Combatiendo el Femicidio en América Latina

América Latina vive una poderosa ola de protestas contra los asesinatos de mujeres basados en género. En respuesta a todos que exigen #NiUnaMás (ni una sola mujer más debe ser asesinada), Adriana Quiñones, Representante de ONU Mujeres en Guatemala, habla sobre iniciativas regionales para prevenir el femicidio. Anteriormente ocupó el cargo de Asesora Regional para para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe.

¿El femicidio ocurre más en la región que en otras partes del mundo?

No disponemos de datos comparables sobre femicidio a nivel global. Los datos que tenemos provienen del análisis de género de las muertes violentas disponible en el Small Arms Survey de 2016, que nos dice que entre los 25 países con las tasas más altas de femicidio en el mundo, 14 están en América Latina y el Caribe. Lo que no nos dice, sin embargo, es que existe un problema con la investigación adecuada y el reconocimiento de la cuestión en muchos países. Gran parte de los datos que se recogen sobre homicidios no se desglosan por sexo. Eso significa que en todo el mundo muchas muertes de mujeres todavía no se contabilizan.

América Latina, a su vez, ha prestado especial atención al femicidio desde los asesinatos de Juárez en los años noventa. En la ciudad fronteriza mexicana de Juárez, un número sin precedentes de mujeres fueron asesinadas y sus cuerpos mostraban claras señales de tortura. Estos crímenes de odio cuyo resultado final es la muerte fueron un llamado de atención para América Latina y desde entonces la región comenzó a estudiar el asesinato sistemático de mujeres.

¿Qué causa la violencia mortal contra las mujeres en América Latina?

Los femicidios son la culminación de una serie de actos violentos. La gente a menudo no puede reconocer la cadena mortal de los acontecimientos que conducen al femicidio. Una relación abusiva no comienza con el asesinato, el abuso se intensifica y sin una intervención y apoyo oportuno, las mujeres pueden terminar asesinadas. En América Latina tenemos una cultura de alta tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas. Lo ves en los medios todo el tiempo: los crímenes contra las mujeres se presentan con imágenes muy crudas y nadie parece preocuparse por ello. La violencia se normaliza; es vista como parte de la vida de las mujeres.

En algunos países de la región, las tasas de violencia doméstica llegan a niveles tan altos como el 50 por ciento . Pero la violencia contra las mujeres también ocurre en el autobús, en las calles y en el lugar de trabajo. Sabemos que a menudo las mujeres no denuncian la violencia, pero incluso cuando lo hacen muchos crímenes contra las mujeres no son investigados a fondo.

En 2014, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos lanzaron el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), el cual se desarrolló en un proceso participativo de 2 años, consultando a expertos de la región y de todo el mundo. ¿De qué trata este Protocolo?

El Modelo de Protocolo es una herramienta para que la policía, los tribunales, los funcionarios de los sistemas de justicia y los médicos forenses investiguen adecuadamente el femicidio. Comienza por definir los crímenes de odio contra las mujeres y cómo deben ser investigados y procesados. Eso significa, ante todo, comprender y reconocer el historial de violencia que llevó al femicidio.

Cuando una mujer es asesinada en su casa y se comienza a preguntar sobre el historial de violencia en ese hogar, a menudo se puede descubrir que la mujer había acudido a la policía, o que había buscado atención médica, pero que nadie había juntado todas las piezas para establecer el riesgo al cual esta persona estaba expuesta. En 2012, por ejemplo, prácticamente la mitad de las mujeres asesinadas en todo el mundo lo fue por su pareja o ex pareja. Esta proporción es de 1 en 20 para los hombres .

El Protocolo explica claramente que es deber del Estado proteger a las mujeres y esto significa: sanciones, prevención y reparaciones adecuadas. Ayuda a las autoridades a entender sus responsabilidades en el abordaje de la violencia contra las mujeres y también busca incluir los derechos de los parientes de las mujeres asesinadas que buscan justicia.

¿Qué está haciendo ONU Mujeres para poner fin al femicidio en América Latina?

ONU Mujeres está apoyando a los países que han adoptado el Protocolo en el desarrollo de legislación especializada sobre femicidio y en la creación de herramientas que funcionen en el contexto de cada país para investigar y castigar adecuadamente todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio. En 2008, nueve países de América Latina tenían legislación especializada sobre femicidio, ahora tenemos 16 países. Brasil fue el primer país en adaptar el Protocolo, lo que llevó a la aprobación de legislación emblemática sobre feminicidio en marzo de 2015. Este año, ONU Mujeres apoyará la adaptación del Protocolo en Argentina.

La adopción de legislación y la comprensión de que los feminicidios son crímenes de odio abre un espacio de debate y crea conciencia. Observamos que más casos se están haciendo públicos, la gente está hablando sobre el tema y las mujeres están saliendo a protestar a las calles.

En la región, ONU Mujeres proporciona apoyo en la recolección de estadísticas comparables y facilita el intercambio de experiencias, desafíos y buenas prácticas entre los países que ya han adoptado el protocolo y los países que aún están en proceso de hacerlo.

¿Qué se necesita para poner fin al femicidio en la región y fuera de ella?

Poner fin a la impunidad es fundamental y el Modelo de Protocolo es un primer paso.

Necesitamos estadísticas comparables para analizar y comparar entre países lo que funciona y lo que no para erradicar el femicidio. Cuando disponemos de mejores estadísticas podemos ver los patrones y la gravedad de la situación y formular políticas bien fundamentadas.

También debemos poner un gran énfasis en la prevención porque, aunque metamos en la cárcel a todos los agresores, si no cambiamos las causas estructurales, las actitudes y las percepciones que originan la violencia contra las mujeres, nunca vamos a terminar con ella. Colombia, por ejemplo, aprobó una ley en 2015 que involucra al sector educativo en actividades de prevención. En las escuelas primarias y secundarias los niños están estudiando ahora qué significa el género y cómo afecta a nuestras sociedades.

Necesitamos servicios integrados y de alta calidad en los que las mujeres puedan confiar. Entender que el femicidio es el acto último en una cadena de actos de violencia contra las mujeres significa entender que el sector sanitario, los servicios sociales, la policía y el sistema judicial deben trabajar juntos.

Uruguay ha implementado un proyecto piloto exitoso con los tribunales, la policía y el Instituto Nacional de las Mujeres. En una situación de alto riesgo, un juez puede ordenar al agresor que use bandas electrónicas conectadas a un dispositivo que la mujer en riesgo lleva consigo. Si el agresor se acerca a ella, el dispositivo alerta automáticamente a la policía. Durante el programa ambos reciben también apoyo psicológico. Hasta ahora, ninguna de las mujeres que forma parte de este programa ha sido asesinada.