Asistencia técnica de ONU Mujeres fortalece la respuesta de la Fiscalía General de la República en El Salvador frente a la violencia sexual

^{Autoridades y participantes durante el acto. En la imagen: Rodolfo Delgado, Fiscal General de la República; Marina de Ortega (traje naranja), Fiscal Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y Grupos Vulnerables; y Lourdes González-Prieto (traje azul), Representante de ONU Mujeres en El Salvador. Foto: ONU Mujeres/María del Mar Martín}

La asistencia técnica proporcionada por ONU Mujeres incluyó el diseño de dos herramientas clave en los procesos de investigación: el protocolo de actuación para la investigación y persecución penal de delitos por violencia sexual y el manual para la fundamentación dogmática de los delitos por violencia sexual. Estos instrumentos representan una mejora en las condiciones institucionales para responder a uno de los tipos de violencia con mayor prevalencia y gravedad contra las mujeres y las niñas.

Este avance refuerza la capacidad de la Fiscalía para investigar con mayor rigor, sustentar mejor los casos y ofrecer respuestas más consistentes en el acceso a la justicia, con enfoque en las víctimas sobrevivientes. En delitos de violencia sexual, contar con lineamientos técnicos claros incide directamente en la calidad de la prueba, la solidez de la acusación, la coordinación entre fiscales y la reducción del riesgo de revictimización a lo largo del proceso penal.

La asistencia técnica se enfocó en fortalecer capacidades institucionales concretas dentro del Ministerio Público. El proceso aportó criterios, estándares y herramientas orientadas a la práctica fiscal, con el objetivo de mejorar la actuación en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial hasta el litigio, bajo un enfoque de derechos y de debida diligencia.

^{Rodolfo Delgado, Fiscal General de la República, durante su intervención en el evento, acompañado por autoridades e invitadas/os. Foto: ONU Mujeres/María del Mar Martín}

La elaboración de los instrumentos incluyó revisión documental, análisis normativo y jurisprudencial, así como la incorporación de buenas prácticas y espacios de consulta con personal fiscal y otros actores vinculados al sistema de justicia. Este trabajo permitió ajustar los contenidos a la realidad operativa en los territorios, a los desafíos cotidianos de la investigación y a las exigencias concretas del litigio en casos de violencia sexual.

El nuevo protocolo establece una ruta de actuación con criterios comunes para orientar la investigación y la persecución penal de los delitos de violencia sexual. Con ello se busca estandarizar prácticas, elevar la calidad técnica de las diligencias y fortalecer la construcción de los casos dentro de la institución.

El manual, por su parte, profundiza la fundamentación jurídica de estos delitos y funciona como herramienta de apoyo para la argumentación fiscal. Su aporte apunta a consolidar un abordaje jurídico más sólido, facilitar la estructuración de los argumentos en juicio y reforzar la persecución penal con bases técnicas más consistentes.

^{Mesa principal del evento, con participación de la Representante de ONU Mujeres en El Salvador, Lourdes González-Prieto, junto a autoridades de la Fiscalía General de la República. Foto: ONU Mujeres/María del Mar Martín}

Este avance representa una contribución concreta al fortalecimiento institucional del acceso a la justicia en El Salvador. También evidencia el papel de la cooperación técnica especializada en la transformación de prácticas y en la instalación de capacidades sostenibles dentro del sistema de justicia. En un contexto donde la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío estructural, contar con instrumentos que mejoren la respuesta institucional resulta clave para que los derechos puedan ejercerse de forma efectiva.

La iniciativa contó con asistencia técnica de ONU Mujeres, en coordinación con instituciones estatales, lo que refuerza el trabajo interinstitucional frente a la violencia contra las mujeres. El proceso combinó conocimiento técnico, articulación institucional y enfoque de derechos, dejando una base más sólida para la investigación y el litigio de los delitos de violencia sexual en el país.

En el marco del 8 de marzo, este resultado se vincula con el énfasis internacional en derechos, justicia y acción, al apuntar a cambios institucionales orientados a mejorar la respuesta pública y el acceso efectivo a la justicia para mujeres y niñas.