Guatemala
Contexto
En Guatemala, las mujeres representan 51.2% de la población estimada para 2014 de 15,8 millones de habitantes. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se crearon varios mecanismos para las mujeres (DEMI y SEPREM); se promulgaron leyes (desarrollo integral de las mujeres, violencia intrafamiliar, violencia sexual, y trata y explotación, femicidio y otras formas de violencia); y se diseñaron políticas (Política Nacional para la Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres – PNPDIM). A pesar de estos avances, solamente el 2% de las alcaldías son dirigidas por mujeres; más de 4,000 niñas de 10-14 años dan a luz cada año; y 759 mujeres sufrieron una muerte violenta en 2013.
Guatemala tiene una superficie de 108,889 km2, donde 51.5% de la población vive en áreas rurales. Además, con una tasa de fertilidad de 3.6 en 2008, la tasa de crecimiento poblacional anual asciende a 2,5%, equivalente al doble de la observada en América Latina y el Caribe (1,2%). La tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos es de 44%; se estima que no se responde a las necesidades de 20.8% de las mujeres en relación a la planificación familiar, cifra que se duplica entre las mujeres indígenas.
Guatemala se caracteriza por tener una población predominantemente joven - el promedio de edad de las mujeres es de 26 años y el de los hombres 25 años (ENEI, 2013). El 54,1% de la población se encuentra en edad productiva (15 a 64 años). La tasa de fertilidad en niñas adolescentes de 13 a 19 años es de 66.7 por 1,000 nacidos vivos; uno de cada 5 nacimientos es en niñas y adolescentes; la tasa de mortalidad materna alcanza el 140 por 100 mil nacidos vivos (CEPAL) y la expectativa de vida es de 75 años para las mujeres y 68 para los hombres (INE, 2013). Se considera que Guatemala tiene una epidemia de VIH concentrada, donde las mujeres representan el 38% de todos los adultos que viven con VIH. Se espera que la prevalencia de VIH aumente a 0.89% en 2015, en su mayoría entre las niñas de 10 a 14 años de edad y adolescentes entre 15 y 24.
El país se integra por 24 grupos lingüísticos y 4 pueblos: Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo o Ladino. Según los últimos tres censos de población (1981 – 2002), la población indígena constituye 43% de la población total del país. Guatemala se ha caracterizado por una marcada exclusión histórica de los pueblos indígenas en general y de las mujeres en particular. En 2011, las tasas de analfabetismo en mujeres indígenas (48%) y hombres (25%) en relación a mujeres no indígenas (19%) y hombres (11%) muestran altos niveles de exclusión social. El acceso a los servicios y recursos financieros formales, los servicios de salud y educación aún son limitados. Las desigualdades territoriales, étnicas y de género interrelacionadas intensifican las limitaciones de las mujeres para lograr una participación plena en el desarrollo. La exclusión y el racismo han generado diversas formas de violencia y discriminación estructural, legal e institucional, que se profundizan en el caso de las mujeres indígenas, particularmente en aquellas que viven en las zonas rurales. Aunado a esto, se observa que la institucionalidad estatal a cargo del desarrollo sostenible y el crecimiento económico inclusivo es débil.
Según el Banco Mundial, en 2013 Guatemala se encontraba dentro del grupo de países de ingreso medio bajo, con un producto interno bruto (PIB) nominal de USD53.796 millones y un ingreso nacional per cápita de USD2.341 (precios constantes de 2005). Históricamente, el crecimiento del PIB real del país ha sido modesto – 3.5% - con una elevada y persistente “desigualdad extrema” de ingresos (índice de Gini de 0,57) durante las últimas dos décadas. A pesar de los esfuerzos de políticas públicas, Guatemala continúa siendo uno de los países con mayor incidencia de pobreza en América Latina y el Caribe y en relación con países con un nivel similar de ingreso per cápita: 53.7% de pobreza y 13.3% en pobreza extrema (ENCOVI 2011). De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Guatemala se encuentra dentro del grupo de países con desarrollo humano medio, con una puntuación de 0,628 en 2013 (0,596 para las mujeres y 0,655 para los hombres), ubicándose en la posición 125 de un total de 187 países. Por su parte, el índice de desigualdad de género para el mismo año se situó en 0,523. De acuerdo a la encuesta nacional de salud materno infantil (ENSMI 2008/2009), la desnutrición crónica alcanzó a 52% de los niños y niñas menores de cinco años, afectando principalmente a aquellos que viven en áreas rurales (58,6%) y a la población indígena (65,9%).
La población guatemalteca de más de 15 años de edad tiene un promedio de escolaridad de 6.5 años (INE 2011). En el área metropolitana, el promedio educativo es de 8 años, en contraste con el área rural que cuenta únicamente con un promedio de 4 años de escolaridad; las mujeres indígenas cuentan únicamente con 3 años, las mujeres no indígenas con 5.3 años; en comparación con los hombres indígenas y no indígenas con 4.2 y 5.9, respectivamente. El país ha avanzado significativamente en el índice de paridad entre los géneros en las tasas de matriculación en todos los niveles educativos: primaria 0.93, secundario 0.86, y terciario 0.99 (MINEDUC 2013), pero la calidad y las coberturas son un reto para el país especialmente para las mujeres indígenas y en la educación secundaria. La educación universitaria es el nivel más restringido, abarcando únicamente 12% de la población, aunque hoy día se gradúan más mujeres que hombres en la universidad, especialmente en las carreras humanísticas donde sus estudiantes son en un 70% mujeres (SEPREM 2013), con una marcada feminización de estas carreras.
Guatemala es un país altamente vulnerable a los desastres naturales, con impactos sociales negativos, especialmente en la agricultura, vivienda, infraestructura de carreteras y puentes, así como en la economía y el medio ambiente. El país está clasificado como uno de los cinco países de mayor riesgo en el mundo, en términos de la vulnerabilidad de su PIB a los desastres naturales, donde el 83.3% del PIB se genera en áreas de riesgo (CEPAL, 2011). Algunos estudios han demostrado que las pérdidas generadas por los desastres naturales afectan directamente a las personas más vulnerables, es decir, personas de la tercera edad, mujeres – especialmente mujeres indígenas- y niños y niñas, particularmente quienes viven en áreas rurales pobres.
Luego de un conflicto armado interno de 36 años, con la firma de la Paz en 1996 se abre una nueva etapa en la vida política del país con los Acuerdos de Paz como un referente de agenda para la construcción de un país más incluyente. Durante el proceso de negociación, de los 22 negociadores, dos eran mujeres; una de las cuales fue signataria de los Acuerdos de Paz (de 11 signatarios en total). Es el primer acuerdo de paz que aborda la violencia contra las mujeres en América Latina y crea mecanismos específicos para las mujeres indígenas (DEMI) y la institucionalidad para la paz.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) encontró que la violencia sexual se extendió durante más de tres décadas de conflicto. La CEH reconoce un sub-registro de la violencia sexual y reporta que corresponde a 2.38 % de las 42,275 violaciones de los derechos humanos registradas. Solo 285 de los 1,465 casos denunciados en ese momento pudieron ser documentados por la Comisión. La demanda de las mujeres de justicia transformadora plasmada en la Declaración de Huehuetenango del 2008, culminó en el Primer Tribunal Internacional de Conciencia sobre la Violencia Sexual contra las Mujeres en Guatemala en 2011. Este sancionó la falta de diligencia para investigar y perseguir los delitos sexuales y la ausencia de políticas preventivas como un mensaje de permisividad e impunidad. En 2014, el caso de esclavitud sexual en Sepur Zarco ha llegado a su fase de judicialización a través de cortes nacionales, un hito en la historia mundial.
No obstante los avances documentados en su implementación, muchos de los compromisos suscritos siguen pendientes y su vigencia como pacto social continúa siendo débil. En la Guatemala de hoy día persisten altos niveles de conflictividad social, derivados de las exclusiones históricas, de una débil presencia y respuesta del estado, de la falta de certeza jurídica sobre la propiedad y tenencia de la tierra, la polarización ideológica como resabio del conflicto armado y en algunos casos, la divergencia sobre el modelo de desarrollo como en el caso de la extracción de los recursos naturales. Con relación a la conflictividad social, el Relator Especial de Pueblos Indígenas, James Amaya, concluyó que en el país se irrespetan los derechos colectivos de los pueblos indígenas al no consultárseles sobre los procesos de exploración y explotación minera.
La violencia contra las mujeres se ha manifestado como un continuo en la historia de Guatemala y la violencia de género ha sido perpetuada como una herramienta de subordinación y control de la vida y cuerpo de las mujeres, sustentada por una cultura patriarcal y conservadora y un sistema frágil de seguridad y respuestas judiciales que genera impunidad.
Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de muertes violentas de mujeres (9,7 de cada 100.000 personas) Según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en el año 2013 perdieron la vida violentamente 748 mujeres, un aumento de 10% en relación a 2012, , lo cual representa un incremento del 11%, para un promedio de 2 muertes por día; mientras que los casos de muertes violentas de hombres a pesar que son 10 veces superiores, han tenido una notable reducción. A partir de la entrada en vigencia de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer en el año 2008, el número de denuncias penales ha incrementado. En el 2012 el Ministerio Público-(MP) informó que el delito de violencia contra la mujer fue el delito más denunciado, con un total de 51,790 denuncias (14.5%) y de 56,000 en 2013. De las denuncias registradas en violencia contra la mujer en el año 2012, solamente 2,260 denuncias (6.4%) llegaron a acusación; y el Organismo Judicial (OJ) dictó 473 sentencias de casos de violencia contra la mujer. La tasa de impunidad en general ha disminuido lentamente; sin embargo, en los casos de femicidio persiste; y se estima en un 98%. En términos de prevalencia, la violencia de pareja o ex pareja, incluida la violencia sexual, es la experiencia que más afecta y se ensaña contra las mujeres a lo largo del curso de vida, y especialmente contra las más jóvenes.
El sistema de justicia ha hecho esfuerzos para atender la violencia contra las mujeres y frenar el alto nivel de impunidad relacionada, a través de la instalación de unidades especializadas de atención victimológica, de investigación y persecución penal, y órganos jurisprudenciales. De enero a junio del 2013, 38 femicidios fueron reportados y 19 sentencias firmes fueron emitidas por las cortes especializadas. De los 95 casos que ingresaron a las cortes ordinarias, 5 sentencias firmes fueron emitidas, con un total de 21 sentencias condenatorias. El Organismo Judicial aún tiene mucho por hacer ya que los tribunales ordinarios no abordan los casos de violencia contra las mujeres, y los tribunales especializados tienen una cobertura limitada.El mercado de trabajo se caracteriza por las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. De acuerdo a la ENEI 2013, el 64% de la población en edad de trabajar es población económicamente activa (PEA), con una participación de los hombres de 83%, en contraste con una participación del 40% de las mujeres. Las mujeres se encuentran trabajando principalmente en comercio (39%), en actividades informales donde no cuentan con seguro social. Aproximadamente 7.2% de la fuerza laboral de mujeres (169,000) trabajan como empleadas domésticas y no cuentan con leyes adecuadas, lo cual facilita que perciban salarios por debajo del salario mínimo y no sean inscritas en el seguro social; y donde más de 80% son mujeres indígenas. Las mujeres indican que trabajan menos en la agricultura (10.2%) mientras que los hombres se encuentran trabajando principalmente en la agricultura (43%), y en menor medida en el comercio (22,9%). El salario de las mujeres representa el 78% del salario promedio de los hombres (ENEI, 2014), donde se observan brechas aún mayores en las áreas urbanas y rurales, y entre las mujeres indígenas. En algunas regiones, el trabajo de las mujeres, en su mayoría indígenas, en actividades agrícolas no es remunerado, ya que se considera parte del ingreso de los hombres. Las mujeres dedican en promedio 6,1 horas al día al trabajo no remunerado que aporta al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, y 7,5 horas al día al trabajo remunerado; en contraste, los hombres dedican 2,6 horas al día al trabajo no remunerado y 8,6 horas al día al trabajo remunerado, lo que representa una mayor carga y sobrecarga de trabajo para las mujeres (ENCOVI, 2011). El desempleo para las mujeres es 4,6% y para los hombres 2,4%.
Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil-ENSMI (2008-2009), las mujeres reportan haber sido víctimas de violencia en los últimos doce meses, en las siguientes manifestaciones: Verbal: 21.6%; Física: 7.8%; Sexual: 4.8%; al menos uno de cada tres tipos: 23.4%. A nivel nacional, el INACIF realizó un total de 23,101 evaluaciones de casos de delitos sexuales en el período de 2009 al 2013 (90% mujeres). Por su parte, la Policía Nacional Civil-PNC atendió en el año 2013 un total de 11,720 casos de violencia contra la mujer y 4,702 casos de violencia intrafamiliar. Un total de 20,397 mujeres sobrevivientes de violencia han sido atendidas en los cinco Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia-CAIMUS, en el periodo 2008-2012.
La ENSMI (2008-2009), preguntó a hombres sobre si su esposa o compañera necesita pedir permiso para realizar ciertas actividades con estrechos vínculos con aspectos claves de las autonomías de las mujeres. En total, el 81.6% indicó que requiere pedir permiso para que pueda salir de su casa, el 58.9% para usar métodos de planificación familiar; 67.0% para administrar el dinero de la casa, y un 77.8% para realizar otras actividades (tales como trabajar o estudiar fuera de la casa). Las respuestas fueron más frecuentes en residentes de áreas rurales (33.5%), en el noroccidente (49.1%); en hombres indígenas (36.2%); con niveles menores de educación (39.4%) y en el quintil económico más bajo (44.3%). No obstante, la respuesta positiva del 10% de los hombres en el quintil más alto también debe ser una causa de preocupación. Adicionalmente, 82.7% de los hombres respondió que los problemas familiares deben ser conversados solamente con personas de la familia y un 49.2% creía que el hombre tiene que mostrar que él es quien manda en su casa. Estas limitaciones afectan el acceso de las mujeres al cuidado de la salud y mortalidad materna, morbilidad y mortalidad infantil, desnutrición; así como el contacto con la familia y su autonomía económica.
Las niñas y niños también son víctimas de la violencia. De acuerdo al Ministerio Público (MP) el delito de mayor incidencia contra la niñez y adolescencia es el "maltrato contra personas menores de edad". El país tiene una de las tasas más altas de embarazos en niñas y adolescentes en la región centroamericana y de América Latina. Las tendencias de embarazos en niñas de 10 a 14 años, que son producto de violencia sexual, son las siguientes: 1,634 (2010); 1,076 (2011); 3,644 (2012) y 2,906 (de enero a junio de 2013).. El incesto ha sido una práctica invisibilizada pero presente en la cultura patriarcal guatemalteca. El embarazo en niñas y adolescentes ha sido visibilizado considerablemente en los últimos años, con el liderazgo del gobierno y la participación de la sociedad civil.
En el marco de la administración del Presidente Otto Pérez Molina, se continúa priorizando acciones vinculadas a la paz, la seguridad, la justicia, al empoderamiento económico y a la erradicación de la pobreza. El gobierno ha realizado el lanzamiento público de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (2014-2034). Esta política incluye un eje de prevención de la violencia contra la mujer. El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ) ofrecen darle continuidad a los procesos de incorporación de una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres en el organismo, tanto a través de su política de género, como del fortalecimiento de las judicaturas especializadas en femicidio. ONU Mujeres ha apoyado la formulación de una estrategia conjunta MP-OJ para la ampliación del acceso de las mujeres a la justicia (2014).
En cuanto a la participación política, para las elecciones del 2011, 7 millones 340 mil 841 personas estaban empadronadas, de las cuales 51% correspondía a mujeres, mostrando un incremento respecto al 46.9% de mujeres registrado en el 2007. Como resultado, las mujeres constituyeron el 69.3% de los votantes. El salto más significativo en la participación de las mujeres en las elecciones 2011 fue la inclusión de 6 mujeres candidatas en los 11 binomios presidenciables, tres como candidatas a presidente y tres como candidatas a vice presidenteincluidas dos mujeres indígenas. Por primera vez en la historia política de Guatemala, se eligió a una mujer como Vicepresidenta. A la fecha ninguna mujer ha ocupado la presidencia del Organismo Ejecutivo, lo que sí ha sucedido en los Organismos Legislativo y Judicial.
Los resultados de las elecciones del 2011 registraron que únicamente 18 mujeres (14.1%) fueron electas como diputadas al Congreso (de 158 curules). El número de diputados y diputadas indígenas fue de 22, de los cuales las mujeres indígenas eran únicamente tres (1.9%). Estas cifras confirman las asimetrías y brechas de género y etnia que caracterizan al Congreso de la República, constituyendo un signo de la exclusión y el racismo que caracterizan tanto a la sociedad guatemalteca como al sistema político. En relación a la representación de mujeres en los gobiernos locales, en las elecciones de 2011 únicamente 7 mujeres fueron electas como alcaldesas (de un total de 333 municipios). Un resultado más optimista lo constituyó el que seis de las 20 representaciones guatemaltecas para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), fueron ganadas por mujeres, lo que equivale a un 30%. Una de ellas fue electa en el 2014 como la presidenta del PARLACEN, fruto entre otras cosas de la cohesión y trabajo del bloque de mujeres en ese Parlamento. Guatemala no ha promulgado ni leyes ni medidas afirmativas para la participación política de las mujeres. La Corte de Constitucionalidad emitió un dictamen favorable a las reformas a la Ley Electoral y de partidos políticos, iniciativa que se encuentra en el Congreso pendiente de su aprobación final.
En cuanto a la participación política de mujeres en el ámbito local, el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo es el medio principal para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Según las cifras oficiales, para el año 2009, 190 mujeres participaban en los CODEDES (53 de ellas indígenas) junto a 881 hombres. La participación de las mujeres se da todavía en los puestos de menor toma de decisiones. En el Ejecutivo, las mujeres estuvieron al frente de únicamente 3 de los 14 ministerios existentes en el 2012 (21.4%). En el Organismo Judicial, para el año 2013, según datos del CENADOJ, se registraron 36.4% de mujeres. En la Corte Suprema de Justicia, en el período 2009-2014 solamente hubo una magistrada mujer en las 13 magistraturas, y presidió este Organismo durante el período 2011-2012. En el 2014 esta magistrada fue designada para el cargo de Fiscal General del Ministerio Público, en sustitución de su antecesora. Adicionalmente, la Defensa Pública Penal estaba dirigida por una mujer. En el nuevo Tribunal Supremo Electoral, electo en 2014, se registra una baja en la participación de las mujeres, dado que en la nueva elección para integrar el pleno de magistrados (5), únicamente se eligió a una mujer. La anterior magistratura contó con tres mujeres y fue presidida por una de ellas.A nivel de la institucionalidad, se requiere fortalecer los principales mecanismos para las mujeres, especialmente en la implementación de su mandato, coordinación de las entidades públicas y monitoreo de las políticas nacionales. La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), como entidad asesora y coordinadora de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas. La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) para promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas. Otras instituciones, como la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos; las Unidades de Género en cada uno de los ministerios; y el Gabinete Específico de la Mujer (GEM) liderado por la Vicepresidenta, con 17 instituciones miembras. Se brindará especial atención a las Oficinas Municipales de la Mujer –OMM que son responsables de promover la participación de las mujeres y los planes de desarrollo para responder a las demandas de las mujeres a nivel municipal.
Las organizaciones de mujeres tienen una fuerte participación e incidencia en la formulación de políticas públicas, y el monitoreo del presupuesto nacional, así como las políticas nacionales para las mujeres. En el caso de las organizaciones de mujeres indígenas, esto incluye la Agenda Articulada de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas, que constituyó un aporte importante para fortalecer la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y otras políticas sectoriales. A nivel global, un proceso reciente e histórico, es el consenso global de las mujeres indígenas en la definición del Documento de Posicionamiento Político y Plan de Acción las Mujeres Indígenas del Mundo 2014-2015, el cual constituye una guía para la articulación de las demandas y propuestas, así como un referente para otros procesos globales, como la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014. La participación de varias mujeres y organizaciones indígenas en la preparación de Cairo+20, Beijing+20 y la Agenda de Desarrollo Post-2015, ha sido realmente significativa.
Programa Propuesto
El programa de ONU-Mujeres Guatemala está alineado con el plan estratégico global de ONU Mujeres (2014-2017) y el UNDAF 2015-2019 para Guatemala, así como al marco legal y de políticas públicas de Guatemala, especialmente la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres - PNPDIM 2008-2023 - y al Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032.
Se plantea como objetivo general el promover el empoderamiento de las mujeres para garantizar sus derechos, facilitando su participación y que se beneficien del desarrollo nacional. El programa busca fortalecer las capacidades nacionales para cumplir con las obligaciones institucionales en torno a los derechos de las mujeres, de conformidad con convenios y estándares internacionales. También apoyará la coordinación y alianzas entre las diversas organizaciones de mujeres y su diálogo con el Estado, para la adopción de leyes y la institucionalización de políticas públicas a favor del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, con especial énfasis en las mujeres indígenas y las mujeres que viven en áreas rurales, apoyando la generación de conocimiento y brindando asistencia técnica.
Para garantizar un entorno favorable para que las mujeres desarrollen plenamente su potencial, la abogacía y la movilización social contribuirán a reconocer, promover y apoyar el valioso aporte de las mujeres a la economía (trabajo remunerado y no remunerado) y en los procesos de toma de decisiones. El programa plantea aumentar el acceso de las mujeres a programas que apoyen sus iniciativas económicas, para garantizar ingresos sostenibles y elevar su calidad de vida, y participar en las decisiones que afectan sus vidas y sus comunidades. Programas integrales para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas reducen los obstáculos que las mujeres enfrentan para participar como iguales en el mercado laboral, de educación y la esfera pública. Garantizar el acceso a centros especializados para mujeres elevará la auto-estima de las mujeres y les brindará atención integral para sobrevivientes de VCM y nuevas oportunidades, incluyendo opciones económicas para manejar e invertir sus propios recursos. Jueces mejor capacitados y un sistema para fiscalizar los resultados de la implementación de los tribunales especializados aumentará el acceso de las mujeres a la justicia y reducirá la impunidad. Un enfoque integral e interacción entre la autonomía política, económica y física de las mujeres para el ejercicio de una ciudadanía efectiva asegurará la sostenibilidad de todas las acciones. Debido a la naturaleza post- conflicto del Estado de Guatemala, el empoderamiento de las mujeres contribuye a la consolidación de la paz y al respeto de los derechos humanos de las mujeres, para asegurar un avance sostenible de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Paz.
El Programa incluye cinco componentes:
El componente de Mujeres, Paz, Seguridad & Respuesta Humanitaria continuará apoyando la implementación de reformas para la igualdad de género en las instituciones de seguridad y justicia para aumentar la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión, formación en derechos de las mujeres para su personal, y promover mejores servicios para las mujeres, acorde a su naturaleza. Esto incluye al Ministerio Público, el Organismo Judicial, y la Policía Nacional Civil. También continuará fortaleciendo las capacidades para procesar los casos de mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia durante el conflicto armado en los tribunales nacionales. Adicionalmente, apoyará la implementación de un Plan de Acción Nacional, de conformidad con la Resolución 1325 y otras vinculadas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y garantizar la participación de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como la preparación y respuesta ante emergencias. Dada la naturaleza post-conflicto del Estado de Guatemala, se requiere dar seguimiento a los acuerdos de paz vinculados a las mujeres, para contribuir a la consolidación de la paz y el respeto a los derechos humanos, según lo establecido en los Acuerdos de paz. También incluye el fortalecimiento del sector de seguridad y justicia para enfrentar nuevos desafíos que afectan a las mujeres, tales como el crimen, los conflictos sociales y el crimen organizado.El componente de participación política y ciudadana de las mujeres, apoyará los esfuerzos de abogacía de la sociedad civil para promover la participación de las mujeres en dos procesos de elecciones: en el 2015 y en el 2019, para aumentar la participación de mujeres como candidatas a cargos de elección popular. También fortalecerá las capacidades del Instituto Electoral para que trabaje con las mujeres en su participación ciudadana, democrática y política a nivel nacional y municipal. Acompañará los esfuerzos del Tribunal Supremo Electoral para integrar la perspectiva de género en sus actividades planificadas, por medio de una unidad especializada. Apoyará el análisis de propuestas legislativas que eliminen obstáculos a las mujeres para ejercer su ciudadanía, fortalecer las destrezas políticas y de negociación de las mujeres líderes, especialmente el de las mujeres indígenas y jóvenes para crear una masa crítica de mujeres líderes, y generar conocimiento para visibilizar los obstáculos para la participación de las mujeres. Apoyará procesos para promover la participación de las mujeres en los procesos locales de toma de decisiones, a través del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, y las Oficinas Municipales para la Mujer – OMM para incrementar la inversión local y la implementación de proyectos para mujeres. Los aliados y socios principales son el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, la Secretaría Presidencial de la Mujer – SEPREM-, y la Defensoría de la Mujer Indígena -.
Desde el componente de empoderamiento económico se continuará apoyando el desarrollo de políticas que promuevan los derechos económicos y laborales de las mujerespara mejorar sus condiciones laborales. También acompañará esfuerzos para desarrollar programas de protección social con perspectiva de género que contribuyan al empoderamiento económico de las mujeres, así como la implementación de proyectos de desarrollo dirigidos a mujeres emprendedoras, promoviendo un enfoque holístico para fortalecer las capacidades productivas, comerciales y personales de las mujeres, principalmente de las mujeres rurales. También apoyará la generación de conocimiento sobre el aporte de las mujeres a la economía y el análisis de las políticas macroeconómicas y su impacto en el trabajo formal e informal para nutrir las políticas nacionales. Este componente trabajará con los Ministerios de Economía y de Agricultura, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y SEPREM. Se generarán alianzas con diferentes actores del sector económico para la adscripción del sector privado a los siete principios de empoderamiento de las mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés).A nivel inter-agencial, se apoyará la transversalización de la perspectiva de género en las iniciativas de crecimiento y desarrollo inclusivo y en seguridad alimentaria.
Ante las altas tasas de violencia contra la mujer, ONU-Mujeres incorpora un nuevo componente para apoyar las acciones de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Apoyará el desarrollo e implementación de planes locales y nacionales contra la violencia; de conformidad con las políticas nacionales. Además, promoverá una cultura de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas, por medio de la movilización de aliados clave, incluyendo las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Se brindará asistencia técnica para incrementar la calidad en prestación de servicios integrales de atención de las mujeres sobrevivientes por las instituciones del estado y las organizaciones no gubernamentales y apoyará las redes de derivación para asegurar el acceso a la justicia. Este componente también incluye el análisis de los datos y la evaluación de la implementación de las políticas y leyes para reducir las altas tasas de impunidad que caracterizan a los delitos contra las mujeres. El programa trabajará para integrar las respuestas del Ministerio de Gobernación, SEPREM, DEMI y las instituciones y organizaciones que conforman el Consejo Nacional para la
Prevención de Violencia – CONAPREVI -, las redes y organizaciones de sociedad civil especializadas en la temática, para garantizar la sostenibilidad y liderará los esfuerzos interagenciales del Sistema de las Naciones Unidas en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Continuará aunando esfuerzos para integrar la perspectiva de género y abordar la violencia de género en el Grupo Interagencial de VIH.
El componente de Normas Internacionales, continuará centrado en fortalecer a las instituciones nacionales, el movimiento de las mujeres y las organizaciones de mujeres indígenas en los procesos intergubernamentales como el CSW, Post 2015, Beijing + 20, la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, así como la difusión y seguimiento de las recomendaciones resultantes de estos foros. Esto incluye el fortalecimiento de la institucionalidad de la mujer, especialmente SEPREM y DEMI, el Gabinete Específico de la Mujer -GEM- y las unidades de género, en la implementación de la Política Nacional para la Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer PNPDIM 2008-2023. También apoyará el monitoreo y desarrollo de informes nacionales y alternativos de avance en la implementación de las recomendaciones del Comité de la CEDAW y otros marcos de derechos humanos de las mujeres, tales como el Examen Periódico Universal, y la preparación de delegaciones oficiales para eventos internacionales.Es importante destacar el enfoque sistémico-estratégico del programa quinquenal a través de la coordinación e interacción de las distintas áreas. También se asegurará que los derechos de las mujeres indígenas se aborden como una estrategia transversal y priorizará la inversión estratégica en las mujeres indígenas como agentes de cambio. En relación al fortalecimiento de capacidades, se desarrollará una estrategia de tres niveles, la cual incluirá: 1) fortalecer la institucionalidad pública de acuerdo a sus mandatos, 2) promover la participación de las mujeres a nivel local, y 3) monitorear las políticas públicas y la situación de las mujeres. El programa también resaltará el rol coordinador de ONU Mujeres con las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas para contribuir, de manera conjunta, al desarrollo integral de las mujeres y garantizar la continuidad, ampliación y fortalecimiento de los avances alcanzados en las políticas, planes y acciones. Finalmente, se pondrá en práctica una estrategia de comunicación en cada programa para: 1) Asesorar y apoyar los esfuerzos de abogacía para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género; 2) incrementar la visibilidad de los aportes de ONU Mujeres, y 3) aumentar la conciencia pública sobre las metas para la igualdad de género.
ONU Mujeres ejecuta su programa mediante la modalidad de Implementación Directa, por lo que mantiene la responsabilidad de la ejecución de las actividades, consensuando con las entidades socias del sector público mediante memorándums de entendimiento o cartas de solicitud de cooperación y planes específicos de trabajo. También suscribe acuerdos de cooperación con entidades no gubernamentales.Alianzas
ONU Mujeres Guatemala ha establecido alianzas con varias Agencias del Sistema de Naciones Unidas, otros donantes y ONGs nacionales e internacionales. Para promover la participación política de las mujeres, se establecerán alianzas importantes a nivel nacional con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y el Instituto Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) para acompañar al Tribunal Supremo Electoral. Para abogar por que un mayor número de mujeres ocupen posiciones de decisión, ONU Mujeres ha establecido una alianza con MOLOJ, Alas de Mariposa y Convergencia Cívico Política. NIMD es un socio fuerte para trabajar a nivel local en una campaña para promover la participación de la mujer. ONU Mujeres trabaja conjuntamente con PNUD para fortalecer las capacidades de las organizaciones de mujeres indígenas. ONU Mujeres continuará aunando esfuerzos para prevenir los matrimonios infantiles, empoderar a las niñas indígenas, prevenir embarazos en niñas menores de 14 años con UNICEF, UNFPA, OPS y UNESCO, y los donantes, incluyendo Canadá y el Reino Unido, e incluirá una nueva alianza para empoderar a las mujeres indígenas.
En el área de empoderamiento económico de las mujeres, ONU Mujeres unirá esfuerzos con PMA, FAO y FIDA para fortalecer las políticas de género del Ministerio de Agricultura, así como la promoción del empoderamiento económico de las mujeres y la seguridad alimentaria. Establecerá una alianza con PNUD para promover la adscripción del sector privado a los principios de empoderamiento de las mujeres en el marco del Global Compacti. De igual forma, el sector privado organizado, principalmente las cámaras empresariales son aliados estratégicos tanto para la promoción de los WEPs, así como del fortalecimiento de las habilidades de las mujeres rurales emprendedoras del país. Continuará trabajando en la incidencia para las políticas sociales con una perspectiva de género, incluyendo la protección social, con PNUD, UNICEF y UNFPA. Con OIT, PNUD y OACNUDH establecerá una alianza para promover el Convenio 189. Las relaciones principales de cooperación incluyen a Suecia y Noruega.
En relación a la erradicación de la VCM, existe un proceso para establecer una alianza con GIZ (Cooperación Alemana) con el fin de promover campañas locales de prevención y diálogos municipales. Junto con UNFPA, OPS/OMS, UNICEF y OACNUDH, se implementarán otras acciones para abordar la prevención de la VCM y actividades vinculadas al último año de la Campaña UNETE. Las relaciones principales con donantes incluyen a España.
En Mujeres, Paz y Seguridad, se continuará trabajando en alianza con Impunity Watch y el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) para desarrollar un Plan de Acción Nacional para la Resolución 1325 y abogar por las necesidades de las mujeres con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). De manera conjunta con UNFPA, se realizarán esfuerzos para aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y promover un mayor conocimiento en los proveedores de servicios con el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM); con PNUD y Abogados Sin Fronteras –ASF- para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de investigación y persecución de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, particularmente violencia sexual, en situaciones de conflicto y postconflicto; para continuar monitoreando los estándares para mujeres privadas de libertad con Colectivo Artesana, UNODC y sobre la situación de sus hijos e hijas, con UNICEF. Se ha establecido una alianza con OACNUDH para monitorear la implementación de las recomendaciones de órganos de derechos humanos y fortalecer las capacidades de la Procuraduría de los Derechos Humanos y promover el fortalecimiento del marco institucional de mujeres y sociedad civil. Las relaciones principales de cooperación incluyen al Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF por sus siglas en inglés), United States Department of State y Justice Rapid Response –JRR-
ONU Mujeres continuará promoviendo alianzas con organizaciones de mujeres para acompañar los esfuerzos de abogacía de la sociedad civil, tales como el Sector de Mujeres, la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, la Red para el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la Red Coordinadora 25 de noviembre, la Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), la Comisión Beijing +20 y la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM), entre otras. Otras alianzas con el sector privado incluyen la Universidad Rafael Landívar (URL), el Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos (IUMUSAC); Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), y empresas privadas enfocadas en la responsabilidad social empresarial. El Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) ha contribuido a fortalecer las relaciones con la sociedad civil y ha generado valiosos insumos para las acciones a futuro y este Plan Estratégico. Se establecerán nuevas alianzas con grupos de mujeres que viven con VIH; organizaciones basadas en la fe y hombres comprometidos, en el marco de la Campaña HeforShe.
Finalmente, ONU Mujeres ha desarrollado una estrategia de alianzas con medios de comunicación para el posicionamiento de temas prioritarios tanto para la Oficina de País, la Oficina Regional y la Sede.