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Con el foco colocado en América Latina, el índice ISOQuito, a través de la medición de la autonomía económica y física de las mujeres, así como a través de la medición de la paridad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas, colabora con esta visión de una democracia plena, orientada a asegurar, no solo los derechos individuales, sino los derechos de colectivos que han sido enormemente postergados.
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Este documento se centra en analizar las relaciones entre la economía feminista, la política pública y el trabajo de cuidados, con miras a aportar a la discusión sobre la agenda hacia un pacto de cuidados para América Latina y el Caribe. Específicamente, se analizan las relaciones entre el trabajo remunerado y no remunerado, a los efectos de capturar las brechas al interior del colectivo de mujeres respecto al acceso al mercado laboral. Para ello, se documenta la evolución de los indicadores que miden el acceso y los obstáculos de las mujeres a dicho mercado, las políticas de cuidado implementadas por los países de la región y, asimismo, la situación del trabajo doméstico remunerado en el subcontinente entre 2006 y 2020
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Infografía que recupera los principales gráficos en cuanto a las principales brechas de género en la región. Este documento fue presentado durante un evento paralelo organizado en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, realizada en Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre.
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En los últimos tiempos, desde la llamada economía feminista, se viene trabajando en lo que se ha denominado economía de los cuidados. Este concepto agrega a la preocupación por visibilizar el aporte no remunerado que las mujeres vuelcan a la reproducción del sistema económico una forma de conceptualizar los vínculos existentes entre la esfera de la producción mercantil y la de la reproducción social no mercantil.
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El presente documento identifica los principales efectos que la crisis del COVID-19 ha tenido en las mujeres, principalmente al no estar incluidas de forma equitativa en el sector financiero. Recoge las dimensiones que permitirán desarrollar procesos de inclusión y salud financiera para las mujeres, así como las acciones que se dieron en la región para amortiguar el impacto de la pandemia en la salud financiera de las mujeres. Ofrece también recomendaciones que permitirían a los gobiernos en colaboración con las instituciones financieras y actores del sector productivo desarrollar una agenda que contribuya a cerrar la brecha de participación de las mujeres en el sistema financiero.
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La evaluación del portafolio de país de ONU Mujeres Bolivia proporciona una evaluación sistemática de la contribución normativa, programática y de coordinación a los resultados de desarrollo relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel de país durante el período 2018-2022.
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Esta investigación busca evidenciar la riqueza y diversidad del sector comunitario como poseedor de saberes y conocimiento territorial; pero también como un aliado relevante para la implementación y apropiación de las políticas públicas. De igual forma, se busca contribuir a un debate mejor informado empíricamente sobre los cuidados comunitarios y sus potencialidades como actor social clave para hacer avanzar la agenda de los cuidados en una región profundamente desigual.
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Compromisos de Buenos Aires acordados en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
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Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV XV Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL
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Las desigualdades estructurales derivadas de las múltiples crisis encadenadas, exacerban las limitaciones a la autonomía de las mujeres, requieren respuestas legislativas y de políticas públicas transformadoras para transitar efectivamente hacia la sociedad del cuidado se destacaron las conclusiones en este documento. 
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El derecho al cuidado, entendido como el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado, forma parte de los derechos humanos ya reconocidos en los pactos y tratados internacionales de los que gozan todas las personas. El derecho al cuidado implica, además, el reconocimiento del valor del trabajo, la garantía de los derechos de las personas que brindan cuidados y la superación de los estereotipos en que se considera el cuidado una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Más allá de la diversidad de situaciones económicas y culturales y de marcos institucionales, en todos los países de la región resulta fundamental diseñar sistemas integrales de cuidados que tengan como horizonte la universalización del acceso a los servicios y de su calidad, la coordinación e intersectorialidad de las políticas, la sostenibilidad financiera y la corresponsabilidad social y de género.
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A medida que los impactos superpuestos de la pandemia de COVID-19, una emergencia climática cada vez más profunda y los conflictos geopolíticos amenazan la igualdad de género y los derechos de las mujeres, el análisis basado en nuevos datos mundiales ofrece recomendaciones específicas para que los gobiernos garanticen que sus estrategias de recuperación económica y de preparación para las emergencias sean sensibles a las cuestiones de género, integradas y resilientes.
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Este documento pretende ser una invitación al diálogo entre actores sociales y un insumo para el trabajo conjunto hacia una mejora en la situación de las personas trabajadoras domésticas en Iberoamérica y, en particular, en su acceso a la seguridad social.
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Este documento pretende aportar al debate identificando vías concretas para el financiamiento de los Sistemas de Cuidado. Aborda cuestiones como: qué tipo de sistemas se requiere financiar, cuáles son los aspectos relativos a la dinámica del financiamiento y qué características tienen los modelos de financiamiento de políticas de cuidados surgidos de la experiencia comparada. Asimismo, plantea una posible secuencia para establecer una estrategia que sustente su financiamiento y desarrolla una propuesta de mecanismo específico: los Fondos Solidarios de Cuidados.
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ONU Mujeres, con colaboración de PAMI, desarrolló una investigación en Argentina entre mayo y noviembre de 2021 para conocer las condiciones en las que las mujeres adultas mayores transitaron la pandemia del COVID-19 y qué estrategias individuales, familiares, institucionales y comunitarias utilizaron para cubrir sus necesidades de cuidado y apoyo.
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Los programas y escuelas de Segunda Oportunidad consideran distintos niveles de abordaje, ya que se entiende que, si bien el ideal es que ningún estudiante abandone la escuela antes de graduarse, para aquellos o aquellas que se encuentran fuera del sistema, es necesario ofrecer opciones que les permitan reinsertarse y contar con oportunidades equitativas.
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Este documento es el resultado de la evaluación externa a la implementación del programa “Una Victoria Lleva a la Otra – Argentina”, iniciativa conjunta de ONU Mujeres y el Comité Olímpico Internacional (COI), que se llevó a cabo entre diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021.
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Estudio de Tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes (VCMNA) en Honduras, impulsado por la Iniciativa Spotlight (IS), una alianza global entre la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas, con el liderazgo de ONU Mujeres, con el objetivo principal de identificar las principales normas sociales que producen y reproducen la VCMNA en el territorio nacional.
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La CEDAW obliga a los Estados que la ratifican (Estados parte) a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, es decir, una igualdad tanto en las normas y leyes, como en los hechos y resultados: la igualdad en la vida real de las mujeres y las niñas. Los Estados parte han de poner todos los medios a su alcance para la consecución de tal fin.
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El presente documento identifica las principales barreras que enfrentan las mujeres a la hora de competir en los procesos de compras públicas y recoge algunos ejemplos de buenas prácticas en la región para hacer operativa la inclusión de las mujeres en las compras y contrataciones públicas en América Latina y el Caribe. Ofrece también recomendaciones para aprovechar el poder de las compras del Estado, como oportunidad para dar respuesta a la crisis económica y social provocada por la pandemia del COVID–19 y a su especial impacto en las mujeres y abogar por una recuperación sostenible.