Día Internacional de las Personas con Discapacidad | A 30 años de Beijing, mujeres y niñas con discapacidad demandan igualdad, accesibilidad y justicia

Nota basada en la relatoría del Diálogo Prospectivo Intergeneracional Beijing+30 sobre mujeres y niñas con discapacidad.

3 de diciembre de 2025. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ONU Mujeres reafirma su compromiso con la igualdad sustantiva, la accesibilidad universal y los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en toda su diversidad. A tres meses de la CSW 70 centrada en el acceso a la justicia y en el marco de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, la organización hace un llamado urgente a transformar las estructuras que aún reproducen desigualdad.

Este día es una oportunidad para visibilizar las barreras sistémicas y la violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, y para exigir reformas legales y políticas que aseguren dignidad, igualdad y justicia. En la región, ellas siguen enfrentando tasas extremas de violencia, múltiples formas de discriminación, falta de apoyos y obstáculos persistentes para acceder a servicios esenciales y mecanismos de justicia.

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Un compromiso basado en derechos y una transformación que debe acelerarse

El trabajo de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe se fundamenta en un marco normativo robusto, integrado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, que constituyen la base para comprender y abordar las desigualdades históricas en la región.

Desde este enfoque, la Directora Regional de ONU Mujeres, Bibiana Aido, subraya que la igualdad sólo es posible si se reconoce la diversidad de las mujeres y las múltiples discriminaciones que enfrentan y afirma: “Sin interseccionalidad no hay igualdad sustantiva”.

La región cuenta con más de 85 millones de personas con discapacidad, en su mayoría mujeres, lo que hace indispensable colocar la discapacidad en el centro de la agenda de igualdad. Ante esto, Aido subraya: “No podemos seguir ignorando esta realidad”.

Su reflexión sobre cuidados aporta una orientación estratégica para los próximos años: “Necesitamos avanzar hacia una verdadera sociedad del cuidado, donde las personas con discapacidad tengan control sobre los apoyos que requieren y donde quienes cuidan, en su mayoría mujeres, cuenten con reconocimiento y condiciones dignas”.

ONU Mujeres impulsa iniciativas en Colombia, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Argentina que integran accesibilidad, prevención de la violencia, autonomía económica, alfabetización digital inclusiva y liderazgo político. Estas acciones buscan transformar estructuras, no solo cerrar brechas.

Una mirada global que enmarca el momento histórico: la voz de la Relatora Especial

La intervención de Heba Hagrass, relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, coloca este aniversario en perspectiva histórica. Hagrass sostiene que la igualdad de género no puede avanzar si persisten omisiones estructurales: “Treinta años después de la Plataforma de Acción de Beijing, la igualdad no puede lograrse si las mujeres y niñas con discapacidad siguen invisibles, silenciadas y excluidas”.

Tras su participación en la XVI Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL, destaca que la región cuenta con movimientos de mujeres con discapacidad fuertes y articulados, pero aún enfrentan puertas cerradas en los espacios donde se diseñan políticas. “Las mujeres con discapacidad son líderes poderosas y portadoras de conocimiento, pero siguen excluidas de los espacios donde se definen políticas de género y discapacidad”, advierte.

Para Hagrass, la verdadera transformación requiere derribar un modelo histórico asistencialista que limita la capacidad jurídica, la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres con discapacidad. Su llamado es claro: “Nada sobre las mujeres con discapacidad puede diseñarse, negociarse o implementarse sin su liderazgo”. Su mirada orienta la agenda hacia la CSW70, donde la justicia accesible implica no solo ajustes físicos, sino cambios culturales, legales y políticos profundos.

Voces de la región: un relato colectivo que revela avances y brechas

Las voces reunidas en el Diálogo Prospectivo Beijing+30 convergen en un diagnóstico común: los avances normativos de las últimas décadas no se traducen todavía en igualdad plena.

Olga Montúfar Contreras, de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad, ofrece una perspectiva histórica clave. Recuerda que, en 1995, aunque la Plataforma de Beijing reconocía la necesidad de medidas específicas, “muchas no éramos vistas como sujetas de derecho”. Su testimonio muestra cómo la exclusión simbólica y política persiste.

La periodista argentina Verónica González Bonet de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad releva una de las barreras estructurales más profundas: la ausencia de datos. “Sin datos fiables difícilmente se pueden construir políticas eficaces; en muchos temas simplemente no figuramos en las estadísticas”, explica, señalando que esta invisibilidad alimenta desigualdades en violencia, salud, educación y justicia.

Desde Women Enabled International, Maryangel García-Ramos profundiza en el impacto directo de esa falta de información: “Sin datos somos invisibles; a veces ni muertas contamos”. También denuncia que muchos mecanismos de protección acordados en lo global no se reflejan en lo local: siguen sin incluir a las mujeres con discapacidad: “Sí un refugio no es accesible, las mujeres con discapacidad vuelven con sus agresores”. A su vez enfatiza la importancia de fortalecer liderazgos de personas con discapacidad para la toma de decisión en creación de políticas y datos.

La activista argentina Gianna Mastrolinardo de la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Argentina introduce una visión intergeneracional que reconfigura la conversación sobre cuidados. Sostiene que la inclusión requiere articular agendas feministas y de discapacidad desde una mirada de justicia política: “Necesitamos conectar nuestras incidencias con los feminismos para dejar de fragmentar demandas”. Su reflexión sobre interdependencia sintetiza una propuesta transformadora: “El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidadas y el derecho al autocuidado deben reconocerse plenamente. La interdependencia es un pilar del cuidado”.

Desde Perú, María Esther Mogollón del Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad destaca que la participación requiere autoestima, accesibilidad y acompañamiento. “Tenemos que seguir alimentando más liderazgos; ONU Mujeres puede apoyar esta necesidad de crear nuevos liderazgos y fortalecer los que ya existen”. También recuerda que las mujeres con discapacidad son proveedoras de cuidados: “Necesitamos cuidados, sí, pero también damos cuidados. Eso debe estar reconocido”.

Estas voces diversas, articuladas y profundamente conectadas delinean un camino firme: igualdad, justicia, accesibilidad, datos, participación y cuidados con apoyos deben ser ejes estructurales del avance regional.

Rumbo a la CSW70: Acceso a la justicia para todas

La CSW70 representa una oportunidad histórica para promover sistemas de justicia accesibles, inclusivos y transformadores. En América Latina y el Caribe, los Estados, los movimientos feministas y las organizaciones de mujeres con discapacidad han identificado prioridades esenciales para garantizar el pleno ejercicio de derechos:

  • Reformas legales que aseguren la capacidad jurídica en igualdad de condiciones
  • Procedimientos, información, tecnologías e infraestructura accesibles
  • Rutas integradas de denuncia y servicios frente a la violencia, con ajustes razonables
  • Sistemas de cuidados que incorporen apoyos personalizados
  • Datos interseccionales y financiamiento directo para las organizaciones de mujeres con discapacidad

Hacia una agenda transformadora

ONU Mujeres reafirma que la igualdad de género solamente será posible cuando las mujeres y niñas con discapacidad participen plenamente en la vida pública, política, económica y social. Sus liderazgos, conocimientos y propuestas impulsan una agenda transformadora que fortalece la justicia, la democracia y los derechos humanos en la región.