Uruguay
Uruguay es un país de desarrollo humano alto (IDH 0.817), ubicado en el puesto 55 en 189 países y, desde el 1º de julio de 2013, considerado país de renta alta según las mediciones de ingreso per cápita del Banco Mundial. La leve variación del IDH a lo largo del tiempo da cuenta de las dificultades que enfrenta el país para profundizar su nivel de bienestar social. Con niveles superiores a la media regional en esperanza de vida, alfabetización e ingresos brutos, sigue habiendo importantes brechas como la que mide el Índice de Desigualdad de Género (IDG) con un valor menor al IDH (0.288), ubicando al Uruguay en el lugar 62 de 148 países.
A pesar de tener buenos indicadores macroeconómicos, Uruguay sigue enfrentando el desafío de la desigual distribución del ingreso y las desigualdades estructurales de género en áreas estratégicas para el desarrollo. El Informe del Comité de CEDAW al Estado de Uruguay (2008) observó que el país debe hacer frente a las lagunas en las políticas de igualdad, la participación política y pública, los estereotipos culturales, la violencia contra la mujer, la trata de mujeres, el acceso a la educación, el empleo y la salud. Las brechas afectan particularmente a las mujeres afrodescendientes y a las mujeres rurales.
El Informe País 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) manifiesta con respecto a la meta nacional referente a la eliminación de disparidades de género correspondiente al ODM 3, que se verifica una tendencia positiva en la reducción de brechas relacionadas al mercado del empleo, pero no se registran avances en la participación de puestos jerárquicos y en cargos de representación política.
En el plano internacional, en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres Uruguay ha ratificado todos los compromisos internacionales en esta materia. En el plano nacional, Uruguay ha registrado varios avances en términos del marco jurídico, programático, institucional y presupuestal. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) creado en el 2005 ha impulsado políticas de igualdad de género y promoción de derechos. El I Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011) transversalizó el enfoque de género en el Estado. Se registraron a su vez varios avances legislativos como la ley de trabajo doméstico (Ley 18065, 2006), ley de unión concubinaria (Ley 18246, 2008), ley de salud sexual y reproductiva (18426, 2008), ley de cuotas (Ley 18476, 2009), ley de acoso sexual (Ley 18561, 2009), ley de identidad de género (Ley 18620, 2009), ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley 18987, 2012), ley de licencias parentales (Ley 19161, 2013) entre otras.
Participación política
La integración de las mujeres uruguayas en la vida política ha sido históricamente baja, caracterizándose no solo por un crecimiento lento, pero también con períodos de declive. La participación de las mujeres en las cámaras legislativas ha sido desde el retorno a la democracia en 1985 inexistente (durante la primera legislatura), luego extremadamente baja (menor al 10% durante los años noventa) y baja entre 2000-2015. Si bien la Ley de Cuotas (No. 18476) -aprobada en el 2009 y aplicada por primera vez en las elecciones nacionales de 2014- supuso un avance y contribuyó a un aumento en ambas cámaras, los resultados de la pasada elección de octubre de 2019 muestran que el país no avanzó -o incluso retrocedió- con relación a la pasada elección de 2014 (de 17.2% a 15.2% en la Cámara Baja y de 26.7% a 29% en la Cámara Alta1/2), lo cual hace que Uruguay vaya quedando rezagado respecto a los avances de la región. De hecho, al ordenar a todos los países del mundo en forma decreciente por el porcentaje de mujeres en los parlamentos Uruguay se ubica (de acuerdo con los últimos datos de la Unión Interparlamentaria) en el puesto N° 115 entre 190 países, muy lejos de las primeras posiciones.
Derechos Económicos
Con relación a la desigualdad económica entre mujeres y varones, pese a algunas tendencias positivas (el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral observado durante las últimas décadas), aún subsisten notorias brechas basadas en género. Si bien las brechas entre mujeres y varones en las tasas de actividad, empleo y desempleo se redujeron entre 2006 y 2018, las diferencias en favor de los primeros siguen siendo aún muy significativas: 16 puntos porcentuales tanto en la tasa de actividad como en la de empleo y más de tres puntos (10.1% vs 6.9%) en la de desempleo.3Además de las diferencias notorias en la participación en el mercado laboral entre mujeres y varones, persiste aún una significativa brecha salarial entre hombres y mujeres. Si bien ha aumentado el salario medio por hora de las mujeres medido como porcentaje del salario por hora de los varones (en todos los grupos de trabajadores ordenados por su nivel educativo4), aún subsisten brechas dentro de grupos homogéneos en términos de formación o capacitación educativa. En un estudio reciente realizado por ONU Mujeres y CEPAL se encuentra que durante el primer año luego de la maternidad, el salario total de las mujeres se reduce en un 20% y no se logra revertir dicha penalización en el mediano y largo plazo, alcanzando una reducción del 45%, diez años después de la maternidad.5
Las mujeres han incrementado su participación en la fuerza laboral en las últimas décadas. Sin embargo, las tasas de participación femenina se mantienen por debajo de las de los hombres (54,4% versus 73,9% para el año 2013), y esto se mantiene para todas las edades y niveles educativos. Si bien los niveles de desempleo del país han bajado a niveles récord, los jóvenes, y especialmente las mujeres jóvenes, no tienen acceso a buenos puestos de trabajo. Mientras que el empleo informal ha disminuido en general, se ha mantenido ligeramente mayor entre las mujeres, especialmente en el interior del país. La tasa de empleo más baja la presentan las mujeres que viven en hogares pobres (38,6%), mientras que para varones que viven en hogares pobres se sitúa en 64,2%, con lo cual se genera una brecha de veinticinco puntos porcentuales. Finalmente, persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres: el salario medio de las mujeres por hora trabajada fue de 11,1 puntos porcentuales inferior al de los hombres; paradójicamente, esta diferencia alcanzó su mayor magnitud entre las personas con los niveles educativos más altos: 27%.
Con datos de la Encuesta de Uso del tiempo 2013, se observa que un tercio del tiempo de trabajo de las mujeres es dedicado al trabajo no remunerado (65%) y el tercio restante al remunerado (35%). En el caso de los varones, estas proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se dedica al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al trabajo remunerado (68,1%). Esto, combinado con la falta de servicios públicos para el cuidado de los dependientes, forma un círculo vicioso que impacta negativamente en la autonomía de las mujeres.
Los retos en este sentido son dos: 1) promover políticas que garanticen el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, y empleos estables de calidad, y 2) promover políticas que fomenten el cambio cultural dentro de los hogares en la distribución del trabajo no remunerado entre hombres y las mujeres.
De acuerdo con los datos sobre la incidencia de la pobreza monetaria en Uruguay recientemente presentados por el INE (2021), el porcentaje de personas en situación de pobreza en Uruguay creció de 8.8 en 2019 a 11.6 en 2020 (un valor similar al que Uruguay presentaba en 2012, casi una década atrás). Este aumento de la pobreza se verifica en todos los grupos de edad de la población, en particular, entre los niñas, niñas y adolescentes (entre quienes la pobreza vuelve a ubicarse en torno al 20% -INE 2021: 8-) y mujeres, en particular, jóvenes.
Si bien la brecha entre varones y mujeres con relación a la pobreza no parece ser muy significativa cuando se estiman los porcentajes de incidencia de la pobreza en toda la población (respectivamente, 8,4 y 9,1 de acuerdo a los datos de 2019, lo que implica una ratio de 1,08 en perjuicio de las mujeres), al examinar los grupos de edad que corresponden a las etapas reproductivas y, por ende, de cuidados de niños y adolescentes se advierten diferencias más significativas: por ejemplo, como se puede observar en el tramo de 25 a 29 años la pobreza en las mujeres asciende a 9,2% y en los varones a 7,2% (es decir, una ratio de 1,28, aproximadamente), mientras en el siguiente tramo (30 a 49 años), en el que las tasas de ocupación aumentan y los niveles de pobreza disminuyen, los valores son, respectivamente, 8,6% y 6,3% (una ratio de 1,37, la mayor entre los grupos de edad analizados). Otro indicador que revela la inequidad de género con relación a la pobreza es la incidencia que esta variable tiene de acuerdo con el sexo de la jefatura de hogar. De acuerdo con los datos de la ECH del INE de 2019, 5,9% de todos los hogares en Uruguay tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza;6 ahora bien, entre los hogares que tienen varones jefes de hogar la pobreza desciende a 4,5%, en tanto entre los hogares con jefas mujeres la pobreza aumenta a 7,5%. Por otra parte, los datos permiten observar en Uruguay una asociación entre pobreza infantil y jefatura de hogar femenina. De acuerdo con los datos de la ECH 2019, la población infantil menor de 18 años que vive en hogares con jefatura femenina presenta una probabilidad de pobreza casi del doble con respecto a aquellos menores de 18 años que residen en hogares con jefatura masculina (21,1% y 11,5%, respectivamente).
Violencia contra las mujeres
Al examinar los avances de Uruguay con relación a las Metas del ODS 5, uno de los fenómenos que despierta mayor preocupación es el de la extremadamente alta prevalencia de la violencia de género y su expresión más extrema, los feminicidios (Meta 5.2). Las estadísticas de Uruguay son alarmantes: el indicador regional “muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima” del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina de la CEPAL muestra que Uruguay se ubica entre los países de Iberoamérica con mayor tasa: de hecho, el segundo con mayor incidencia (1,22 / 100 mil en 2019, 22 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas7). Además, según los datos del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina de la CEPAL, Uruguay registra en los últimos años una tendencia al aumento de los feminicidios (de 18 a 30 asesinatos entre 2014 y 2018, lo que representó un aumento de la tasa de feminicidios de 1/100 mil a 1,7/100 mil), seguido de un leve descenso en 2019 (1.4/100 mil).8 Además del alto nivel de feminicidios que registra Uruguay, los datos de la última Encuesta de Violencia basada en Género y Generaciones revelan la alta incidencia que tienen otras formas de violencia en distintos ámbitos: en las familias (sin considerar o incluir la violencia ejercida por las eventuales parejas), en los espacios públicos, centros educativos y en los lugares de trabajo.
Como señal de que las mujeres se sienten más seguras de denunciar incidentes, las denuncias de violencia doméstica en Uruguay se han multiplicado casi por 4 desde 2005. Esto demuestra que incluso en países como Uruguay, con instituciones democráticas fuertes y valoración por la autonomía física, los derechos de las mujeres todavía siguen siendo violados.
En los párrafos 22 a 27 de las Observaciones Finales del Comité de la CEDAW al país, se le solicita adoptar medidas apropiadas para erradicar la violencia contra la mujer. Entre ellas, establecer un sistema de recolección periódica de datos estadísticos sobre la violencia doméstica, desglosados por sexo, tipo de violencia y relación de los agresores con las víctimas; estudiar los efectos y eficacia de los mecanismos para hacer frente a la violencia en el hogar; establecer albergues y centros de crisis accesibles para las mujeres víctimas de la violencia y garantizar que si una víctima acepta reconciliarse con el agresor, se proporcionen servicios de asesoramiento y se supervise la situación para prevenir nuevos malos tratos; ofrecer capacitación y programas de sensibilización al personal judicial, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los profesionales del derecho y la salud; reforzar la colaboración con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en lo que respecta a la violencia contra la mujer; asignar recursos financieros y humanos suficientes a los juzgados de familia para garantizar su funcionamiento adecuado y a aumentar los juzgados de familia, especialmente fuera de la capital. También desde el punto de vista jurídico se recomienda avanzar en la tipificación como delito la violación en el matrimonio, definida sobre la base de la ausencia de consentimiento de la esposa. Finalmente se aborda el tema de la trata de mujeres, en particular realizar campañas de concienciación a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y de frontera.
En 2020 se publicó la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género y Generaciones realizada a fines de 2019, en la que se incluyó una sección que incluyó la variable discapacidad, para obtener datos que consideren la interseccionalidad entre violencia, género y discapacidad.
Institucionalización de la perspectiva de género
La institucionalización de las políticas de género e igualdad es un fenómeno reciente y, en general sigue siendo débil en el gobierno uruguayo. El mecanismo nacional de la mujer (Instituto Nacional de las Mujeres - Inmujeres) fue fundado en 2005 y se ha convertido en el principal organismo de las políticas de igualdad de género, responsable de una serie de avances, como la aprobación de la Ley No. 18.104, en relación con la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. A pesar de los avances significativos Inmujeres, éste continúa subordinado al Ministerio de Desarrollo Social y, como consecuencia, su capacidad de acción es limitada y los recursos presupuestarios insuficientes. Por otra parte, si bien existen mecanismos para la incorporación de género en todos los ministerios, su aplicación es heterogénea.
En los párrafos 16 y 17 de las Observaciones Finales del Comité de la CEDAW al país sobre los mecanismos nacionales encargados del adelanto de la mujer queda reflejada la preocupación sobre la capacidad del Inmujeres para realizar su mandato de forma efectiva. En este sentido recomienda que el Estado parte asegure que el Inmujeres disfrute de mayor autonomía y tenga un presupuesto adecuado e independiente, así como garantizar su presencia en todo el territorio del Uruguay.
Compromisos
En abril de 2021 se firmó el Marco de Cooperación de Naciones Unidas y el gobierno de Uruguay y ONU MUJERES participó del diseño con el foco en la transversalización del enfoque de género. Esto ha impulsado abrir áreas de trabajo con varios ministerios. En este sentido, se dará continuidad al trabajo de larga duración en el país y se profundizarán aquellas que han tenido un desarrollo incipiente, capitalizando así la experiencia de trabajo acumulada desde 2007, año en el que se instaló UNIFEM en Uruguay. La asistencia técnica y el advocacy son acciones que caracterizan el trabajo de ONU Mujeres en general y en particular en Uruguay.
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1 Sistema de Información de Género del Ministerio de Desarrollo Social.
2 De acuerdo con los datos de la Unión Interparlamentaria (actualizados a febrero de 2021, es decir, al inicio del segundo año de la legislatura en curso), la participación de las mujeres en la Cámara de Representantes es mayor a la que se registra en el Sistema de Información de Género del MIDES: 24.4% (24 legisladoras en 99 bancas de la Cámara Baja), partiendo de la siguiente definición del indicador “número de parlamentarias mujeres que ocupan actualmente bancas en la Cámara”. Ver: UIP. Con relación a la Cámara de Senadores también los indicadores incluidos en la página de la UIP difieren levemente de los incluidos en el SIG del MIDES. Según la UIP la participación de las mujeres en el Senador asciende a 32.26% (10 en 31integrantes de la Cámara de Senadores).
3 Fuente: Observatorio de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social.
4 Fuente: CEPALSTAT a partir de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.
5 CEPAL/ONUMujeres (2020).
6 Obviamente, al tener los hogares bajo la línea de pobreza un promedio de personas mayor al del resto de los hogares, el porcentaje de pobreza en las personas es levemente mayor: 8,8%.
7 CEPALSTAT. Información revsiada al 16 de diciembre de 2020.
8 CEPALSTAT. Información revisada al 16 de abril de 2021.