“La justicia que necesitamos nace de nuestras voces”: la lucha de la Alianza de Litigio Estratégico de Género en Colombia para proteger a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el conflicto armado
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Este 19 de junio, el mundo conmemora el día internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. En Colombia, donde las huellas del conflicto armado aún duelen en los cuerpos y memorias de miles de mujeres y personas LGBTIQ+, esta fecha es una oportunidad para reconocer la valentía de quienes han decidido alzar su voz y el compromiso incansable de quienes las acompañan en su camino por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Una de esas iniciativas es la Alianza de Litigio Estratégico de Género, una articulación de organizaciones feministas y de derechos humanos que, desde distintos rincones del país, ha tejido una estrategia legal y humana para acompañar a las víctimas de violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Su apuesta: hacer de la justicia transicional un espacio real de verdad, dignidad y reparación.
La Alianza está conformada por organizaciones como Caribe Afirmativo, la Corporación 8 de Marzo y la Corporación Colectiva Justicia Mujer, quienes a su vez hacen parte de Tejiendo Dignidad, una iniciativa de ONU Mujeres en alianza con la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- financiada por el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas para implementar iniciativas de litigio, acompañamiento integral y seguridad con víctimas de violencia sexual y violencia basada en género en el marco del conflicto armado y para fomentar su participación efectiva ante la JEP.
El trabajo de estas organizaciones representa un modelo de resistencia jurídica y política. “Nuestro rol no es solo el de representación legal, sino una vigilancia crítica del cumplimiento de estándares de debida diligencia”, subraya Mónica López Cárdenas, coordinadora de la línea de Paz y Justicia Transicional con las Mujeres en la Corporación Colectiva Justicia Mujer.
Un litigio que une territorios, voces y memorias
Desde su conformación, la Alianza ha demostrado que litigar juntas es también una forma de protección colectiva. Como afirma Claudia Fernanda Medina, subdirectora de la Corporación 8 de Marzo, “trabajar en red nos ha permitido lograr mayor incidencia y representación judicial de las víctimas acreditadas, garantizando además principios de celeridad y economía procesal sin sacrificar los derechos de las víctimas”. Esta articulación ha tejido una estrategia que integra el acompañamiento jurídico con el psicosocial, articulando saberes locales y experticias técnicas y consolidando herramientas como protocolos para la documentación de casos y redes de apoyo entre mujeres sobrevivientes en distintas regiones.
Riesgos y desafíos: la seguridad sigue siendo un compromiso pendiente
El derecho a participar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no puede depender de la capacidad de las víctimas para exponerse. Lo deja claro Katrim de la Hoz del Villar, subdirectora de Caribe Afirmativo: “Sin una estrategia clara y preventiva, la participación se ve limitada y, con ella, la posibilidad de verdad, justicia y reparación”.
El actual contexto de violencia, que tiene foco en algunas regiones del país, actúa como una barrera importante para el ejercicio de participación de las víctimas ante la JEP. Las condiciones de inseguridad a las que deben enfrentarse, en muchos casos como resultado de su intención de participar ante esta jurisdicción, limitan su movilidad, el acceso a información y ponen en riesgo tanto a las directas intervinientes como a sus familiares.
En este escenario, desde Caribe Afirmativo señalan cuatro líneas de acción urgentes: garantizar el anonimato efectivo de la información, estudios de riesgo con enfoque interseccional, medidas de prevención institucionales y una estrategia integral de protección que incluya garantías reales, desde lo psicosocial hasta lo físico. Todo esto, recalcan, debe tener como punto de partida la voz de las propias víctimas.
El caso que puso a prueba al sistema
Una lideresa rural acreditada en el Macrocaso 07 —quien denunció graves violencias sexuales— se convirtió en símbolo de las falencias institucionales. A pesar de su participación, solo obtuvo medidas “blandas” de protección por parte de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. “La litigiosidad necesaria para ajustar su esquema de protección demuestra que la carga de garantizar su propia seguridad sigue recayendo en las víctimas”, denuncia Mónica López Cárdenas de la Corporación Colectiva Justicia Mujer.
El caso terminó obligando a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a reconocer los riesgos diferenciados de las sobrevivientes de violencia sexual y generó un precedente clave que hoy marca el inicio de la etapa dialógica del Macrocaso 11, el primero que aborda exclusivamente la violencia sexual, de género, reproductiva y por prejuicio en el conflicto armado.
El respaldo internacional: apoyo y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual
Desde la comunidad internacional se han tejido redes de apoyo técnico, económico y diplomático fundamentales. “El acompañamiento de entidades como la Unión Europea, ONU Mujeres, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha sido clave no solo en recursos, sino en visibilización, monitoreo territorial y presión política”, explica Katrim de la Hoz del Villar, de Caribe Afirmativo. Colombia tiene la oportunidad histórica de ser ejemplo a nivel mundial en sentencias ejemplificantes, reparadoras y transformadoras que pongan en el centro a las víctimas de este flagelo.
Hacia una justicia restaurativa feminista
Hoy, la apertura del Macrocaso 11 representa una oportunidad histórica para transformar el enfoque de la justicia transicional. La Alianza insiste: “La violencia sexual no puede seguir tratándose como una afectación secundaria, sino como un crimen autónomo, sistemático y estructural”. El reto está en no sacrificar la centralidad de las víctimas ni relativizar sus experiencias.
Escuchar a las víctimas y sobrevivientes no es un acto simbólico: es un deber de país. Porque sin garantías de seguridad, no hay participación real, y sin participación, no hay justicia posible.