CSW70: avanzando el acceso a la justicia de todas las mujeres y las niñas en un escenario global en transformación

En su intervención durante la apertura de la CSW70, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó que “seguimos viviendo en un mundo y en una cultura dominados por los hombres. La igualdad de género es, y siempre ha sido, una cuestión de poder”, y subrayó asimismo el resurgimiento de respuestas organizadas a nivel global orientadas a contrarrestar retrocesos y a fortalecer la agenda de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

En esa misma línea, la directora ejecutiva de ONU Mujeres Sima Bahus, alertó que ningún país ha alcanzado aún, la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres pues: a nivel global, las mujeres cuentan con apenas el 64% de los derechos legales de los hombres, y cerrar esta brecha podría tomar hasta 286 años al ritmo actual, enfatizando que “un sistema de justicia que falla a la mitad de la población no puede afirmar que sostiene la justicia”.

En la sesión, se evidenciaron tensiones entre posiciones y bloques regionales en cuanto a aspectos sustantivos de la agenda. En este contexto es importante señalar que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe reafirmaron su compromiso con los marcos normativos internacionales referentes a la igualdad de género y los derechos de las mujeres, reafirmando que la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas son condiciones indispensables para el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, y destacando la centralidad de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la CEDAW y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En este contexto, la Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Bibiana Aido, destacó que la región cuenta con una Agenda Regional de Género consolidada, fruto de décadas de acuerdos intergubernamentales en el marco de la Conferencia Regional sobre las Mujeres que América Latina y el Caribe, que orienta acciones concretas para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. No obstante, advirtió sobre el momento crítico que atraviesa la agenda “las mujeres y las niñas de la región nunca han estado tan cerca de la igualdad de género, y al mismo tiempo, nunca han estado tan cerca de perder lo alcanzado”. En este escenario, subrayó la relevancia del Compromiso de Tlatelolco (2025) y su Década de Acción (2025–2035) como un hito estratégico, reafirmando que avanzar hacia la igualdad requiere instituciones sólidas, con mandatos claros y capacidades fortalecidas. Se vuelve más urgente que nunca garantizar la participación plena, efectiva y sustantiva de las mujeres en la vida política y en todos los ámbitos de la sociedad.

En términos sustantivos, durante el debate general, los países de América Latina y el Caribe destacaron que “los nuevos escenarios digitales han ampliado las formas de violencia contra las mujeres y requieren respuestas integrales desde los sistemas de justicia” (Chile), en un contexto donde las transformaciones tecnológicas plantean desafíos crecientes para la garantía de derechos. Asimismo, subrayaron la importancia de asegurar la participación plena y libre de violencia en la vida política, señalando que “no puede haber democracia plena sin la participación efectiva de las mujeres en todos los niveles de toma de decisión” (México), El enfoque interseccional también ocupó un lugar central, destacándose que “el acceso a la justicia debe considerar las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres en toda su diversidad” (Colombia), “Estas vulnerabilidades se profundizan cuando se combinan con otros factores de desigualdad, como discapacidad, vivir en áreas rurales o pertenecer a pueblos indígenas, lo que limita su acceso a servicios de salud integrales, beneficios sociales y servicios públicos adecuados.” (Guatemala). “Las mujeres constituyen la mayoría de la población en las edades avanzadas, pero muchas llegan a la vejez después de trayectorias marcadas por desigualdades acumuladas, menor acceso a ingresos propios y décadas de trabajo de cuidados no remunerado.” (República Dominicana).

Los países del Caribe anglófono también tuvieron una buena participación durante la CSW70. Surinam, por ejemplo, reafirmó su compromiso para fortalecer la prevención y la respuesta frente a la violencia basada en género y erradicar los estereotipos y sesgos en las legislaciones nacionales, así como fortalecer el cumplimiento efectivo de la paridad en la participación política. Trinidad y Tobago destacó el impacto creciente de la violencia facilitada por la tecnología, incluyendo el ciberacoso y la violencia sexual en línea, enfatizando la urgencia de adaptar los sistemas de justicia a estos nuevos desafíos. En la misma línea Saint Vincent and the Grenadines destacó la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres tanto en entornos offline como online, así como de fortalecer los sistemas judiciales y avanzar en la institucionalización de presupuestos con enfoque de género para garantizar respuestas sostenibles. Saint Lucia subrayó la importancia de avanzar hacia sistemas de justicia equitativos vinculados al trabajo decente, la redistribución de los cuidados y la articulación entre justicia, empleo y protección social. Antigua and Barbuda enfatizó la relevancia de fortalecer marcos legales e institucionales, incluyendo la creación de tribunales especializados, para garantizar el acceso efectivo a la justicia en casos de violencia de género y trata de personas.

Uno de los elementos más significativos de esta sesión fue que las Conclusiones Acordadas, normalmente adoptadas por consenso, fueron en esta ocasión sometidas a votación. El texto final fue adoptado con 37 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto en contra, evidenciando tanto las dinámicas políticas actuales como el respaldo mayoritario a la agenda de igualdad de género. En este contexto, resulta especialmente relevante la posición de América Latina y el Caribe, pues todos los países de la región integrantes de la CSW (Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá y Trinidad y Tobago) se posicionaron a favor del texto, reafirmando un compromiso regional consistente con el fortalecimiento del acceso a la justicia para mujeres y niñas.

La CSW70 marcó un hito significativo al incorporar formalmente a las mujeres mayores en el centro de la agenda de igualdad de género a través de su designación como tema emergente, reconociendo la necesidad de abordar las desigualdades específicas y acumuladas que enfrentan a lo largo del ciclo de vida. Las discusiones pusieron de relieve la urgencia de eliminar las barreras estructurales que limitan su acceso a la justicia, la protección social y los servicios esenciales, en un contexto de acelerado envejecimiento de la población. En este marco, se destacó que estas desigualdades están profundamente vinculadas a trayectorias marcadas por el trabajo de cuidados no remunerado, la informalidad laboral, el limitado acceso a sistemas de pensiones y la persistencia de distintas formas de violencia, así como el edadismo y las brechas en salud y bienestar.

Las intervenciones de América Latina y el Caribe reforzaron estas preocupaciones y subrayaron la necesidad de adoptar un enfoque de ciclo de vida en las políticas públicas. En particular, República Dominicana destacó el impacto de las desigualdades acumuladas en la seguridad económica en la vejez, mientras que El Salvador enfatizó la importancia de garantizar acceso a la justicia con enfoque especializado. Asimismo, se resaltó el rol de las mujeres mayores como lideresas comunitarias y agentes clave de cohesión social, así como la necesidad de fortalecer sistemas de protección social, cuidados y generación de datos que permitan diseñar respuestas más inclusivas y sostenibles.

La CSW70 incluyó también el Cuarto Diálogo Interactivo de Alto Nivel con Representantes de Juventudes sobre el tema prioritario “asegurar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas”, que contó con representantes de diferentes países, incluido Haití. En este espacio se debatió sobre obstáculos y soluciones a través de enfoques como el empoderamiento jurídico, los mecanismos de justicia tradicional, los litigios estratégicos y los procesos de justicia transicional. En su intervención, la Sra. Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó que el acceso a la justicia es fundamental para la realización de todos los derechos, ya que sin él la igualdad se debilita, y subrayó la necesidad de reformas legales con perspectiva de género, servicios centrados en sobrevivientes y mejores datos para la acción. Asimismo, advirtió sobre un contexto global de retrocesos y desigualdades, resaltando el rol clave de las juventudes y los movimientos feministas.

En la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing de 2025, el 77% de los países identificó el acceso a la justicia como una prioridad y el 90% reportó avances legislativos frente a la violencia contra mujeres y niñas. En esta línea, las conclusiones de la CSW70 impulsan reformas con perspectiva de género, protección laboral, reconocimiento de actores comunitarios y mejores sistemas de datos. El diálogo con juventudes reafirmó que el acceso a la justicia es un derecho indispensable para todas las mujeres y niñas.  

Las perspectivas de América Latina y el Caribe destacaron las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres jóvenes, especialmente migrantes y trabajadoras informales, y las barreras de acceso a la justicia vinculadas a la precariedad y el estatus migratorio. Se subrayó la necesidad de fortalecer la protección frente a la violencia, incluida la digital, así como de garantizar enfoques interculturales y la rendición de cuentas de actores tecnológicos. En línea con otras voces juveniles, se enfatizó que el acceso a la justicia es un desafío estructural y la importancia de una participación juvenil sustantiva y la protección del espacio cívico.

Como cada año, en la antesala de la CSW se llevó a cabo un diálogo estratégico entre ONU Mujeres y organizaciones feministas, de mujeres y de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, con la participación de aproximadamente 75 representantes, junto a Lopa Banerjee, Directora de la División de Sociedad Civil de ONU Mujeres, y Bibiana Aido Almagro, Directora Regional. El intercambio permitió identificar brechas estructurales en el acceso a la justicia incluyendo marcos discriminatorios, impunidad y desigualdades económicas y reafirmar la necesidad de reformas con enfoque de género, fortalecimiento institucional y financiamiento sostenido. Asimismo, se destacó el rol clave de las organizaciones feministas en la promoción de sistemas de justicia inclusivos y en la articulación de agendas comunes para avanzar en la igualdad de género.  

Desde la sociedad civil incluyendo organizaciones de mujeres y movimientos feministas, la CSW70 se consolidó como un espacio clave para replantear el acceso a la justicia desde un enfoque integral, más allá de los marcos legales y los sistemas judiciales formales. Se posicionaron demandas orientadas a visibilizar las desigualdades que afectan a mujeres afrodescendientes, rurales e indígenas, enfatizando la necesidad de respuestas institucionales inclusivas con enfoque intercultural e interseccional, así como el abordaje del racismo estructural, el sexismo y la pobreza. También se destacaron las barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a sistemas de justicia tanto estatales como propios y la urgencia de garantizar los derechos de las juventudes, promoviendo su participación efectiva y removiendo obstáculos económicos, sociales y digitales.

En este contexto, se alertó sobre el avance de agendas antiderechos y el impacto creciente de la inseguridad vinculada al crimen organizado, factores que profundizan el retroceso de los derechos de las mujeres y su falta de priorización en las agendas gubernamentales. Las representantes de las organizaciones feministas y de mujeres, incluidas las juventudes, plantearon recomendaciones orientadas a garantizar la vida y la libertad de las defensoras de derechos humanos y repensar los sistemas de justicia desde un enfoque transformador de género y llamaron a una mayor voluntad política para tener jóvenes en las mesas de discusión.  

Asimismo, desde las organizaciones feministas y de mujeres se subrayó la necesidad de fortalecer una institucionalidad de género sólida, con respaldo político y financiero sostenido, deteniendo el desmantelamiento de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres. Un aspecto crítico es la necesidad de avanzar en respuestas eficaces frente a la violencia digital, consolidada como una de las formas más extendidas de violencia contra mujeres y niñas. Atención especial mereció la agenda de las mujeres con discapacidad, subrayando la necesidad de sistemas judiciales accesibles, el fortalecimiento de respuestas frente a la violencia de género y el impulso a su liderazgo con apoyo sostenido.

Finalmente, durante el cierre de la CSW70, estuvo muy presente la defensa del multilateralismo y de la vigencia de los marcos normativos para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, reafirmando su centralidad para la garantía de derechos.

ONU Mujeres participó activamente en 12 eventos paralelos orientados a fortalecer el acceso a la justicia y promover transformaciones estructurales en la región, entre ellos: Investigating Femicide and Strengthening Access to Justice: Ten Years of Regional Standards and Lessons from Latin America and the Caribbean; Femicide and the paths to combating it, with cultural and social transformation; Civil Society Driving Access to Justice for Women and Girls: Interregional Dialogue Between Latin America and Africa; El Compromiso de Tlatelolco: igualdad sustantiva, cuidados y acceso a la justicia en América Latina y el Caribe; Regulation, Protection and Justice: Responses to gender-based digital violence against women; Strengthening Access to Justice for Women through Survivor-Centered Approaches and Social Transformation in Latin America and the Caribbean; Removing Barriers to Access to Justice with an Intercultural and Intersectional Perspective for Women, Youth and Girls in Latin America; Gender Justice: Access to Justice, Effective Institutions and Structural Transformation; Del compromiso político a la implementación de políticas públicas: Estrategias para dar vida al Pacto Birregional por los Cuidados UE–CELAC / From political commitment to public policy implementation: Strategies to bring the EU–CELAC Bi-regional Care Pact to life; Acceso a la justicia, construcción de paz y debida diligencia en casos de violencia sexual contra mujeres y personas LBTIQ+; Los mecanismos de orientación, acompañamiento y primera atención integral para mujeres mexicanas; y G77 and Emerging Partners – Ministerial Roundtable Sustainable Finance for Gender Equality.

Esta edición de la CSW70 contó con la participación de 190 Estados Miembros, representantes de más de 4.600 organizaciones de la sociedad civil y la realización de más de 255 eventos paralelos, reflejando la capacidad de distintos bloques de sostener resultados sustantivos en un escenario global complejo, donde persisten disputas sobre el alcance de los derechos y los marcos normativos. Desde la región, los países de América Latina y el Caribe participaron activamente, tanto desde las partes gubernamentales como de la sociedad civil, reafirmando la solidez de la Agenda Regional de Género y la importancia de sostener esfuerzos colectivos para avanzar en su implementación. En este marco, se renueva el llamado a fortalecer la cooperación, la unidad y el compromiso político para garantizar que la justicia y los derechos se traduzcan en cambios concretos en la vida de todas las mujeres y las niñas.