Las mujeres de América Latina y el Caribe hacen oír su voz rumbo a la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEA)

Lograr que las voces de la sociedad civil lleguen a los grandes espacios de decisión global nunca ha sido sencillo. Son procesos largos, altamente técnicos y muchas veces lejanos a las realidades de los territorios. Y si para la sociedad civil ya existen barreras de acceso; para las mujeres, especialmente para las rurales, indígenas y afrodescendientes, estas barreras se multiplican. Debido a desigualdades estructurales y estereotipos de género, los espacios de toma de decisión suelen estar asociados a ciertos perfiles —generalmente masculinos— como los ‘legítimos’ para participar. Esta visión limita la presencia de las mujeres y reduce la visibilidad de sus conocimientos y experiencias, relegándolas a un segundo plano en debates donde sus aportes para avanzar la acción ambiental son fundamentales.

Aun así, hay momentos en los que estas voces no solo logran abrirse paso, sino que se transforman en propuestas colectivas capaces de influir en la agenda regional y global. Ese fue el caso el pasado 28 de septiembre, cuando 21 mujeres de diferentes países de América Latina y el Caribe, representantes de diversos grupos y organizaciones, participaron en la primera Asamblea Regional del Grupo Principal de Mujeres ante el PNUMA, con el apoyo de ONU Mujeres. Este encuentro permitió generar una posición común (disponible AQUÍ), que luego se llevó a la Reunión Consultiva Regional (RCR) sobre Medio Ambiente. Allí, junto a 95 representantes de los nueve Grupos Principales y Actores Relevantes reconocidos por el PNUMA —mujeres, comunidades científicas, ONG, pueblos indígenas, juventudes, autoridades locales, personas trabajadoras y sindicalistas— las mujeres hicieron sentir su voz de manera articulada, logrando posicionar propuestas con un enfoque de igualdad de género e interseccionalidad.

El resultado fue contundente: la Declaración de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe (disponible AQUÍ), nutrida por las visiones de las mujeres, se convirtió en insumo clave para el XXIV Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y más adelante alimentará las discusiones de la UNEA 7, el máximo órgano de decisión ambiental a nivel global. Este avance marcó un antes y un después en la región, al mostrar que la participación sustantiva de las mujeres puede transformar incluso los escenarios de negociación más complejos, convirtiendo la igualdad de género en motor de cambio para la política ambiental.

Como resultado de este proceso y del trabajo y compromiso de representantes de los gobiernos de nuestra región, la Declaración Ministerial de Lima (disponible AQUÍ), destacó la importancia de reconocer las brechas e impactos diferenciados de las crisis ambientales; las contribuciones específicas que realizan las mujeres para el avance de la acción ambiental y la sostenibilidad, la importancia de la perspectiva de género en todas las dimensiones ambientales, así como en los distintos niveles de toma de decisiones; la necesidad de aumentar el financiamiento y la movilización de recursos para las mujeres; la importancia de la producción regular de estadísticas fiables, comprensibles y pertinentes que midan el progreso en materia de género y medio ambiente, desglosadas por sexo y género, en las diversas áreas ambientales; y la relevancia de la aprobación del Plan de Acción de Género en la COP30 de Cambio Climático que tendrá lugar en Belem do Pará, Brasil.

Esta experiencia también dejó aprendizajes estratégicos sobre los distintos espacios de decisión global. La UNEA establece las prioridades políticas de la agenda ambiental global y permite avanzar en grandes acuerdos multilaterales, como la resolución que reconoció el derecho a un ambiente sano o el inicio de negociaciones hacia un tratado internacional sobre plásticos. Por su parte, las Conferencias de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de las Convenciones de Rio y sus acuerdos internacionales (cambio climático, biodiversidad, desertificación) traducen esas prioridades en compromisos específicos y jurídicamente vinculantes para los Estados, con metas concretas, plazos definidos y presupuestos comprometidos. Ambos procesos son distintos, pero profundamente complementarios, y la participación de las mujeres en todos ellos resulta crucial para que los compromisos internacionales no solo sean ambiciosos, sino también inclusivos, sostenibles y enraizados en las realidades locales. Cuando las mujeres participan con voz propia en los espacios multilaterales, se generan propuestas más sólidas y resilientes. Sus saberes, su visión y su capacidad de tender puentes entre lo global y lo territorial constituyen un aporte estratégico para la gobernanza ambiental. Lo ocurrido demostró que la incidencia desde la sociedad civil no solo es posible, sino indispensable, y que hacerlo desde una perspectiva de igualdad fortalece la legitimidad y la eficacia de la acción ambiental.

La RCR fue liderada por el PNUMA, con el apoyo de UNICEF, ONU Mujeres, UNDRR, ACNUDH y la OIT.