ONU Mujeres impulsa el diálogo regional para fortalecer una acción climática con igualdad de género en América Latina y el Caribe

Fecha: 25 de junio de 2026

En la apertura, Bibiana Aido Almagro, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, destacó que la crisis climática constituye también una crisis de igualdad, al profundizar las desigualdades que afectan a mujeres y niñas, especialmente a aquellas que viven en contextos de pobreza, discriminación, ruralidad y exclusión. Recordó que los últimos once años han sido los más cálidos registrados y advirtió que América Latina y el Caribe enfrenta una convergencia de crisis ambientales que amenaza la biodiversidad, incrementa los conflictos socioambientales y afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Asimismo, reafirmó que no puede haber una transición ecológica justa sin igualdad de género y subrayó la importancia de fortalecer la participación de las mujeres en la gobernanza ambiental y avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras del ambiente.

Por su parte, Nidya Pesántez, Representante de ONU Mujeres en Guatemala y coordinadora del Hub Regional de Género, Ambiente y Justicia Climática, invitó a comprender la crisis ambiental desde una perspectiva integral que reconozca la interacción entre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, así como sus impactos diferenciados sobre mujeres y hombres. Destacó la importancia de fortalecer la producción de evidencia y datos para diseñar políticas públicas más eficaces y de articular el conocimiento científico con los saberes tradicionales y comunitarios para impulsar respuestas climáticas más inclusivas y efectivas.

El diálogo con las organizaciones participantes puso de manifiesto un amplio consenso: las mujeres no solo enfrentan impactos diferenciados de la crisis climática, sino que desempeñan un papel fundamental en la protección de los territorios, la conservación de la biodiversidad, la defensa del agua, la producción sostenible de alimentos y la construcción de resiliencia comunitaria. Desde distintas experiencias rurales, indígenas, afrodescendientes, amazónicas, urbanas y comunitarias, las participantes destacaron que la crisis climática profundiza desigualdades históricas y afecta especialmente a quienes enfrentan mayores barreras para acceder a recursos, financiamiento y espacios de toma de decisiones.

Las participantes coincidieron en que la participación de las mujeres debe trascender los procesos de consulta y traducirse en una incidencia efectiva en el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos y los mecanismos de gobernanza ambiental. Como advierte Juana Toledo del Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel de Guatemala "No puede haber una gobernanza climática justa si las decisiones continúan tomándose sin la participación efectiva de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades que están en la primera línea de la defensa de los territorios. Necesitamos mecanismos permanentes que garanticen que nuestras voces sean escuchadas y tengan incidencia real en los procesos internacionales de toma de decisiones." Asimismo, hicieron un llamado a reconocer los conocimientos tradicionales, comunitarios y territoriales como un componente esencial de las respuestas climáticas, en diálogo con la evidencia científica.

Otro de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer la protección integral de las mujeres defensoras del ambiente y de los territorios frente al incremento de la violencia, la criminalización y las amenazas que enfrentan en el ejercicio de su labor. Al decir de Genith Quitiaquez, miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia, No habrá justicia climática sin proteger a las mujeres que defienden los territorios. La acción climática debe integrar el cuidado, el género, la paz y los derechos colectivos. Las participantes alertaron sobre los impactos de los modelos extractivos, las debilidades institucionales y las crecientes restricciones al espacio cívico, y destacaron la importancia de avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, primer tratado regional ambiental jurídicamente vinculante de América Latina y el Caribe, cuyo fortalecimiento reciente mediante la incorporación de una perspectiva de género representa un avance significativo para la protección de las mujeres defensoras y de otras personas en situación de especial vulnerabilidad.

Asimismo, subrayaron la importancia de implementar de manera articulada los principales compromisos internacionales asumidos en Río durante la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en 1992 y que se centran en el cambio climático, la diversidad biológica y la lucha contra la desertificación, promoviendo respuestas integrales basadas en la igualdad de género y la interseccionalidad en un sentido amplio, los derechos humanos y la participación plena y efectiva de las mujeres en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas. También destacaron la necesidad de fortalecer una gobernanza climática basada en la rendición de cuentas, la debida diligencia empresarial y la protección de los derechos humanos, especialmente en territorios afectados por actividades extractivas y otros proyectos de alto impacto.

Las participantes expresaron además su preocupación por las persistentes brechas en el acceso al financiamiento climático para las mujeres y, en particular, para las organizaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes y de base comunitaria. Como señaló Terry Dale Ince, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Trinidad y Tobago: "Las organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe han sostenido durante años la defensa de los derechos, los territorios y la acción climática. Sin embargo, enfrentan cada vez menos financiamiento y menos espacios de participación, justo cuando la magnitud de la crisis climática exige fortalecer —y no reducir— su liderazgo e incidencia."  

En 2019, apenas 778 millones de dólares equivalentes a alrededor del 0,04% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) relacionada con el clima tuvieron como objetivo principal la igualdad de género1. Asimismo, solo el 0,22 % de la AOD climática llegó directamente a organizaciones de derechos de las mujeres, mientras que menos del 1 % de los fondos climáticos se canalizó directamente hacia pueblos indígenas y comunidades locales entre 2011 y 2020. Recordaron que, pese al papel central que desempeñan las mujeres en la adaptación al cambio climático y la protección de los territorios, los recursos destinados a iniciativas lideradas por mujeres continúan siendo insuficientes, lo que pone de manifiesto la necesidad de transformar la arquitectura del financiamiento climático para garantizar un acceso más equitativo a los recursos y a los espacios de decisión. En esa misma línea, Luz Haro, de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (RED LAC), enfatizó que "no será posible avanzar hacia una acción climática justa si el financiamiento continúa sin llegar directamente a las organizaciones comunitarias de base. Reconocer las realidades diferenciadas de las mujeres rurales implica también garantizar su acceso efectivo a los recursos."

Asimismo, coincidieron en que fortalecer la educación ambiental, promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, y consolidar alianzas entre organizaciones, comunidades e instituciones son condiciones fundamentales para ampliar el liderazgo y la participación efectiva de las mujeres en la acción climática y en la construcción de respuestas más justas, inclusivas y sostenibles.

El webinar concluyó con un llamado a fortalecer la articulación entre ONU Mujeres, las organizaciones de mujeres, los movimientos feministas, las organizaciones ambientales, la sociedad civil y los Estados para impulsar respuestas a la crisis climática basadas en los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia ambiental. Las participantes coincidieron en que acelerar una transición justa requiere reconocer y fortalecer el liderazgo de las mujeres en toda su diversidad, ampliar su acceso al financiamiento y garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones ambientales. En este marco, ONU Mujeres reiteró su compromiso de seguir promoviendo espacios de diálogo e intercambio, fortaleciendo la producción de conocimiento y construyendo alianzas estratégicas que contribuyan a una acción climática más inclusiva, resiliente y transformadora.