Mujeres rurales: sujetas de derechos, liderazgos y transformación

Cada 15 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales, fecha establecida por la Naciones Unidas para visibilizar el papel esencial que desempeñan las mujeres rurales en la producción de alimentos, la conservación ambiental y los cuidados comunitarios. Este año celebramos a las mujeres que siembran, cuidan y transforman los territorios.

En 2025, esta jornada llega en un contexto marcado por crisis múltiples climática, alimentaria, económica, migratoria y de cuidados que amenazan los avances en igualdad. Según el informe del Secretario General de la ONU sobre la situación de las mujeres y las niñas rurales1, el 43% de la población mundial vive en zonas rurales y del 80% de las personas en situación de pobreza extrema viviendo en el ámbito rural, la mitad son mujeres. El informe evidencia que la desigualdad persiste: las mujeres rurales ganan solo 82 centavos por cada dólar que perciben los hombres en la agricultura, y en muchos países solo el 29% de las leyes garantiza efectivamente la igualdad de derechos sobre la tierra.

Frente a este panorama, el reconocimiento de las mujeres rurales como líderes de un cambio sistémico y protagonistas de la transformación social es un imperativo político y ético.

La Declaración Política adoptada durante el 69° periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69), dedicada a la conmemoración del 30 Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, reafirmó que la autonomía económica y la resiliencia de las mujeres rurales son esenciales para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También llamó a los Estados a eliminar las brechas digitales, de infraestructura y de protección social que afectan a las zonas rurales, e instó a presupuestar con enfoque de género rural.

“Empoderar a las mujeres rurales es cumplir con la promesa de igualdad, justicia climática y desarrollo sostenible.”

El cambio que las mujeres rurales impulsan es estructural y basado en derechos. Supone reconocerlas como sujetas políticas del cambio sistémico para que sostenga la vida y el planeta. Desde ONU Mujeres se articula con otras agencias de las Naciones Unidas, los Estados, la sociedad civil y otros actores para promover acciones articuladas en cuatro ejes clave:

1. Derecho a los recursos naturales y económicos. Promover reformas legales que aseguren la tenencia segura de la tierra, el acceso al agua, la energía y los recursos naturales y el crédito.
2. Economías del cuidado y sostenibilidad. Llevar la perspectiva de cuidados y generar iniciativas con mujeres rurales como brindar servicios de cuidados y apoyar en la generación de iniciativas de emprendimiento en cuidados. Impulsar sistemas de cuidados rurales y energía sostenible que reduzcan la sobrecarga de trabajo no remunerado como pilar del desarrollo justo y la resiliencia climática.
3. Liderazgo y participación política. Fortalecer la participación sustantiva de las mujeres rurales en los espacios de gobernanza local, regional y global. Respaldar redes y marcos nacionales que promueven la participación plena y equitativa en la toma de decisiones.
4. Datos, financiamiento y rendición de cuentas. Hay necesidad de modernizar los sistemas estadísticos: solo el 32% de las leyes de estadística nacionales incluyen la desagregación por sexo o género.

En América Latina, varios países informaron de políticas concretas para fortalecer la autonomía económica y el acceso a los recursos productivos de las mujeres rurales. En Chile, la Estrategia para la Autonomía Económica de las Mujeres (2022-2026) incluye programas específicos para mujeres rurales, migrantes e indígenas, y su Programa de Mujeres Rurales apoya a mujeres rurales con enfoque de género y desarrollo de emprendimientos y benefició a más de 3.000 campesinas y pequeñas agricultoras, el 40% de las cuales aumentaron sus ingresos y la producción creció del 33,4% al 89,6%.

Colombia implementó un programa especial de asignación de tierras para mujeres rurales y apoyo a las mujeres mariscadoras en la sostenibilidad de ecosistemas marinos. A la fecha más de 1,300 mujeres rurales y campesinas del Caribe avanzan en la Reforma Agraria con enfoque de género en el país. Como resultado inmediato de esta iniciativa, 45 mujeres campesinas, negras e indígenas del Caribe recibieron títulos de propiedad sobre más de 330 hectáreas de tierra, garantizando así su autonomía, seguridad alimentaria y dignidad.

La región también muestra avances en la resiliencia climática y la participación política de las mujeres rurales. En Guatemala, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático (2024) surge como una propuesta colaborativa y consensuada entre diversos grupos e incorpora las perspectivas de género e interseccional en políticas ambientales. Mientras en Jamaica, el foro juvenil “Rural Girls Rock” inspiró a las participantes a continuar su educación, innovar y asumir roles de liderazgo comunitario, fortaleciendo su confianza y capacidad para impulsar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

En Uruguay, la iniciativa Guardianes de la Tierra reúne a mujeres rurales que impulsan soluciones de adaptación climática desde una mirada comunitaria, fortaleciendo su liderazgo, sus capacidades técnicas y su participación en la gestión sostenible del territorio. A través de la formación en prácticas agroecológicas, conservación de suelos, uso eficiente del agua y diversificación productiva, las participantes contribuyen a la resiliencia de sus comunidades frente a los efectos del cambio climático.

Estas experiencias, articuladas con políticas públicas y el acompañamiento de instituciones como el MGAP y el PNUD, han permitido visibilizar el papel de las mujeres rurales como agentes de cambio, promover redes de intercambio de saberes y fomentar políticas basadas en evidencia. Su impacto real se refleja en comunidades más sostenibles, con mayor autonomía económica, cohesión social y capacidad de incidencia en las decisiones que afectan sus territorios.

“La voz de las mujeres rurales debe escucharse en cada decisión que afecte su tierra, su cuerpo y su futuro”

Desde los años 90, las mujeres rurales de América Latina y el Caribe han sido protagonistas de luchas por la propiedad conjunta de la tierra, el acceso a la financiación, el crédito rural y la justicia ambiental. Su lucha recorre la región con la demanda de que las mujeres rurales no sean discriminadas en el ejercicio de sus derechos, incluido el acceso a recursos básicos, como el agua potable, la producción y distribución de alimentos, para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Reafirman la urgencia de promover la soberanía alimentaria para erradicar la pobreza y el hambre, en articulación con la justicia climática, fiscal y los movimientos de mujeres y feminismos.

En 1995, durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, y dónde se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, movimientos sociales y redes de la región, como la Red de Mujeres Rurales de América Latina y del Caribe, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, la CLOC-Vía Campesina, los Movimientos sin Tierra, la Red de Educación Popular Entre Mujeres, o la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, entre otras, sumaron sus voces para incluir la diversidad de voces, demandas y propuestas de las mujeres en toda su diversidad. Hoy, esas luchas se expresan en marcos regionales como el

Decenio Interamericano por los Derechos de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales (2024-2034) impulsado por RedLAC y la OEA, entre otras iniciativas.

Estas alianzas se suman a múltiples esfuerzos de educación, organización colectiva que se traduce en demandas de políticas públicas que refuerzan una visión compartida: sin mujeres rurales no hay sostenibilidad ni justicia climática. La transformación real exige voluntad política sostenida, inversión con enfoque de género y alianzas entre Estados, sociedad civil y organismos internacionales.

ONU Mujeres, como aliada estratégica, seguirá acompañando este camino: porque sin justicia para las mujeres rurales no habrá justicia climática, ni alimentaria, ni de cuidados.