CSW70: América Latina y el Caribe en la consolidación del acceso a la justicia

^{Mariela Labozzetta, Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nacion Argentina. Foto: ONU Mujeres / Demian Marchi.} 

En este contexto, el acceso a la justicia resulta fundamental para garantizar que lo que dictan las normas tenga aplicación efectiva por parte de los agentes estatales. Para ONU Mujeres, asegurar una respuesta judicial efectiva es una condición indispensable para alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar el derecho de todas las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. ¿Pero cómo se logra?

Responder a este desafío exige algo más que reformas aisladas: requiere una estrategia integral que comprometa a la institucionalidad estatal en la garantía efectiva del acceso a la justicia. Las leyes son necesarias, pero no suficientes. Sin investigación de acuerdo con estándares adecuados, sin operadores judiciales formados en perspectiva de género y sin presupuestos sostenidos, los derechos reconocidos permanecen en el papel.

Esta visión exige un enfoque de interseccionalidad que reconozca la diversidad de las mujeres —indígenas, afrodescendientes, rurales y en movilidad humana— para superar las barreras lingüísticas, geográficas y socioeconómicas que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. En este proceso, el fortalecimiento de los movimientos de mujeres es esencial. El acceso a información técnica y estratégica potencia su capacidad de incidencia local, un factor clave para movilizar respuestas estatales oportunas a través de iniciativas como la alianza ACTUEMOS (una iniciativa de ONU Mujeres y la Unión Europea).

Fortalecimiento de marcos normativos y respuestas ante la violencia digital

ONU Mujeres trabaja en el fortalecimiento de los marcos normativos como condición previa para el acceso a la justicia. Si bien todos los países cuentan con leyes contra la violencia de género y catorce de ellos con marcos de protección integral, la dinámica cambiante de la violencia exige una actualización constante.

En este marco, la adopción en diciembre de 2025 de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital, aprobada por el MESECVI con apoyo técnico de ONU Mujeres, representa un hito regional. Esta normativa dota a los sistemas de justicia de capacidades técnicas para investigar delitos digitales emergentes y construye una hoja de ruta para establecer responsabilidades para los intermediarios de internet, garantizando entornos digitales libres de violencia.

Estándares técnicos y combate a la impunidad

La lucha contra la impunidad en casos de violencia extrema es una prioridad estratégica. El Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (Femicidio/Feminicidio) constituye el estándar regional para que los sistemas de justicia apliquen la debida diligencia reforzada.

En el mismo sentido, el Modelo de Protocolo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual (2024) o las Pautas de Actuación en Casos de Criminalidad Organizada y Violencia contra las Mujeres, elaborado junto a la Red Especializada en Género de la AIAMP, proporcionan lineamientos técnicos para fortalecer la investigación y asegurar respuestas judiciales efectivas.

Recomendaciones estratégicas para la acción estatal

De cara a la CSW70, ONU Mujeres propone a los Estados de la región priorizar las siguientes líneas de acción:

• Marcos normativos: Avanzar en la armonización de las leyes nacionales con los estándares internacionales para cerrar brechas legales.
• Servicios de protección: Fortalecer la prestación de servicios de atención integral para asegurar que sean oportunos, accesibles y financieramente sostenibles.
• Formación de operadores: Promover programas de capacitación continua para el sistema de justicia y seguridad, orientados a erradicar estereotipos de género y prevenir la revictimización.
• Sistemas de información: Optimizar los registros estadísticos interoperables y desagregados para orientar políticas públicas basadas en evidencia.
• Cooperación regional: Fomentar el intercambio de buenas prácticas y la asistencia técnica mutua para fortalecer las capacidades institucionales.

Garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas es una obligación jurídica y un pilar esencial del Estado de derecho. ONU Mujeres reafirma su compromiso de acompañar a la región para asegurar que el camino hacia la justicia sea sólido, efectivo y accesible para todas.