Documento de Posición de las integrantes del Grupo Asesor de Sociedad Civil (GASC) de ONU Mujeres

En la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en el marco del 70ª periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe (GASC LAC) expresa su profunda preocupación ante el debilitamiento progresivo de la agenda de igualdad de género en múltiples países y en el propio sistema multilateral.

El 8 de marzo, no es una conmemoración simbólica; es un llamado urgente a defender y profundizar compromisos por la igualdad sustantiva que hoy enfrentan regresiones evidentes y atenta contra la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida y el planeta. Cada indicador de igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 no pueden sostenerse sin instituciones sólidas, financiamiento adecuado, voluntad política real y participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas públicas.  

Lejos de disminuir, las violaciones de los derechos de mujeres y niñas se intensifican en un contexto global marcado por la impunidad. En varios países se están revirtiendo compromisos históricos de igualdad mediante reformas legales que restringen libertades y limitan la voz pública de las mujeres. A ello se suma el aumento de la violencia digital, que avanza más rápido que su regulación, y la persistencia de la violencia sexual en contextos de conflicto, donde continúa utilizándose como forma de dominación. El incremento reciente de casos reportados confirma la urgencia de fortalecer mecanismos efectivos de protección y rendición de cuentas.

En este contexto, defender el derecho internacional y fortalecer las instituciones de las Naciones Unidas basadas en normas no es una cuestión técnica, sino un pilar político del multilateralismo, la justicia y la rendición de cuentas, en particular para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Por ello, la CSW70 debe ser un espacio para visibilizar y responder a las múltiples vulneraciones de derechos y situaciones de impunidad que enfrentan mujeres y niñas en toda su diversidad, tanto en la región como a nivel global, y para reafirmar que los derechos de las mujeres continúan siendo una prioridad para el sistema multilateral y merecen la inversión sostenida de tiempo, voluntad política y recursos.

En un escenario de crisis múltiples, recortes presupuestarios y retrocesos en la agenda de igualdad y empoderamiento de las mujeres, la Iniciativa UN80 de Naciones Unidas (UN80) no puede convertirse en un ejercicio tecnocrático que debilite mandatos fundamentales. Lo que está en juego es la arquitectura misma de la igualdad de género y de los derechos humanos, así como la capacidad del sistema multilateral para responder con coherencia, legitimidad y centralidad de derechos a las demandas históricas de los movimientos de mujeres y feministas.

Acceso a la justicia: sin rendición de cuentas no hay igualdad

El tema prioritario de la CSW70, el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas debe abordarse con profundidad estructural. No puede limitarse a reformas procesales; es una cuestión de redistribución del poder, reasignación de recursos y transformación institucional.

Las leyes, por sí solas, no garantizan justicia. Persisten normas sociales discriminatorias, como la estigmatización, la culpabilización de las víctimas y las presiones comunitarias, que silencian a sobrevivientes y obstaculizan el acceso efectivo a la justicia. A ello se suman barreras económicas, territoriales, lingüísticas, temporales y la desconfianza en las instituciones, que restringen aún más las posibilidades reales de denuncia y reparación.

Implica sistemas judiciales con perspectiva de género e interseccional y enfoque de derechos humanos; erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas en toda su diversidad; protección efectiva de defensoras de derechos humanos; reparaciones integrales y garantías de no repetición; datos desagregados y mecanismos robustos de rendición de cuentas; y revisión y derogación de leyes y políticas discriminatorias, tanto en el plano normativo como en su aplicación práctica.

A cinco años del plazo para el logro de la Agenda 2030, el incumplimiento sistemático de acciones para prevenir, atender y reparar la violencia de género y en brindar garantías para el acceso a la justicia demuestra que los compromisos internacionales no pueden seguir siendo declaraciones vacías sin consecuencias políticas.

En este 8 de marzo, el llamado es claro: terminar con la impunidad, defender el Estado de derecho y asegurar que la igualdad se traduzca tanto en la ley como en su aplicación efectiva.  

La revitalización del multilateralismo debe ser feminista o no será

La reforma del sistema multilateral debe partir de un principio innegociable: la igualdad de género y los derechos humanos son pilares estructurales, no componentes opcionales. Un multilateralismo feminista implica colocar la sostenibilidad de la vida en el centro de la gobernanza económica global; reafirmar el carácter jurídicamente vinculante de los compromisos asumidos en el marco de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la CEDAW y la Agenda 2030; garantizar la participación efectiva y segura de la sociedad civil, en particular del movimiento feminista, sin represalias; y rechazar cualquier reforma que diluya, fusione o reduzca mandatos específicos de igualdad de género bajo argumentos de eficiencia.

La iniciativa UN80 no puede justificar recortes presupuestarios, centralizaciones opacas ni debilitamiento institucional. Revitalizar no es recortar. Modernizar no es despolitizar. Reformar no puede significar retroceder.

Defender y fortalecer a ONU Mujeres es una responsabilidad política global

ONU Mujeres fue el resultado de décadas de incidencia feminista para corregir la fragmentación y debilidad histórica de la institucionalidad de género dentro del sistema de Naciones Unidas. Sostener su mandato es una cuestión de coherencia con Beijing+30, la Agenda 2030 y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en la inmensa mayoría de los Estados.

Sus mecanismos de financiamiento han sido determinantes para fortalecer el liderazgo, la participación política y la autonomía económica de mujeres históricamente excluidas, entre ellas mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y de la diversidad sexual, apoyando a sus organizaciones, promoviendo políticas públicas inclusivas y asegurando que la agenda de igualdad incorpore un enfoque interseccional y de derechos humanos.

Debilitar ONU Mujeres en un momento de regresión global enviaría un mensaje inequívoco: que la igualdad de género es prescindible. No lo es.

Sin mecanismos de género no hay democracia sustantiva

En América Latina y el Caribe, así como en otras regiones, asistimos al desmantelamiento o degradación de ministerios y mecanismos de género, la reducción de presupuestos y la persecución o criminalización de activistas feministas. Estos retrocesos vulneran obligaciones internacionales asumidas en el marco de la CEDAW, La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030.

Sus efectos impactan con mayor gravedad a quienes enfrentan desigualdades estructurales e históricas en la intersección del género con el racismo, el capacitismo, el clasismo y otras formas de exclusión. En particular, las mujeres con discapacidad en toda su diversidad enfrentan barreras agravadas y dependen en mayor medida de políticas públicas accesibles, presupuestos con enfoque de género e interseccional y sistemas de protección robustos para garantizar su autonomía, acceso a la justicia, salud, educación, empleo y participación política.

La institucionalidad de género no es burocracia: es infraestructura democrática. Su debilitamiento profundiza las brechas estructurales y refuerza las violencias y exclusiones ya existentes, incrementando el riesgo de pobreza, discriminación y negación de derechos.

No estamos pidiendo nuevos compromisos vacíos. Estamos exigiendo coherencia.

La igualdad de género no es negociable.

El mandato de ONU Mujeres no es intercambiable.

El acceso a la justicia no es accesorio.

Los mecanismos de género no son prescindibles.

Las mujeres y las niñas no son descartables. 

Integrantes del GASC regional de ONU Mujeres LAC (2023-2025)

Ruth Spencer de Antigua y Barbuda, Edurne Cárdenas de Argentina , Jimena Freitas de Bolivia (Universidad Mayor de San Andrés), Camila Maturana Kesten – Chile , Floridalma López – Guatemala , Olga Montúfar Contreras – México, Sofía Carrillo Zegarra – Perú y Terry Dale Ince – Trinidad y Tobago