Avances y desafíos para erradicar los femicidios en Argentina

El término “femicidio” fue utilizado por primera vez por la socióloga Diane Rusell en el Tribunal de Crímenes contra la Mujer celebrado en Bruselas en 1976 para denominar a la forma más extrema de violencia basada en género, que afecta a las mujeres por el hecho de serlo y se origina en la desigualdad estructural entre los géneros. 

Uno de los hitos fue la incorporación del femicidio en el ordenamiento jurídico argentino. El 14 de noviembre de 2012 se sancionó la Ley n° 26.791 que establece esta figura y los crímenes de odio como agravantes del delito de homicidio.  

Este paso fundamental permite visibilizar las desigualdades y violencias que atraviesan las mujeres y personas LGBTIQ+. “El registro nacional de femicidios es una consecuencia y un logro del activismo feminista” explica Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En 2016 el registro nacional de femicidios se convirtió en una referencia mundial al incluir un concepto todavía novedoso e inexistente en la mayoría de los países. “Argentina es el único país del mundo que lleva oficialmente un registro de travesticidios y transfemicidios. La Corte Suprema de Justicia recibió una definición hecha por las organizaciones que explicita cuáles son las formas de vulnerabilidad y violencia a las que se ven sometidas las mujeres trans y travestis”, exclama Maffía. 

Estos hitos no hubieran sido posibles sin el activismo de la sociedad civil. Ante la ausencia de estadísticas oficiales, la Asociación Civil La Casa del Encuentro produjo en 2008 el primer informe de femicidios en Argentina. Con el objetivo de ampliar y profundizar los monitoreos, en 2009 se institucionalizó el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano.  

“Es un trabajo de hormiga porque hay que relevar las noticias que salen en los medios de comunicación. Al principio era difícil porque no existía el término femicidio y se requería un análisis más profundo cuando se hablaba de ‘crímenes pasionales’”, argumenta Clara Santamarina, coordinadora de áreas de La Casa del Encuentro. 

Barreras en el acceso a la justicia 

Además de la información estadística, el acceso a la justicia sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación, ya que muchas veces las víctimas son revictimizadas. “Hay que seguir trabajando para derribar los estereotipos de género que el sistema de prevención y respuesta sigue reproduciendo. Es importante entender que también existe violencia institucional” advierte Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y representante en Argentina. 

En este sentido, Diana Maffía explica cuáles son las actuales deficiencias de la justicia: “Los y las operadoras de la justicia no tienen suficiente sensibilidad para discernir muchas formas de violencia. En los años 90 Judith Butler ya escribía sobre cómo la violencia impacta en la corporalidad”. 

La naturalización de la violencia repercute en que muchas personas cuando realizan una denuncia no puedan reconocer múltiples agresiones y abusos que soportaron durante años. “El femicidio nunca es solo interpersonal, sin embargo, desde el punto de vista jurídico no hay percepción de esa trama de vulnerabilidades y desigualdades que forman lo que Diane Russell llamaba el ‘continuum’ de violencias que concluyen en un femicidio”, agrega Maffía.  

En este sentido, la directora del Observatorio de Género reclama que la interrogación a la persona que enfrentó violencia sea exhaustiva, pedagógica y se ajuste a su subjetividad, advirtiendo: “Los tiempos judiciales, sobre todo en las fiscalías, no siempre se toman ese cuidado y escucha más sensible”. 

La falta de escucha a las mujeres y diversidades por parte de la justicia es un problema epistemológico. “Miranda Fricker lo denominaba injusticia epistémica, es decir, que el testimonio de ciertas personas vale muy poco o nada. Cuando se escucha a las víctimas, no se escucha a alguien relevante, sino a alguien a quien hay que tutelar porque solas no pueden” lamenta Maffía. 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley que exige que cuando una denuncia por violencia de género entra en un juzgado, durante las primeras 48 horas el juez o la jueza tiene la obligación de convocar una audiencia por separado con la víctima y el agresor para definir las medidas de protección de acuerdo con esta evaluación. “Esto no se hace y no se penaliza, hacerlo es una cuestión de conciencia. Estamos trabajando juzgado por juzgado para que esta ley se haga realidad dentro del poder judicial” revela Maffía.  

A su vez, la investigadora cuestiona la eficacia de las medidas de reparación materiales. “En la mayoría de los casos, no hay reparación del daño subjetivo para la víctima y no hay acompañamiento institucional que demuestre que esa persona vale en la vida comunitaria”. 

En esta línea, el Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad prevé impulsar junto a ONU Mujeres iniciativas que apunten a la construcción de memoria colectiva y a la reparación comunitaria.

“Cada femicidio, travesticidio y transfemicidio se ha llevado una trayectoria de vida que queremos recordar a partir de los relatos de familiares, amigas/os, vecinas/os y compañeras/os. El objetivo será construir una plataforma interactiva que contenga las historias de vida, disponible para toda la comunidad y que pueda ser una herramienta de trabajo para ámbitos comunitarios y educativos” comenta Natalia Chinetti, directora de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual del Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad de la Nación. 

La urgencia de un cambio cultural y social 

Las desigualdades de género tienen un impacto directo sobre las violencias extremas. “Abordarlas solo como un fenómeno criminal oculta un fenómeno con aristas sociales, económicas, culturales y políticas que hacen posible que estas violencias sean ejercidas”, agrega Chinetti. 

Una de las problemáticas actuales que siguen reproduciendo nuestras sociedades es la cultura de la violación, del abuso, del machismo y de la violencia de género en todas sus formas. Alemany pone énfasis en la necesidad de hacer foco en el cambio cultural: “Tenemos el desafío institucional de construir un cambio cultural de no aceptación de la violencia de género, no solo que nos sublevemos ante los femicidios, sino que trabajemos mucho más en la prevención”.  

En este sentido, ONU Mujeres alerta sobre el aumento de otras formas de violencia como la digital, la que a su vez genera daños psicológicos y, cada vez más, físicos. Estas violencias fluyen en un escenario online-offline, sin límite claro, lo que representa una nueva expresión del 'continuum' de las violencias.  

“Tenemos que lograr que las fiscalías de ciberdelito que trabajan en seguridad digital, no solo se capaciten, sino que trabajen de la mano con las fiscalías de género” expresa Alemany.