Ariadna Beneventi: “Se necesita de una voluntad política real y mecanismos institucionales que reconozcan a las juventudes como actores estratégicos”

^{Foto: Cortesía de Ariadna Beneventi}

¿Cuáles son hoy las principales recomendaciones de las juventudes de América Latina para avanzar en los derechos y la igualdad de mujeres y niñas, en el marco del Día Internacional de las Mujeres 2026?  

Desde mi visión como activista feminista en Chile, creo firmemente que avanzar en los derechos y la igualdad de mujeres y niñas en 2026 exige prioridades específicas y potentes, en el marco del actual escenario sociopolítico tanto a nivel regional como mundial. Los países deben seguir y adoptar los acuerdos internacionales, como la Convención de Belém do Pará (para los Estados que la tengan ratificada), y avanzar en la legislación integral que prevenga, sancione y erradique la violencia de género contra mujeres y niñas en toda su diversidad.  

Así, poder garantizar un acceso efectivo a la justicia, especialmente para niñas y mujeres jóvenes que enfrentan violencia y exclusión, mediante sistemas que no revictimicen y respondan de manera oportuna y con enfoque de género. Chile hace ya casi dos años que promulgó la Ley n° 21675, que justamente busca poder garantizar un acceso a la justicia libre de revictimización y procesos burocráticos. Por otro lado, se necesita establecer un marco preventivo en las infancias desde un enfoque educativo.  

Esto se puede realizar mediante la enseñanza de educación sexual integral desde el preescolar, donde a las infancias se les enseña sobre el consentimiento, los límites y la autonomía. Si avanzamos en una educación sexual integral, aseguraremos una reducción significativa de los casos de violencia sexual, física y psicológica. Frente al actual escenario político, marcado por retrocesos importantes, las juventudes llamamos a defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas sin relativizarlos, entendiendo que la igualdad de género es esencial para la democracia y la justicia social tanto en la región como a nivel mundial.  

Pensando en la CSW70, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para acceder a la justicia y qué cambios proponen las juventudes para superarlos?  

En el marco de la CSW70, uno de los principales obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para acceder a la justicia es la persistencia de barreras sistemáticas dentro de los propios sistemas judiciales, como la revictimización, los tiempos excesivos de respuesta del poder judicial, la falta de un enfoque interseccional y la escasa capacitación en género de quienes administran justicia.  

A esto se suma la precarización del acceso a la defensa jurídica gratuita. En el caso del sistema de corporación de asistencia judicial en Chile, existe una alta rotación de practicantes (quienes muchas veces los llevan a litigar los casos) y la falta de especialización en violencia de género, lo que afecta gravemente la continuidad de los procesos y debilita las causas.  

Cuando acceder a la justicia depende de este tipo de estructuras inestables o de una supervisión insuficiente, la justicia se vuelve desigual y la desconfianza en el sistema aumenta. También persisten desigualdades territoriales (incluidas zonas periféricas y/o rurales) y socioeconómicas que afectan de manera especial a niñas, adolescentes, mujeres rurales, migrantes e indígenas, quienes muchas veces no cuentan con información clara, patrocinio jurídico adecuado ni con redes de apoyo suficientes.  

Si bien avances normativos como la Ley n° 21675 en Chile representan un paso importante hacia la igualdad de género, su impacto real depende de una implementación efectiva, con recursos suficientes y continuidad institucional, que asegure que estos compromisos trasciendan gobiernos y coyunturas políticas. Asimismo, es fundamental incluir a las juventudes feministas en el diseño y la evaluación de políticas públicas de acceso a la justicia, para que las soluciones respondan a las brechas reales que hemos vivido durante décadas.  

¿Cómo pueden las juventudes contribuir a prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en América Latina desde sus comunidades y movimientos?  

El rol de las juventudes es crítico para prevenir y eliminar la violencia de género. Históricamente, las juventudes han sido movilizadoras de grandes cambios a nivel sistémico y miembros activos de organizaciones y movimientos de apoyo territorial.  

Desde este trabajo territorial sostenido, como talleres en instituciones educativas, consultas ciudadanas, mesas de trabajo, entre otros (como los realizados en la ONG Intransigentes, organización que fundé en 2022), podemos avanzar hacia comunidades más informadas, con herramientas que les permitirán identificar tempranamente situaciones de violencia, promover relaciones basadas en el respeto y el consentimiento, y activar redes de apoyo y prevención desde la propia comunidad.  

Entendiendo que la erradicación de la violencia de género no se construye solo desde las instituciones, sino también desde el trabajo cotidiano y colectivo en los territorios.  

¿Qué se necesita para que las recomendaciones de las juventudes se traduzcan en políticas públicas y acciones concretas por parte de los Estados?  

Para que las recomendaciones de las juventudes se traduzcan en políticas públicas concretas, se requieren mecanismos formales para incorporar propuestas en la agenda legislativa y ejecutiva, presupuestos estables cada año, asignados con enfoque de género y preocupados por las juventudes, y sistemas de seguimiento con indicadores claros y plazos definidos. Además, se necesita una voluntad política real y mecanismos institucionales que reconozcan a las juventudes como actores estratégicos, para que estas recomendaciones puedan formar parte de las políticas de Estado.  

Es crucial que estos establezcan espacios permanentes y vinculantes de participación juvenil, con incidencia efectiva en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, especialmente en materia de igualdad de género y de prevención de la violencia. Por ejemplo, existen mecanismos como los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes (CCNAJ) en Chile, que han contribuido a la formulación de políticas públicas como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.  

Sin embargo, al tratarse de políticas de gobierno y no de marcos legales permanentes, su continuidad y su capacidad de incidencia dependen de la voluntad política del gobierno de turno. Esto evidencia la necesidad de avanzar hacia instrumentos jurídicos y mecanismos de participación juvenil que estén consagrados por ley, cuenten con atribuciones claras y recursos propios, y garanticen que la voz de las juventudes tenga un impacto sostenido más allá de los ciclos políticos.  

Por otro lado, el debate público reciente en Chile en torno a la continuidad y financiamiento de instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) evidencia la fragilidad que pueden tener los organismos dedicados a la participación juvenil cuando no cuentan con marcos legales robustos y consensos políticos transversales que aseguren su sostenibilidad en el tiempo.  

Esto refuerza la importancia de avanzar hacia instituciones robustas, con marcos normativos claros, financiamiento estable y mecanismos de gobernanza que aseguren la continuidad y la estabilidad más allá de las coyunturas políticas.  

Desde tu experiencia como joven lideresa, ¿por qué es importante que las voces de las juventudes formen parte del Día Internacional de las Mujeres y de la CSW70?  

Es fundamental que las juventudes formen parte del Día Internacional de las Mujeres y de la CSW70 porque los espacios multilaterales suelen hablar sobre nosotras sin nosotras. Muchas de las decisiones que se toman en estos foros impactan directamente en niñas y mujeres jóvenes, pero históricamente nuestra participación ha sido limitada, simbólica o mediada por voces adultas, especialmente de hombres que jamás han sido víctimas ni testigos directos de lo que nosotras vivimos.  

La presencia y participación de las juventudes son una cuestión de legitimidad democrática. Si las políticas de igualdad pretenden ser transformadoras, deben construirse con quienes viven hoy sus tensiones más agudas. De lo contrario, se corre el riesgo de producir consensos cómodos que no alteran las estructuras que sostienen la desigualdad. Estar en la CSW70 es disputar el sentido de cómo se diseñan, implementan y evalúan los compromisos internacionales en materia de derechos de mujeres y niñas, más aún ahora que estamos en un punto álgido de retrocesos en los cinco continentes.  

¿Cómo valora el trabajo de ONU Mujeres en la región de ALC y en qué ámbitos consideras importante su labor, o en qué acciones se visibiliza su mandato?  

Valoro el trabajo de ONU Mujeres en la región de América Latina y el Caribe por su rol en la generación de marcos normativos, evidencia y estándares internacionales que han permitido avanzar en políticas de igualdad y en el reconocimiento de la violencia contra mujeres y niñas como una problemática estructural de derechos humanos. Su mandato se ha visibilizado de manera concreta en el acompañamiento técnico a los Estados, en el fortalecimiento de capacidades institucionales y en la articulación entre gobiernos, sociedad civil y movimientos feministas en contextos donde los avances enfrentan resistencias o retrocesos.  

Al mismo tiempo, considero clave que ONU Mujeres continúe profundizando su vínculo con organizaciones territoriales y juventudes, fortaleciendo espacios de participación sustantiva y apoyando procesos que traduzcan los compromisos internacionales en transformaciones reales a nivel local. En una región marcada por profundas desigualdades por las ruralidades y centralización, su rol como organismo es fundamental para sostener avances, proteger derechos y asegurar que la igualdad de género siga siendo una prioridad política.