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Las mujeres indígenas del Valle del Polochic, tierra ancestral del pueblo Q’eqchi’, están al frente de la defensa de sus tierras y territorios, la salvaguardia de la vida y de la naturaleza, y la construcción y preservación de la paz. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres han sido utilizadas, tanto en situaciones de conflicto como postconflicto, para reprimir sus voces, castigarlas, subyugarlas y causarles vergüenza, a ellas y a sus pueblos, rompiendo sus vínculos con sus familias y comunidades.
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Desde mediados de 2015 se produjeron una serie de acontecimientos que sacudieron a la sociedad guatemalteca. De ese escenario surgieron, de manera genuina y espontánea, movimientos sociales de protesta contra la corrupción y ha crecido la demanda social de reformas estructurales pendientes desde la firma de los acuerdos, para establecer marcos legales no solo para la lucha contra la corrupción sino para un Estado de Derecho respetuoso de la democracia, la paz y garante de los derechos humanos. A pesar de los avances para generar reformas, quedan muchos desafíos en el fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes, jóvenes, niñez y pueblos indígenas.
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Los derechos reproductivos son parte integral de los derechos de las mujeres, un hecho que se defiende en los acuerdos internacionales y se refleja en la legislación en diferentes partes del mundo.
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El Organismo Judicial y ONU Mujeres anuncian guía y módulo de formación virtual sobre medidas de seguridad para mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
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Las mujeres en las cárceles de El Salvador corren alto riesgo de infección de la COVID-19. Como viven en recintos pequeños, las detenidas suelen depender de artículos de higiene suministrados por familiares durante los días de visita, que han sido interrumpidos debido a la pandemia mundial. Hay aproximadamente 4.000 mujeres encarceladas en El Salvador, según la Dirección General de Prisiones.
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En México, siete mujeres son asesinadas al día. Esta expresión máxima de violencia continúa a pesar de que existen leyes en la materia, esto se debe a la impunidad y la falta de aplicación efectiva de éstas. A Irinea Buendía le tomó seis años hacer justicia por el asesinato de su hija, pero su lucha sentó un precedente histórico para la persecución del feminicidio en México. Actualmente, ONU Mujeres brinda apoyo a las instituciones gubernamentales y a las organizaciones de la sociedad civil para que, en conjunto, puedan crear conciencia y pongan fin a la impunidad que rodea los delitos cometidos en contra de las mujeres y las niñas.
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Alcaldes y alcaldesas de cerca de 20 ciudades expresaron sus firmes compromisos por avanzar en la agenda internacional Hábitat III para hacer de las ciudades que administran espacios públicos seguros y promotores de oportunidades para mujeres y niñas.
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Maria Judite da Silva Ballerio, de 21 años, es una mujer indígena de la comunidad de Guajajajara, de Maranhão, Brasil. Es asesora política de COAPIMA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Maranhão), y procura crear conciencia en materia de salud y derechos de las mujeres entre las mujeres indígenas del ámbito local.
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En este Día Mundial de la Salud (7 de abril), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, la Igualdad Racial y los Derechos Humanos dieron inicio a la segunda fase de iniciativas de comunicación dirigidas a las mujeres y sus derechos en respuesta al virus del Zika.