Ampliando el acceso de las mujeres, la niñez y pueblos indígenas a la justicia
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Foto: ONU Mujeres Guatemala
Desde mediados de 2015 se produjeron una serie de acontecimientos que sacudieron a la sociedad guatemalteca. De ese escenario surgieron, de manera genuina y espontánea, movimientos sociales de protesta contra la corrupción y ha crecido la demanda social de reformas estructurales pendientes desde la firma de los acuerdos, para establecer marcos legales no solo para la lucha contra la corrupción sino para un Estado de Derecho respetuoso de la democracia, la paz y garante de los derechos humanos. A pesar de los avances para generar reformas, quedan muchos desafíos en el fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes, jóvenes, niñez y pueblos indígenas.
A veinte años de la firma de los acuerdos de paz, sigue pendiente el cumplimiento de compromisos encaminados al reconocimiento de la normativa de los pueblos indígenas, un elemento esencial para la regulación social y, consecuentemente, para el mantenimiento de la paz. El reconocimiento constitucional del sistema jurídico de los pueblos indígenas desafía las concepciones de un estado culturalmente homogéneo y jurídicamente monolítico.
En esa coyuntura se marcó una oportunidad clave de coordinación con el Organismo Judicial, el Ministerio Público y con la Dirección Especial de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (DEIC). Estas instancias han adoptado políticas de igualdad de género y han establecido mecanismos de aprendizaje común para potenciar los esfuerzos para la entrega de servicios desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres con igualdad de género.
Foto: ONU Mujeres Guatemala
Resultados
Con el financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF por sus siglas en inglés), el proyecto contribuyó al incremento del acceso de las mujeres, niñas y pueblos indígenas a la justicia, la reducción de la impunidad en delitos contra las mujeres y la niñez y al reconocimiento y coordinación entre los sistemas ancestrales de administración de justicia.
Uno de los principales resultados fue el reconocimiento mutuo y la colaboración entre la justicia ordinaria y ancestral para el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, guiada desde la propia experiencia de las mujeres como actoras centrales en la incorporación de la perspectiva de derechos e igualdad de género en la resolución de casos, aspecto fundamental en contextos multiculturales como el del país.
"Ha sido una oportunidad para que entre autoridades indígenas de diferentes municipios nos conozcamos y nos reconozcamos, pero, además, que conozcamos a las autoridades del sistema de justicia ordinario y que nos conozcan, y sobre todo ha sido una oportunidad para que se respete el sistema de justicia indígena". —Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché
La coordinación entre defensoras, autoridades indígenas, juezas, jueces y magistradas/os ha permitido que ambos sistemas aborden y den respuesta a los efectos discriminatorios que pueden vulnerar los derechos de las mujeres indígenas en la administración de justicia y representó un aprendizaje único entre ambos sistemas que generó la apropiación institucional de los procesos para la sostenibilidad de los resultados.
El enfoque de derechos humanos de las mujeres en la administración de justicia se consolidó como una prioridad del Organismo Judicial. La integración de normas y estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres en el 100% de las sentencias condenatorias de casos de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres constituye un resultado y un cambio significativo para el acceso de las mujeres a la justicia y la protección de sus derechos humanos.
A su vez, se generaron cambios en la gestión jurisdiccional, pasando de una justicia centrada en la medición de procesos a una justicia centrada en las personas, los que se institucionalizaron a través de un sistema electrónico para el registro y atención a las víctimas.
