Sara Edith Omi Casama: “Cuando no hay servicios de cuidado, el acceso a la justicia se convierte en un privilegio”
El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Sin embargo, para muchas mujeres en América Latina ejercerlo sigue siendo una tarea difícil. No se debe a la falta de leyes, sino a barreras cotidianas y silenciosas, entre ellas la ausencia de servicios de cuidado. Guarderías inexistentes o inaccesibles, falta de apoyo para personas mayores o con discapacidad y redes comunitarias con recursos limitados hacen que denunciar violencia o sostener un proceso judicial sea, para muchas mujeres, casi imposible.
Diversos organismos internacionales han advertido que el trabajo de cuidados no remunerado continúa recayendo de manera desproporcionada en las mujeres. Esta sobrecarga reduce su autonomía económica, limita su participación social y condiciona el ejercicio pleno de sus derechos. Según la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 708 millones de mujeres en el mundo están fuera del mercado laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas.
En Panamá, este debate sobre el cuidado ha cobrado mayor relevancia con la creación del Sistema Nacional de Cuidados mediante la Ley 431 de 2024, que lo reconoce como un derecho y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, el sector privado y la comunidad. Sin embargo, el desafío sigue siendo garantizar que estos servicios lleguen efectivamente a los territorios, especialmente en comunidades con mayores niveles de pobreza o con limitada presencia institucional.
En esos territorios, el cuidado no es una abstracción, sino una realidad cotidiana que organiza la vida de las mujeres y sostiene las comunidades. Allí, donde los servicios suelen ser escasos y las redes comunitarias cumplen un papel fundamental, las mujeres desarrollan estrategias colectivas para cuidar, trabajar y sostener sus territorios. Desde esa experiencia territorial, conversamos con Sara Edith Omi Casama, directora de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE) y lideresa territorial de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.
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Foto: Cortesía de Sara Edith Omi Casama
¿Qué diferencias observa entre los desafíos que enfrentan las mujeres urbanas, rurales o indígenas en el acceso a la justicia?
Las mujeres indígenas enfrentamos obstáculos muy distintos. Muchas vivimos lejos de juzgados o fiscalías, hay pocas opciones de transporte y escaso acceso a organizaciones que brindan acompañamiento legal o psicológico. Además, nuestras comunidades suelen presentar altos niveles de pobreza y economías de subsistencia.
En muchos casos, una mujer que vive en situación de violencia depende económicamente de su agresor. Denunciar puede significar elegir entre buscar justicia o asegurar el sustento diario de su familia.
¿El sistema judicial contempla las realidades de las mujeres cuidadoras?
No lo suficiente. El sistema judicial está diseñado con una lógica muy formalista que no reconoce las desigualdades estructurales que enfrentan muchas mujeres. Para muchas de nosotras, acceder a la justicia implica asumir una doble o triple jornada: cuidar a la familia, trabajar y, además, enfrentar un proceso judicial.
Por eso los cambios necesarios no son solo administrativos. Se requiere una transformación hacia un modelo de justicia con enfoque de género, e interseccionalidad.
Foto: Cortesía de Sara Edith Omi Casama
¿Cómo afecta la falta de servicios de cuidado la posibilidad real de denunciar violencia o iniciar procesos judiciales?
Impacta de forma directa. Cuando no existen guarderías, centros para personas mayores o apoyos comunitarios formales, las mujeres simplemente no pueden dejar solas a las personas que dependen de ellas.
En muchos casos, trasladarse largas distancias con niñas y niños implica costos adicionales, desgaste físico y riesgos. En la práctica, la ausencia de servicios de cuidado convierte el acceso a la justicia en un privilegio.
¿Qué sucede cuando una mujer no cuenta con redes familiares o comunitarias que la respalden durante un proceso legal?
La vulnerabilidad aumenta muchísimo. Puede enfrentar aislamiento, presión social, amenazas del agresor y un gran desgaste emocional.
Sin alguien que cuide a sus hijos e hijas o la acompañe a las audiencias, el proceso judicial se vuelve muy difícil de sostener. Muchas veces esto termina en que la mujer abandona la denuncia o acepta acuerdos desfavorables.
¿Cómo se relacionan la autonomía económica, los servicios de cuidado y la posibilidad de romper ciclos de violencia?
Están profundamente conectados. Sin autonomía económica, una mujer depende del agresor. Sin servicios de cuidado no puede trabajar ni sostener un proceso judicial. Cuando faltan estas dos condiciones, romper el ciclo de violencia se vuelve extremadamente difícil. La justicia efectiva requiere condiciones materiales, no solo marcos legales.
Foto: Cortesía de Sara Edith Omi Casama
¿Qué mensaje debería priorizar el debate en Panamá sobre la relación entre cuidado, igualdad y justicia?
El mensaje es claro: sin reconocer y redistribuir el cuidado, no hay igualdad real ni acceso efectivo a la justicia.
El cuidado sigue recayendo principalmente en las mujeres: en la crianza, la atención a personas mayores, el cuidado de personas con discapacidad, el trabajo doméstico, la producción agrícola y la participación comunitaria.
Si el Estado no reconoce este trabajo como un pilar económico y social, las desigualdades estructurales continuarán reproduciéndose.
La evidencia regional confirma este diagnóstico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que el cuidado es un componente central para alcanzar la igualdad sustantiva y garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Cuando las políticas públicas no abordan esta dimensión, el acceso a la justicia se convierte en un derecho formal que muchas mujeres no pueden ejercer.
En Panamá, fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados representa una oportunidad para reducir estas brechas. Ampliar la cobertura, fortalecer la presencia territorial y garantizar servicios accesibles y de calidad puede marcar una diferencia significativa en la vida de miles de mujeres.
Porque cuando el cuidado se reconoce y se comparte socialmente, la justicia se convierte en un derecho verdaderamente accesible para todas.
| Nota: Estas publicaciones buscan estimular un debate propositivo en torno a los principales temas de interés para el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe. Los conceptos expresados por las personas entrevistadas para la producción de nuestros contenidos editoriales no reflejan necesariamente la posición oficial de ONU Mujeres y agencias del Sistema de Naciones Unidas. |