicas para que los gobiernos garanticen que sus estrategias de recuperación económica y de preparación para las emergencias sean sensibles a las cuestiones de género, integradas y resilientes.
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Este documento pretende ser una invitación al diálogo entre actores sociales y un insumo para el trabajo conjunto hacia una mejora en la situación de las personas trabajadoras domésticas en Iberoamérica y, en particular, en su acceso a la seguridad social.
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Este documento brinda un marco estadístico integral para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género (femicidio/feminicidio). Además de la definición estadística de dichos homicidios, el marco identifica una tipología de los homicidios de mujeres y niñas por razones de género (femicidio/feminicidio) y la lista de variables que pueden utilizarse para identificar y contar los diferentes tipos de dichos homicidios. La definición y la tipología propuestas se ajustan a la estructura y el marco de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS por sus siglas en inglés), y por lo tanto puede aplicarse independientemente de la legislación nacional específica para dichos delitos.
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Los programas y escuelas de Segunda Oportunidad consideran distintos niveles de abordaje, ya que se entiende que, si bien el ideal es que ningún estudiante abandone la escuela antes de graduarse, para aquellos o aquellas que se encuentran fuera del sistema, es necesario ofrecer opciones que les permitan reinsertarse y contar con oportunidades equitativas.
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Este documento es el resultado de la evaluación externa a la implementación del programa “Una Victoria Lleva a la Otra – Argentina”, iniciativa conjunta de ONU Mujeres y el Comité Olímpico Internacional (COI), que se llevó a cabo entre diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021.
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Estudio de Tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes (VCMNA) en Honduras, impulsado por la Iniciativa Spotlight (IS), una alianza global entre la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas, con el liderazgo de ONU Mujeres, con el objetivo principal de identificar las principales normas sociales que producen y reproducen la VCMNA en el territorio nacional.
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La CEDAW obliga a los Estados que la ratifican (Estados parte) a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, es decir, una igualdad tanto en las normas y leyes, como en los hechos y resultados: la igualdad en la vida real de las mujeres y las niñas. Los Estados parte han de poner todos los medios a su alcance para la consecución de tal fin.
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El presente documento identifica las principales barreras que enfrentan las mujeres a la hora de competir en los procesos de compras públicas y recoge algunos ejemplos de buenas prácticas en la región para hacer operativa la inclusión de las mujeres en las compras y contrataciones públicas en América Latina y el Caribe. Ofrece también recomendaciones para aprovechar el poder de las compras del Estado, como oportunidad para dar respuesta a la crisis económica y social provocada por la pandemia del COVID–19 y a su especial impacto en las mujeres y abogar por una recuperación sostenible.
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Este reporte da seguimiento al Tercer Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará, en el cual el CEVI precisó que la violencia contra las mujeres está presente en todos los espacios donde éstas concurren y participan, sumándose al Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer (en adelante, “Comité CEDAW”) al señalar que la violencia puede presentarse y redefinirse en entornos digitales y tecnológicos, como es el caso de las formas contemporáneas de violencia que se producen en línea y en otros entornos digitales.