Acceso a la justicia: un paso clave para una vida libre de violencia

^{Foto: ONU Mujeres/Celsa Calderoni} 

Denunciar una agresión, acceder a medidas de protección o iniciar un proceso de reparación son pasos que dependen, en gran medida, de cómo están diseñados los sistemas de justicia. En casos de violencia contra mujeres y niñas, el acceso oportuno a estos mecanismos determina la posibilidad de activar respuestas institucionales que prevengan daños mayores, sancionen a los responsables y garanticen la restitución de derechos.

A nivel mundial, las mujeres poseen solo el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Estas brechas jurídicas también se reflejan en el funcionamiento de los sistemas de justicia, donde los sesgos institucionales y las desigualdades estructurales influyen en quién accede a la protección del Estado y en qué condiciones.

En América Latina y el Caribe, el fortalecimiento de los sistemas de justicia ha formado parte de un proceso sostenido de reformas orientadas a ampliar la protección jurídica de mujeres y niñas frente a distintas formas de violencia. En ese marco, avanzar hacia un acceso efectivo implica no solo contar con leyes adecuadas, sino también con instituciones capaces de aplicarlas oportunamente y con perspectiva de género.

México: avances legales y acompañamiento técnico

En las últimas décadas, México ha desarrollado un entramado normativo orientado a prevenir, atender y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, que incluye la tipificación de distintas formas de violencia, la creación de mecanismos de protección y el fortalecimiento de servicios especializados para la atención de víctimas.

Desde su mandato para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres ha acompañado este proceso a través de distintos programas, incluida la Iniciativa Spotlight, implementada en el país desde 2019 en municipios de Chihuahua, Estado de México y Guerrero, en coordinación con autoridades federales, estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Este trabajo ha contribuido, entre otros resultados, al fortalecimiento del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género mediante la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de marzo de 2022.

Asimismo, en enero de 2024 se promulgaron cambios a la misma ley, así como a los códigos Civil y Penal federales, que refuerzan la protección contra la violencia vicaria. En total, se reformaron 6 leyes federales y 30 estatales. De forma paralela, se desarrolló una propuesta de modelo de tipo penal para feminicidio, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, hoy Secretaría de las Mujeres, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), adscrita a dicha Secretaría, cuyos elementos han sido retomados en iniciativas presentadas en entidades como Tamaulipas, Baja California, Estado de México y Querétaro.

De la norma a su aplicación

Uno de los ejes de este acompañamiento ha sido el análisis de los marcos normativos municipales, estatales y federales para su armonización con los estándares internacionales de derechos humanos. En este proceso participó el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., cuyo equipo jurídico, integrado por Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez, colaboró en el diseño metodológico para evaluar las legislaciones en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Ciudad Juárez, Chihuahua y Chilpancingo.

“A nosotros, como organización, nos tocó diseñar todo el marco metodológico y realizar el análisis de los actores (…) y la evaluación de la normatividad, tanto municipal como estatal y federal”, explica David Peña.

A partir de ese diagnóstico, se desarrollaron propuestas orientadas a temas como el feminicidio infantil, la desaparición de niñas y mujeres, la violencia sexual y la atención a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de incidir en disposiciones vinculadas a la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia. En el diagnóstico colaboraron más de 80 organizaciones y activistas de derechos humanos de las mujeres.

“Si solo nos hubiéramos centrado en el tema desde la lógica penal, hubiéramos impactado dos o tres legislaciones a lo largo de todo el proceso (…) el objetivo era ampliar la dimensión”, señala.

El proceso de incidencia normativa también evidenció la importancia de la articulación entre la sociedad civil, las autoridades y los organismos internacionales. “Nos ayudó mucho la presencia de organismos internacionales (…) no es lo mismo que dijeran que era un proyecto de una organización que dijeran que era parte del proyecto de Spotlight de ONU Mujeres”, añade.

Ese enfoque permitió que acuerdos políticos en torno a un solo tema generaran impactos en múltiples normas relacionadas con las obligaciones del Estado en materia de protección de derechos sobre temáticas que priorizaron las organizaciones y activistas. En la práctica, esto se traduce en mayores herramientas para activar medidas de protección, establecer responsabilidades administrativas ante omisiones institucionales o garantizar servicios especializados para la atención de víctimas.

Derechos que se ejercen

Asegurar que los derechos puedan ejercerse en condiciones de igualdad exige avanzar simultáneamente en el fortalecimiento de los marcos legales y en la capacidad institucional para aplicarlos.

Las reformas impulsadas con el acompañamiento de ONU Mujeres han contribuido a integrar criterios de derechos humanos en las legislaciones nacionales y locales, facilitando el acceso a servicios legales, sociales y administrativos para mujeres y niñas que enfrentan situaciones de violencia.

Avanzar en el acceso a la justicia implica traducir los derechos en mecanismos efectivos de protección, atención y reparación que respondan a las realidades de las mujeres y las niñas en su interacción con el sistema de justicia. Es ahí donde el llamado de este 8M a impulsar derechos, justicia y acción, por y para todas las mujeres y niñas, adquiere una dimensión concreta: la posibilidad de que las normas se conviertan en garantías exigibles y en respuestas institucionales oportunas.