Declaración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño ante la dimensión ambiental de la pandemia del COVID-19, la igualdad de género y la necesidad de un futuro con mayor respeto hacia la naturaleza

Fecha: viernes, 5 de junio de 2020

Ante la crisis por la pandemia del COVID-19, y en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el PARLATINO hace un reconocimiento expreso del desafío urgente de proteger el planeta que es “nuestra casa común”, revertir las tendencias de deterioro ambiental y trabajar mancomunadamente para construir un futuro más sostenible.

Como plantea el documento de Respuesta del Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA) a la COVID 19 “Proteger a la naturaleza para proteger a las personas”, la pandemia ha puesto de manifiesto que la salud de las personas y la del planeta son indivisibles. La actividad humana ha alterado prácticamente todos los rincones de la Tierra y ha expuesto a los humanos a nuevos vectores: el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos provienen de los animales. Las amenazas a largo plazo del cambio climático y la pérdida de ecosistemas y diversidad biológica también tienen su origen en la destrucción de la naturaleza.

Consecuentemente, se realiza un llamamiento a los gobiernos, parlamentos y autoridades de América Latina y el Caribe para trabajar de conjunto en el enfrentamiento a los desafíos ambientales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

CONSIDERANDO

Que dadas las graves circunstancias sanitarias del planeta, que se suman al creciente armamentismo, a las escaladas de violencia en todo el mundo y al deterioro del medio ambiente, la humanidad está en peligro de extinción;

 

Que un mundo natural próspero es fundamental para la salud humana, las sociedades y las economías;

 

Que el deterioro del ambiente afecta la vida y el bienestar de las personas, en particular de las que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad, y aumenta el riesgo de futuras pandemias, afectando derechos inalienables e indivisibles de las personas;

 

Que, “las situaciones de crisis agrandan las desigualdades de género ya existentes y agravan las formas interrelacionadas de discriminación, especialmente contra las mujeres y niñas que viven en la pobreza, las mujeres indígenas, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios étnicos, raciales, religiosos y sexuales, las mujeres con discapacidad, las refugiadas y las solicitantes de asilo, las desplazadas internas, las apátridas y las migrantes, las mujeres de las zonas rurales, las mujeres solteras, las adolescentes y las mujeres de más edad, que a menudo padecen las consecuencias de manera desproporcionada en comparación con los hombres u otras mujeres”;[1] 

Que la reducción de riesgos de futuras pandemias mediante la restauración de los ecosistemas y la diversidad biológica perdidos, la lucha contra el cambio climático y la reducción de la contaminación, debe ser una tarea de todas las personas;

Que la riqueza natural de América Latina y el Caribe es una salvaguarda para el futuro de la región y continuará siendo uno de los activos más importantes que ella tiene para recuperarse y prosperar, desde la reducción de riesgos de desastres y enfermedades zoonóticas emergentes, hasta la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para el sustento de millones de personas y el funcionamiento de una variedad de sectores productivos;

Que para poder atender los impactos actuales y previstos del cambio climático (sequías, inundaciones, huracanes, pérdidas en la producción agrícola, pérdidas de energía y exposición al aumento de pandemias, entre otros) es importante que los planes de recuperación sean integrales y sostenibles, y que tomen en cuenta las necesidades diferenciadas entre géneros;

Que, para poder reforzar la resiliencia comunitaria y las sociedades frente al impacto del cambio climático, la participación plena y efectiva de las mujeres en su diversidad en la definición de políticas, programas y estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático es fundamental;

Que en la actualidad no sólo se enfrenta una crisis de salud pública sin precedentes, sino que también asistimos a una crisis social, económica y humana, que impacta en detrimento de los derechos humanos ambientales;

Que según se ha constatado objetivamente y así lo confirman diversas fuentes autorizadas, la pandemia del COVID-19 ha generado algunos impactos positivos en el medio ambiente, principalmente por el descenso en las emisiones de CO2 a una tasa sin precedentes.

Que, como advierte la Directora del Programa Ambiental de Naciones Unidas, Inger Andersen, "los impactos positivos visibles, ya sea la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, son sólo temporales, porque se derivan de una aguda desaceleración económica y un trágico sufrimiento humano. La pandemia también provocará un aumento en la generación de desechos médicos peligrosos”. [2]

 

Que la capacidad de los países y las comunidades para embarcarse en un camino sostenible depende en gran medida de una gobernanza ambiental sólida y efectiva que promueva la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza y a los derechos humanos, la libertad y la democracia plena, así como los medios de implementación como catalizadores importantes.


DECLARA

Es primordial la cooperación internacional y el apoyo a los países más vulnerables en la reducción de los riesgos de futuras pandemias mediante la restauración de los ecosistemas y la diversidad biológica, la lucha contra el cambio climático y la reducción de la contaminación.

Es importante que nuestros países intensifiquen los esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a la contaminación, fortaleciendo la aplicación de la regulación vigente en materia ambiental y la capacidad efectiva para darle cumplimiento, con miras a proteger los derechos ambientales consagrados y fortalecer la capacidad de recuperación.

Es urgente apoyar a los países en los desafíos inmediatos de la emergencia, tal como lo es el fortalecimiento de los sistemas de gestión de residuos.

Es necesaria la transición hacía nuevos modelos económicos sustentables que protejan al medio ambiente y la vida de las personas, mediante políticas que pueden generar crecimiento económico sustancial y empleos decentes, así como abordar el cambio climático de manera equitativa sin abandonar a nadie.

Es fundamental que la transición hacia nuevos modelos económicos sustentables tome en cuenta los obstáculos estructurales y las discriminaciones enfrentadas por las mujeres en el acceso a empleos decentes, incluyendo la necesidad de reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado asumido en su mayoría por las mujeres. En este sentido, es importante que los países faciliten el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres a los mercados, los servicios financieros, el crédito y los planes de seguro, y que se regule la economía informal para que las mujeres puedan acceder a una pensión y otros derechos, y a prestaciones de seguridad social relacionadas con el empleo. Es igualmente importante que los países promuevan políticas y sistemas de cuidados que atiendan las causas estructurales por las que muchas mujeres, y particularmente las que están en situación de pobreza y las que encabezan hogares monomarentales, no pueden acceder a empleos decentes.

Es importante que los países implementen políticas y programas para hacer frente a los factores de riesgo nuevos y existentes de violencia por razón de género contra las mujeres, incluidas tanto la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia económica, la trata de personas y el matrimonio forzoso, como la violencia contra mujeres defensoras de los derechos ambientales, en el contexto de la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático.

 

Es esencial construir, a partir de una mayor sensibilización medioambiental y los cambios de comportamiento surgidos durante la pandemia, estilos de vida más sostenibles, y concientizar a la opinión pública sobre el modo en el que el ambiente y la salud humana se encuentran interconectados.

Es necesario incorporar consideraciones de sostenibilidad, salud, igualdad de género y bienestar en los planes de recuperación puede para reducir las desigualdades, generar oportunidades de participación y empoderamiento de las mujeres, aumentar la capacidad de recuperación ante futuras crisis, y promover y facilitar oportunidades de crecimiento verde en la recuperación económica

Es importante asignar recursos suficientes para fomentar la capacidad de liderazgo de las mujeres y crear un entorno propicio para fortalecer su papel activo en la reducción del riesgo de crisis, la respuesta a ellas y la mitigación del cambio climático a todos los niveles y en todos los sectores pertinentes.

Es oportuno incentivar las inversiones que apoyen estos objetivos como parte de la respuesta a la crisis de la COVID-19, garantizando así un medio ambiente saludable que sea la base de poblaciones saludables, prosperas y equitativas.

Es clave para un futuro resiliente y sostenible, que favorezca de la cumplimentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión responsable de residuos médicos y químicos peligrosos, el respeto por la naturaleza y la biodiversidad, el compromiso hacia una “reconstrucción sostenible” mediante la creación de empleos verdes, y la transición hacia economías circulares y neutras en carbono.

Es esencial, en este sentido, promover el acceso de las mujeres a la capacitación en esferas de trabajo no tradicionales, en particular en el marco de la economía verde y los medios de subsistencia sostenibles.

No hay una contradicción entre desarrollo y protección del medio ambiente. El reto es mantener el equilibrio entre estas dos variables, tal como manifiesta un estudio publicado por el Convenio Andrés Bello, en el sentido de que “no tiene sentido el bienestar a corto plazo de unos pocos, alienado, obtenido a costa de los demás y sacrificando el futuro de la humanidad, como tampoco lo tiene vivir en un vergel intocado e intocable en el cual el ser humano subsista como un animal ‘irracional’ más, al margen de los incalculables beneficios que le puede proporcionar la correcta utilización de su inteligencia.”[3] 

La respuesta a la crisis de la COVID-19 representa una oportunidad para que los países promuevan una agenda de desarrollo integral y renovada que fomente la protección medioambiental, la acción climática, el incremento de la resiliencia, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

 

Que, finalmente y como resumen de las propuestas anteriores, debemos recordar siempre como un imperativo ético que "no hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos".[4] 

Dada en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 5 días del mes de junio de 2020.

 


Notas

 

1.Recomendación general núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

 

2.https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482

 

3. Tomado de: Hacia una Nueva Ética del Desarrollo. Editorial Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello. (ISBN: 978-958-698-158-3). Bogotá, Colombia. 2004.

 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN. Elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, con la asesoría, cooperación y apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA y el World Wildlife Fund, WWF, y en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO y la Organización de las Naciones para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 1980.