Una vida libre de violencia: aprendizajes que se convierten en nuevas respuestas

^{Conmemoración del 25 de noviembre de 2025, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco del programa CIHUATL, desarrollado con la Unión Europea y el ISDEMU. Foto: ONU Mujeres.} 

De las leyes a servicios especializados y acceso a la justicia

Uno de los aprendizajes del recorrido de ONU Mujeres en El Salvador es que la aprobación de leyes debe acompañarse de capacidades, herramientas, servicios y recursos para hacerlas efectivas. Desde la entrada en vigor de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV) en 2012 y la implementación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), ONU Mujeres ha respaldado acciones orientadas a traducir esos marcos normativos en respuestas concretas para las mujeres.

Un ejemplo temprano es el modelo UNIMUJER, impulsado desde 2012 junto con la Policía Nacional Civil y las organizaciones de mujeres. Estas unidades especializadas se concibieron como una puerta de entrada a servicios policiales de primer nivel para las mujeres que enfrentan violencia. Su desarrollo articuló a instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones de mujeres y contribuyó al fortalecimiento de protocolos, formación del personal, adecuación de espacios y procedimientos de atención. Para 2020, la Policía Nacional Civil había ampliado el modelo a 33 unidades especializadas.

En paralelo, ONU Mujeres apoyó la instalación de la jurisdicción y los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, que comenzaron a funcionar entre 2017 y 2018. También brindó asistencia técnica al sector justicia para fortalecer sus capacidades institucionales y mejorar el acceso de las mujeres a una respuesta especializada.

^{Representantes de las instituciones que integran la Mesa FANMA, durante uno de sus encuentros de coordinación interinstitucional. Foto: ONU Mujeres.} 

Spotlight: una apuesta integral y articulada

La Iniciativa Spotlight, desarrollada en El Salvador entre enero de 2019 y marzo de 2023 mediante una alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, representó una apuesta integral para reducir el feminicidio y la violencia feminicida. El programa articuló seis pilares interrelacionados: legislación y políticas; fortalecimiento institucional; prevención y normas sociales; servicios de calidad; disponibilidad de datos; y apoyo a la sociedad civil y al movimiento de mujeres.

ONU Mujeres aportó la experiencia acumulada en el abordaje de la violencia contra las mujeres y lideró los pilares vinculados con legislación y políticas y apoyo a la sociedad civil y al movimiento de mujeres. Junto con el PNUD, el UNFPA y UNICEF, trabajó con instituciones nacionales, gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil. Este enfoque permitió conectar la respuesta inmediata y la protección con soluciones a largo plazo, vinculando prevención, servicios, justicia, evidencia y transformación social.

Las organizaciones de mujeres tuvieron un papel central. Su conocimiento de las barreras que enfrentan las mujeres, su capacidad de acompañamiento y su trabajo de incidencia contribuyeron a mejorar las respuestas y a promover la rendición de cuentas. Spotlight fortaleció su participación, sus redes y sus capacidades para impulsar y monitorear leyes y políticas públicas.

Herramientas que pueden transformar la respuesta institucional

El fortalecimiento institucional no se limita a la formación del personal. También requiere procedimientos que orienten la actuación cotidiana y políticas internas que incorporen la igualdad de género en las instituciones responsables de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia. En esta trayectoria se inscribe el apoyo de ONU Mujeres a políticas de igualdad en instituciones clave del sector justicia y a herramientas especializadas, entre ellas dos instrumentos de la Fiscalía General de la República: el protocolo para la investigación del feminicidio de 2021 y el protocolo para la investigación de la violencia sexual de 2025.

Con recursos regulares, ONU Mujeres también ha acompañado a la Fiscalía General de la República para fortalecer las capacidades de más de 250 fiscales en la investigación de delitos contra las mujeres, incluidos el feminicidio y la violencia sexual, así como en el uso de evidencia científica y genética. Estas acciones buscan que los marcos legales se traduzcan en investigaciones y respuestas institucionales más consistentes.

^{Inauguración del Modelo de Atención Legal y Psicosocial para Víctimas del Delito, en Santa Ana, en junio de 2026. Foto: ONU Mujeres.} 

Evaluar para identificar desafíos y orientar nuevas respuestas

La evaluación de la implementación de la LEIV permitió identificar desafíos relacionados con la reforma normativa y de política pública. Además de formular recomendaciones, abrió el camino para actualizar la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su plan quinquenal. El aprendizaje es que las normas deben revisarse periódicamente y conectarse con planes, presupuestos, sistemas de información y mecanismos de seguimiento.

En este marco, el ISDEMU es la institución rectora de la LEIV y tiene entre sus responsabilidades asegurar, vigilar y garantizar su cumplimiento, así como coordinar las acciones de las instituciones públicas. Ese aprendizaje se proyecta en CIHUATL Mujeres, financiado por la Unión Europea e implementado por ONU Mujeres en coordinación con el ISDEMU y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO). La iniciativa retoma el trabajo sobre los marcos normativos y las capacidades institucionales, así como la sensibilización necesaria para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los servicios esenciales continúa bajo la rectoría del ISDEMU y mediante la articulación con instituciones del sector justicia —la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República—.

La prevención y la comunicación como parte de la respuesta

La experiencia también muestra que la violencia no puede abordarse únicamente cuando ya ha ocurrido. La prevención exige trabajar sobre las normas sociales que la naturalizan, promover relaciones basadas en la igualdad e involucrar a comunidades, instituciones, medios de comunicación y otros actores con capacidad de incidir en los imaginarios colectivos.

En este marco, la comunicación resulta más útil cuando está vinculada a los servicios disponibles, las rutas de atención y los procesos institucionales. Las campañas pueden ampliar el conocimiento de los derechos y contribuir al cambio cultural, pero necesitan ofrecer información práctica, evitar estereotipos y conectarse con respuestas que las mujeres puedan utilizar.

Un recorrido construido mediante alianzas

Este trabajo ha sido posible por la articulación con instituciones del Estado, organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, medios de comunicación, socios de la cooperación internacional y agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Entre los apoyos vinculados específicamente con el trabajo por una vida libre de violencia se encuentran la Unión Europea, a través de la Iniciativa Spotlight y CIHUATL Mujeres, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, que respaldó el proyecto Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público, además de los recursos regulares de ONU Mujeres.

Más que una sucesión de proyectos, este recorrido permite reconocer aprendizajes interconectados: las leyes requieren instituciones capaces de aplicarlas; los servicios necesitan coordinación y calidad; el acceso a la justicia demanda herramientas especializadas; la prevención exige transformar normas sociales; y ninguna respuesta será sostenible sin la participación activa de las mujeres y sus organizaciones.