Alcanzar la paridad democratica es un bien fundamental para las sociedades

Bolivia - Republica Dominicana - Panamá.- Durante este año en América Latina y el Caribe, ocho países tienen el reto de realizar sus elecciones bajo contextos de COVID-19, entre ellos: Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Estos países deben además asumir el reto de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres antes, durante y después de las elecciones. Bajo esta premisa se desarrolló este miércoles la Conferencia Internacional “Elecciones 2020 y COVID- 19 en Bolivia y República Dominicana: lineamientos para la defensa de los derechos políticos de las mujeres”. En el evento se analizaron los riesgos y retos para realizar elecciones inclusivas y libres de acoso y violencia política contra las mujeres.

Las y los expertos coincidieron en afirmar que las autoridades de estos países deben asumir que la COVID-19 afectará los procesos electorales en escenarios como el registro de votantes, la nominación de candidaturas, las campañas electorales, los procesos de capacitación y educación electoral y el desarrollo de las actividades el mismo día del sufragio electoral, ello sumado al riesgo que existe por casos de acoso y violencia política que se originan contra las candidatas.

Garantizar los derechos políticos de las mujeres, tomando en cuenta factores interseccionales, como la identidad étnica, edad, discapacidad, identidad de género y orientación sexual, entre otros, es una responsabilidad del estado, los partidos políticos y de toda la ciudadanía. En el contexto de la COVID-19, el reto es aún mayor porque las brechas de participación política podrían incrementarse debido a los casos de acoso y la violencia política que sufren las mujeres, y que en situaciones de aislamiento y cuarentena se trasladan a las redes sociales, poniendo en riesgo la integridad de las candidatas, quienes aún no cuentan con marcos normativos que garanticen sus derechos y sancionen estos actos. Bolivia es el único país que tiene una normativa específica que protege a las mujeres y sanciona estos delitos a través de la Ley N° 243 contra el Acoso y la Violencia Política, sin embargo, esta no siempre es debidamente aplicada.

En la actualidad, en Bolivia, ONU Mujeres y el Tribunal Supremo Electoral trabajan en 4 ejes para abordar y enfrentar los desafíos planteados: i) Promoción y desarrollo de espacios de diálogo políticos plurales que permitan integrar y visibilizar en la agenda electoral la perspectiva democrática y las propuestas de las mujeres desde un enfoque de género y derechos; ii) Diseño e implementación de medidas para una oportuna intervención del OEP en la atención y protección a mujeres candidatas que son víctimas de acoso y violencia política durante la campaña electoral; iii) Transversalización de enfoque de género, derechos de las mujeres y no violencia en las diferentes fases del proceso electoral; y iv) Sensibilización a las misiones electorales en perspectiva de género.

En el mismo sentido, con el fin de fortalecer los derechos políticos de las mujeres y propiciar su participación y representación en este proceso electoral, la Junta Central Electoral de República Dominicana generó mecanismos para garantizar el cumplimiento de las cuotas en las candidaturas que la normativa nacional contempla y diseñó e implementó unas Jornadas de Formación para la Participación Política de las Mujeres a través de todo el territorio nacional, gracias a las cuales se capacitaron a más de 5000 mujeres pertenecientes a todos los partidos políticos, en todos los municipios del país, invitándolas a involucrarse en este proceso electoral como prerrogativa de cambios sustanciales en el país. Adicionalmente, para dar a conocer las 742 mujeres candidatas a los diferentes puestos de elección popular, la JCE, en una iniciativa conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzó el portal “Conoce tu candidata”, donde se comparten con la ciudadanía sus perfiles y propuestas políticas. A su vez, en las elecciones los colegios electorales tendrán una presencia mayoritaria de mujeres y se garantizará una observación electoral con perspectiva de género, con especial participación de la sociedad civil, y con datos desagregados por sexo.

Finalmente, en el evento internacional se destacó que cada país debe aplicar protocolos sanitarios antes y durante las elecciones ajustados a sus realidades nacionales y locales, que permitan por ejemplo aplicar estrategias de capacitación virtual y a través de otros medios para zonas rurales; campañas electorales con mayor énfasis en las redes sociales, reforzando la prevención ante las violencias y ciberacoso a las mujeres políticas; envío de material sanitario junto con el material electoral, con una correcta comunicación a toda la población que contemple lenguas indígenas y personas con discapacidad; distribución de mesas electorales que eviten la aglomeración de electores, con mecanismos que no excluyan a mujeres a cargo de hogares monomarentales ni a la población LGTBI+; sanitización de los espacios de los recintos; y escenarios adecuados para el escrutinio, que permitan la participación de mujeres veedoras y organizaciones de la sociedad civil.

Las/os panelistas regionales que integraron la Conferencia Internacional son: María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Adriana Favela, presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA); y José Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y de su Centro de Asistencia y Promoción Electoral (CAPEL). A su vez, compartieron las experiencias bolivianas y dominicanas, Violeta Domínguez, representante de ONU Mujeres en Bolivia, Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), Tania Montes, encargada de Género y Derechos Políticos del TSE y Rosario Graciano de los Santos, presidenta de la Comisión de género de la Junta Central Electoral de República Dominicana (JCE).

En una acción conjunta ONU Mujeres, el lIDH, AMEA, el TSE de Bolivia y la JCE de República Dominicana manifiestan su compromiso por la defensa y protección de los derechos políticos de las mujeres a través de este diálogo que busca contribuir a una reflexión interinstitucional que garantice democracias paritarias libres de violencia para las mujeres de América Latina y el Caribe.