Hacia una cultura política de tolerancia cero a las violencias de género

El incremento al que asistimos en las últimas décadas de las mujeres que participan de espacios políticos ha hecho visible una realidad que sigue dificultando el logro de la igualdad sustantiva, la violencia que sufren las mujeres como candidatas, como mujeres electas, y también como electoras. La violencia contra las mujeres es uno de los principales obstáculos para el ejercicio de sus derechos políticos a nivel global. Recién en el siglo XXI aparece como una realidad que debe enfrentarse, medirse, documentarse y ser objeto de la acción pública a través de leyes y de otras políticas. Sin embargo, no se manifiesta como un problema nuevo: la violencia de género que las mujeres siempre han sufrido en los espacios de la vida pública y privada se traslada también al ámbito político una vez que empiezan a acceder y participar de esos espacios.

La promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres requiere un fuerte compromiso de los estados, así como de otros agentes fundamentales para la democracia, como son los partidos políticos. En América Latina y el Caribe, los partidos y organizaciones políticas suelen ser instancias muy masculinizadas cuyas conductas pueden llegar a ser discriminadoras e impedir a las mujeres ejercer sus cargos. La competencia interpartidaria e intrapartidaria que caracteriza a estas instituciones suele estar acompañada por prácticas de violencia hacia las mujeres. La experiencia en la región nos habla de múltiples y variadas manifestaciones de esta violencia. Así, se han identificado actos que buscan forzar la renuncia de las mujeres a puestos en las listas electorales y en los cargos de gobierno, impedir que las mujeres ejerzan la toma de decisiones a través de privarles de las prerrogativas del cargo (recursos económicos, información y otros), y también se ha documentado el uso de la violencia sexual contra mujeres candidatas, entre otros.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA elaboró en 2019 un Protocolo Modelo para que las dirigencias partidarias, militantes y cualquier organismo que trabaje con partidos políticos se comprometan pública e internamente con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este Protocolo busca que los partidos establezcan normas y medidas de prevención concretas y ofrezcan procedimientos claros para sancionar a los responsables y reparar a las mujeres que ya son víctimas, con el fin de eliminar la impunidad y procurar condiciones de seguridad en la vida política.

Desde 2019, ONU Mujeres está trabajando juntamente con la CIM para socializar el Protocolo Modelo y promover una cultura política que tenga cero tolerancia hacia la violencia de género. La política es una de las actividades humanas que permite las transformaciones que la sociedad requiere, erradicar la violencia contra las mujeres en todo ámbito es condición de desarrollo, democracia verdadera e igualdad sustantiva.