Cuando cambian las leyes, cambian las vidas: la justicia para las mujeres en la vida cotidiana

^{Una reciente reforma del Código Penal de Tailandia y un nuevo mecanismo de “retirada de contenido” prometen mejorar la protección frente a daños y abusos en línea contra mujeres y niñas en todo el país. Una persona sostiene un teléfono móvil sobre un fondo oscuro, simbolizando cómo el acoso y el abuso pueden ocurrir a través de plataformas digitales. La imagen refleja la creciente atención a las respuestas legales y judiciales frente a la violencia en línea y la necesidad de reforzar la protección en los espacios virtuales. Foto: ONU Mujeres/Ploy Phutpheng.} 

Los derechos de las mujeres no significan nada si no podemos defenderlos

A nivel global, los sistemas de justicia están bajo presión, debilitados por los conflictos, las reacciones contrarias a los derechos de las mujeres, la falta de voluntad política o de recursos. El resultado es que muchas mujeres son desestimadas, no se les cree, quedan excluidas del acceso a la asistencia legal por sus costos o son silenciadas cuando intentan alzar la voz.

ONU Mujeres trabaja en 109 países impulsando cambios en sistemas que dejan a la justicia fuera del alcance de millones de mujeres y niñas. Desde el Sudeste Asiático hasta América Latina y Europa, 2026 está mostrando cómo pueden verse, en la práctica, los derechos, la justicia y la acción.

Tailandia: el acoso sexual ahora es un delito, en línea y fuera de línea

El 30 de diciembre de 2025, Tailandia dio un paso significativo cuando entró en vigor una nueva ley que criminaliza formalmente el acoso sexual, incluso cuando ocurre en entornos digitales.

“Esta reforma es importante porque amplía la forma en que el acoso sexual es entendido en la ley, reconociendo que el daño puede infligirse no solo a través de actos físicos, sino también mediante palabras, gestos, hostigamiento y comunicaciones”, afirma Santanee Ditsayabut, fiscal pública y directora de Estrategias de Justicia en el Instituto Nitivajra, de la Oficina del Fiscal General de Tailandia.

“En el pasado, Tailandia no contaba con una disposición legal específica que definiera qué es el acoso sexual”, explica Thararat Panya, abogada de Feminist Legal Support. “Esta ley es importante porque define el acoso sexual e incluye explícitamente el acoso sexual en línea”.

La ley también reconoce patrones de comportamiento, incluidas conductas repetidas que pueden constituir “acoso sexual crónico”, y reconoce cómo el abuso se ha trasladado a los espacios digitales, donde contenidos dañinos pueden copiarse, volver a publicarse y utilizarse para continuar la violencia.

La violencia digital contra mujeres y niñas evoluciona rápidamente. Un informe de política de ONU Mujeres para Asia y el Pacífico advierte que las respuestas deben combinar marcos legales sólidos, servicios centrados en las sobrevivientes y mecanismos de rendición de cuentas para las plataformas digitales. Tailandia avanza en esa dirección: en enero de 2026 se introdujo un nuevo mecanismo acelerado de “retirada de contenido” para plataformas digitales, que permite a las sobrevivientes solicitar a los tribunales, a través de un serivicio en línea, la eliminación de contenido dañino, sin necesidad de contar con un expediente de investigación policial.

“Las sobrevivientes ahora cuentan con un proceso legal más claro para solicitar la eliminación de contenido dañino en línea”, explica Saijai Liangpunsakul, fundadora de Stop Online Harm. “Pero aún es temprano para evaluar su impacto completo. Todavía necesitamos generar mayor conciencia y garantizar que su implementación sea verdaderamente centrada en las sobrevivientes”.

^{El lanzamiento de DIME Mujer en Colombia. Foto: ONU Mujeres/Paula Orozco.}

Colombia: de los marcos legales a los derechos vividos

Al otro lado del Pacífico, Colombia cuenta una historia paralela. Un estudio legislativo emblemático de ONU Mujeres analizó 117 leyes en cuatro áreas de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe: participación política, derechos laborales, derechos sobre la tierra y el derecho a una vida libre de violencia. Los hallazgos confirman avances reales en Colombia, pero también evidencian lo que aún queda pendiente.

La igualdad formal reconocida por la ley o la Constitución no siempre se traduce en igualdad real para las mujeres y las niñas.

Disposiciones discriminatorias, vacíos legales y barreras en la implementación siguen limitando el impacto de las leyes en la vida cotidiana de las mujeres y las niñas. El estudio propone una serie de reformas: paridad de género en la representación política, ampliación de las protecciones frente al acoso en el lugar de trabajo, reconocimiento y valoración del trabajo de cuidados, y la eliminación de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la propiedad de la tierra.

Conocer los derechos es el primer paso para poder ejercerlos. Por eso, ONU Mujeres, con financiamiento del Gobierno de Suecia y contrapartes, creó DIME Mujer, una plataforma digital que traduce el lenguaje jurídico en información accesible sobre los derechos de las mujeres y sobre cómo acceder a ellos o defenderlos. Disponible en dimemujer.com, la plataforma llega a mujeres en comunidades de toda Colombia, desde Bogotá hasta la región del Chocó. También ofrece un directorio de instituciones públicas y de organizaciones de mujeres que brindan asistencia legal y otros servicios de apoyo fundamentales.

^{Durante años, las mujeres sobrevivientes de Albania enfrentaron dificultades para salir de relaciones abusivas o acceder a apoyo porque sus hijas e hijos a menudo quedaban fuera de la protección legal. Foto: ONU Mujeres/Yllka Parllaku.} 

Albania: cuando las órdenes de protección por violencia doméstica no dejan a ningún niño o niña atrás

En Albania se está cerrando una brecha diferente, pero igualmente urgente. Durante años, las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica enfrentaron dificultades para salir de relaciones abusivas o acceder a apoyo porque sus hijos e hijas a menudo quedaban fuera de las medidas de protección legal.

Entre 2023 y 2025, los tribunales emitieron medidas de protección para menores en solo el 10 % de los casos de violencia doméstica monitoreados, incluso cuando los niños y niñas vivían en hogares donde existía violencia.

“Cuando las infancias no eran incluidas en las órdenes de protección, las familias a menudo tenían dificultades para acceder a refugios, hacer cumplir las medidas de protección o recibir apoyo económico, lo que los dejaba en situación de vulnerabilidad incluso después de denunciar la violencia”, explica Nadia Guni, abogada del Center for Legal Civic Initiatives.

Melisa Kuja*, madre de tres hijos, comparte su experiencia. Tras años de soportar la violencia de su esposo, fue el miedo por sus hijos lo que finalmente la llevó a buscar ayuda. “Entendí que al guardar silencio los estaba perjudicando y poniendo en peligro”, afirma. Cuando acudió al tribunal, inicialmente solo se incluyó en la orden de protección al hijo que había sido agredido directamente y no a sus otros dos hijos que habían presenciado repetidos episodios de violencia y también estaban en riesgo.

Con el apoyo del Human Rights in Democracy Center, finalmente se incluyó a los tres hijos. “Por primera vez sentí que me escuchaban y confiaban en mí”, señaló Kuja. “Me hizo sentir realmente protegida y no sola”.

Este cambio fue impulsado por la Monitoring Network Against Gender-Based Violence, una coalición de 22 organizaciones de la sociedad civil apoyadas por ONU Mujeres en el marco del Programa Conjunto de las Naciones Unidas “Ending Violence Against Women”, financiado por el Gobierno de Suecia. Juntas impulsaron que Albania aplicara recomendaciones internacionales sobre evaluación de riesgos e inclusión de las niñas y niños como sobrevivientes de lo que especialistas denominan “violencia asistida”, el daño que sufren quienes crecen y viven expuestos a entornos violentos.

La nueva Ley de Violencia Doméstica de Albania de 2026 ahora exige que los tribunales incluyan automáticamente a las niñas y niños en las órdenes de protección cuando estén expuestos a la violencia, lo que significa que ningún menor puede quedar fuera simplemente porque no haya sido nombrado en la denuncia inicial.

Hoy, Kuja tiene empleo y está reconstruyendo su vida. “Antes, mis hijos estaban retraídos y tensos”, dice. “Hoy están más tranquilos y se sienten más seguros. Dicen que nuestro hogar ahora es un lugar de paz”.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la sobreviviente.

La justicia no se logra solo con leyes

En casi el 70 % de los países analizados, las mujeres enfrentan más barreras que los hombres para acceder a la justicia. Las leyes que existen sobre el papel deben ir acompañadas de tribunales que crean a las mujeres, asistencia legal accesible y asequible y sistemas de apoyo que les permitan recuperarse cuando sus derechos son vulnerados.

Tailandia, Colombia y Albania muestran cómo se ve este proceso cuando gobiernos, sociedad civil y comunidades deciden actuar. La justicia no ocurre por sí sola, se construye, y debe financiarse, implementarse y defenderse todos los días.

Sin justicia, los derechos son solo palabras. Con justicia, los derechos se convierten en poder.

Ese es el trabajo que realiza ONU Mujeres cada día: fortalecer los movimientos de mujeres, impulsar cambios en leyes y políticas, y asegurar servicios en los territorios para que la igualdad de derechos y oportunidades para todas las mujeres y las niñas sea una realidad.