Las huellas de los feminicidios en CDMX

Retomado - Texto original de Daniela Rea, Lydiette Carrión, Cristina Salmerón 

Después de un feminicidio, las madres, las tías, las amigas son esas víctimas que deben  sobrevivir  a la pérdida, al dolor, al terror, a la impunidad. En el mejor de los escenarios, logran sobreponerse y continuar su vida aún con el vacío que deja una muerte violenta; en los peores, su cotidianidad se vuelca en emprender un largo camino por el acceso a la justicia. Volvimos a cinco casos de feminicidios mediáticos en la CDMX, esos que acapararon los reflectores de los medios, los posteos en las redes sociales, las protestas y las conversaciones locales, pero que una vez pasado el pico de interés, se disolvieron en el olvido.

México es un país en el que los feminicidos siguen siendo una grave problmática que debe atenderse como sociedad. Cada día, en promedio entre 9 y 10 mujeres son asesinadas.

Y cada día en la prensa hay una historia de feminicidio que reemplaza a la anterior; así la opinión pública rara vez sabe o entiende lo que ocurre después de una noticia. Por ejemplo, no sabe si lo que leyó sobre una joven fue verdad, si fue una construcción narrativa para vender un periódico o si se trató de un invento de la defensa para ensuciar la memoria de la víctima. Por falta de este seguimiento, la gente no sabe si a pesar de los datos conocidos, el feminicida ya ha sido sentenciado o, por el contrario, pasan los años y todo continúa en un limbo jurídico. Es decir, no hay ningún seguimiento o apoyo a niñas y niños por el feminicidio de sus madres, a sus abuelas, hermanas o familias que se hacen cargo.

Lo que sucede después de que una historia deja de estar en la portada de los medios depende en mucho de la colectividad que se acercó a ayudar a una familia, de las organizaciones que acompañen el caso, del ruido que se hizo en las redes sociales, del acompañamiento legal, personal y comunitario.

En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2,591 homicidios dolosos. En total fueron 3,439 mujeres víctimas de feminicidios y homicidios dolosos.

En otras palabras, el 25% de los asesinatos de mujeres y niñas en el país fueron investigados como feminicidio. En este contexto, es importante mencionar que existen las sentencias de los casos de Mariana Lima y Karla Pontigo que constituyen dos hitos que marcan las investigaciones de las muertes violentas de las mujeres y las niñas, no sólo porque son innovadoras en el ámbito de la impartición de justicia al determinar la manera en la que deberían ser realizadas las investigaciones sobre muertes violentas por las autoridades de procuración de justicia aplicando los estándares más elevados de derechos humanos y con perspectiva de género, sino porque se refieren a dos de las formas comunes de desvío de las investigaciones policiales y periciales para los casos de suicidios y los homicidios imprudenciales u homicidios dolosos que se presumen como accidentales.

Tan solo en dos de los casos que presentamos a continuación la Fiscalía se apresuró a calificarlos como suicidio;fue así hasta que grupos de activistas ejercieron presión, o debido a que el feminicida volvió a matar, sólo en esa instancia las autoridades rectificaron. ¿Cuántos casos más de feminicidio debe haber que se clasificaron como suicidios o accidentes? Es imposible saberlo, pero lo que sí sabemos es que todavía hay mucho por hacer.

Con la intención de mantener viva la memoria, de dar seguimiento a estos casos tan mediáticos y que ahora parecen un poco en el olvido, entrevistamos a las madres y tías de cinco víctimas de feminicidio. Son casos que, en su momento, fueron emblemáticos en la Ciudad de México, que la prensa cubrió hasta el acoso, que fueron trending topic por días o semanas y ahora han quedado fuera de la memoria social. Aunque el agobio mediático y social puede ser algo muy cansado para las víctimas en vida, ellas advierten que, gracias a la sororidad y a las comunidades que les apoyaron, han logrado avances en el acceso a la justicia. Aquí la importancia de no olvidar.

Yang

El 21 de septiembre del 2014 a Yang la encontraron muerta en su departamento en la Ciudad de México. Su cuerpo estaba golpeado y había sufrido asfixia. Tenía 21 años de edad y era la más pequeña de tres hermanas.

Ese día, Mónica Borrego, mamá de Yang, recibió una llamada del papá de Juan Humberto Martínez Cortés (JH), para decirle que su hija había sufrido un accidente. Cuatro años atrás, Yang y Juan Humberto habían tenido una relación de pareja:, una con constantes episodios violentos. En una ocasión él no la dejó entrar a casa por “llegar tarde” y otro día le quemó su ropa, además de que la alejó de su familia.

Luego de la llamada, Mónica fue a la casa que su hija compartía con Juan Humberto. Al llegar,vio camionetas de la policía y del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (antes Servicio México Forense). Juan Humberto dijo que al llegar a casa la encontró colgada con una bufanda, intentó bajarla para salvarla y sin querer golpeó el cuerpo.

Las autoridades de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal abrieron una averiguación previa bajo la hipótesis de un suicidio. Dos años después, el 4 de agosto del 2016, decidieron el no ejercicio de acción penal en contra de la expareja de Yang. Mónica no creyó esa versión y recabó testimonios que hablaban de la violencia de él hacia ella. “A él le creyeron lo que dijo, que mi hija se había suicidado. Mi lucha por la justicia estos nueve años ha sido convencerlos de lo contrario”, dice Mónica.

A finales del 2016, cuando las autoridades decidieron no investigar a la expareja de Yang, Mónica revisaba el Facebook y encontró una foto de Juan Humberto Martínez junto a la

noticia de la muerte de una joven, Campira Lisandra Camorlinga Alanís, quien según los medios se había suicidado, como Yang. “Yo le dije, le advertí al abogado: a este cuate se le hará muy fácil hacerlo otra vez”, recuerda Mónica.

En los medios de comunicación, el agresor fue identificado como “El matanovias”, sobrenombre que Mónica rechaza porque implica poner la atención en el agresor, revictimizar a las mujeres asesinadas y diluir la seriedad del problema al hacerlo banal, un producto del espectáculo. El feminicidio de Campira le dio más elementos a Mónica para luchar por la justicia de Yang. El 6 de mayo del 2021 logró que la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitara la detención por feminicidio agravado en contra de Yang, dos años y medio después, el 24 de noviembre del 2023, Juan Humberto Martínez fue sentenciado a 52 años de prisión.

“Por un lado la sentencia es un alivio”, dice Mónica. “Por otro lado me dio mucho odio y coraje porque al final mi hija no está viva. Una sentencia se convierte en la meta de una lucha, pero cuando piensas, eso solo resarce un poco, no todo. No sé cómo son las cárceles, pero me gustaría que ellos entendieran el daño que hicieron. Eso sí abonaría a la justicia, que se sientan en el lugar de una, que entiendan, que vean, que sientan el daño que nos han hecho”. Mientras Mónica habla, recuerda el rostro de Juan Humberto en las audiencias: “Se veía tan arrogante, tan seguro de que por ser hombre podría ganar”. Para Mónica también está pendiente que se sancione a los funcionarios responsables de la investigación, pues no realizaron la mecánica de lesiones como se debía, no resguardaron la escena, perdieron evidencia y no se cuidó la cadena de custodia.

El dolor por la pérdida nunca acaba, admite Mónica, pero sí, también la vida sigue. Y ella decidió saldar una deuda personal regresando a la universidad, lo que no había podido hacer cuando joven por dedicarse al cuidado de sus hijas. Eligió Trabajo Social porque desde ahí le gustaría transformar la vida, el entorno de estas luchas. “Hay muchos casos que no se van a resolver y por eso quiero crear un “salvavidas” para las mamás, para que puedan sonreír sin culpa, sin culpa por no luchar más, por no estar ahí, por no hacer suficiente, porque nos creemos que estos crímenes son por nuestra culpa. Yo quiero algo chido, quiero que dentro de todo las mamá podamos sonreír y sentirnos bien”.

Campira

Quedamos de hablar al mediodía por videollamada. Confirmamos apenas una hora antes, pero Margarita no llega a nuestra cita virtual. Quizá se arrepintió, pienso. Pero en realidad lo que ha pasado es que se quedó dormida. Un par de horas después responde los mensajes: “Una disculpa, estoy tan cansada que aunque confirmamos, me olvidé”, advierte.

¿Cuál es la intensidad del cansancio de una mujer que rebasa los 60 años, que ha quedado a cargo de dos niños huérfanos –su nieta y su nieto– y que además debe empujar judicialmente el feminicidio de su hija?

En 2016, Campira Camorlinga tenía 31 años y se dedicaba principalmente a sus hijxs: un niño de 10 años –cuyo padre había fallecido años atrás– y una bebé de un año. Campira había leído mucho sobre crianza con apego. Le importaba que ambxs crecieran en un entorno que se sintiera seguro y lleno de amor, así que dedicaba la mayor parte de su energía a sus dos hijxs. Se relacionaba con otras jóvenes en la misma sintonía: lactancia materna, canguro de

seguridad, amor. Vivía cerca de uno de sus hermanos para poder darles todo eso: criar con apego requiere trabajo, tiempo, convicción y ayuda.

Al mismo tiempo, trataba de mantener el ritmo en su licenciatura de Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la única universidad pública que ofrece esta carrera. Años antes estudió algunos semestres en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, ya que amaba a los animales, en particular los gatos. “En nuestra familia nos interesan mucho los gatos”, advierte Margarita. También había estudiado idiomas. A grandes rasgos en eso estaba Campira antes de conocer a JH.

A JH lo conoció a mediados de 2016 y comenzaron una relación que, probablemente, al inicio parecía idílica, pero los amigos y conocidos de ella notaron un retraimiento en la joven. Para diciembre él la convenció de que vivieran juntos en la casa de ella, en la colonia de Santo Domingo, Coyoacán. Vivieron así dos semanas.

El 31 de diciembre de 2016, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, JH la mató. La autopsia revela asfixia, y además que él realizó una serie de lesiones infamantes y degradantes previas a la muerte. También violencia sexual. Después de quitarle la vida, le cortó el pelo de forma irregular, algo que ya había hecho antes contra otra chica, una joven de 22 años llamada Yang JH además quiso simular un suicidio: “sembró” la foto de su primera pareja en las manos de ella, abrió las llaves del gas. Eso sí, huyó del sitio con destino desconocido, fue hallado casi un año después viviendo como indigente en Guatemala.

Regresamos a Margarita, a 2024. A nuestra conversación cargada de cansancio. Apenas este año inició propiamente el juicio. “Son muchos, muchos amparos, él interponía uno tras otro y tardaban mucho para resolverlos. Desde tres meses hasta medio año. Pero antes de la pandemia nos faltaba una audiencia para la audiencia intermedia”.

La audiencia intermedia suele ser un punto de inflexión para un juicio, pero esa última audiencia previa se canceló por la pandemia y no se reagendó. Llegó el confinamiento y los juicios quedaron en suspenso durante muchos meses, casi dos años. En el caso de Campira se reanudó el proceso hasta abril del 2022, “y eso porque metimos algunos escritos, nos citan el 9 de abril para el juicio oral”. Y entonces la defensa de él se amparó por la omisión de aquella última audiencia.

Así transcurrió otro año. Hasta abril de 2023, y luego, tras todo este largo proceso, en enero de 2024 ha iniciado el juicio. Tuvieron que pasar más de siete años para que iniciara el juicio oral.

“Estuvimos más de cuatro años sin ninguna audiencia”, resume Margarita. Sin embargo, advierte, confía en que el juicio sí se desarrollará de forma expedita.

Si bien el monto económico de sostener un juicio suele ser muy alto, Margarita explica que ha tenido la suerte de que, a partir de enero de 2018, el Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio le ha dado la asistencia jurídica.

Sin embargo, quedaron otros gastos: dinero para el traslado a las audiencias y los trámites, desde Acapulco –donde Margarita radicaba antes del feminicidio de su hija– a Ciudad de México. Luego, las escuelas de lxs niñxs. En la primaria pública, “estaban revictimizando mucho [al niño mayor]. Estaba en una secundaria y tuve problemas con el subdirector. Tuve que pasarlo a una escuela particular”, debido al feminicidio. En la escuela, el resto de niñxs lo atacaban por lo que hicieron contra su madre.

A la niña, al cumplir los cuatro años también la inscribió en escuela privada, para que tuviera un mejor seguimiento. Actualmente “ella está muy bien, pero durante muchos años hacía berrinches, corajes, por la rabia de no tener a su mamá”.

Hasta 2022, Margarita se mudó de nuevo a Ciudad de México para que el nieto mayor explorara a qué se quiere dedicar. Pero el muchacho decidió regresar a Acapulco. Ahora solo vive con la pequeña.

Margarita le tiene agradecimiento a la prensa. Si no hubiera sido por la difusión, es probable que nunca hubieran detenido al probable feminicida.

“Fíjese que antes de todo esto, yo no creía en la prensa. Para mí era amarillista, mucha de ella vendida, yo no veía noticias. Pero a mí me ayudó. Mi hija muere el día último de diciembre, y aquí [en la casa donde falleció], estaba todo cerrado. Solo con un policía, pero no habían hecho nada. Y hasta marzo que llegó un amigo de mi hermana, y lo hizo viral en redes… En cuanto lo anunció, empezaron los policías a venir, a tomar muestras, pruebas y entregaron el departamento a finales de abril y hasta marzo sacaron la orden de aprehensión. En cuanto se hizo viral empezaron a trabajar”, cuenta.

El haber denunciado su caso ante la prensa le acercó a Mónica, madre de Yang, la joven de 22 años que fue asesinada en 2014 por el mismo JH. “Es muy importante mi amistad con ella. Mónica es muy solidaria, muy luchona, ella es la que me ha animado a seguir adelante. Ella me llevó al Observatorio. Es muy importante la amistad que llevó con ella y con todas las demás compañeras”.

–¿Qué es lo más importante que el feminicida no le ha podido arrebatar de Campira?

–Su amor, no me lo han podido quitar. Su amor nunca me lo van a poder quitar. Su sonrisa, su ternura. El recuerdo de cómo cuidaba a sus hijos. Eso jamás me lo van a quitar. Era mucho como me los amaba. Eso nunca me lo van a quitar.

Ingrid

Es viernes 9 de febrero del 2024, atardece y Antelma Vargas sale de su jornada como trabajadora del hogar en la Ciudad de México, camina a la estación de Metro y comienza el regreso hasta su casa en Ecatepec. Antelma, vestida con su blusa rosa, su cubrebocas que usa por la irritación de garganta y su melena suelta, se pierde entre la gente como una más. Nadie podría adivinar que esa mujer serena camina, justo hoy, con el duelo de haber perdido a su hija. Que la vida siga como si nada.

El domingo 9 de febrero del 2020, Ingrid Escamilla fue asesinada por su entonces pareja Érick Francisco Robledo Rosas. En México, en promedio entre 9 y 10 mujeres son asesinadas al día, pero el feminicidio de Ingrid trascendió a una indignación masiva por la brutalidad del crimen y porque las autoridades filtraron a la prensa las imágenes de su cuerpo lastimado, la prensa las publicó en sus páginas y esas páginas repletas de sangre pasaron a las redes sociales.

El doble crimen contra Ingrid movilizó a cientos de mujeres en todo el país que salieron a reclamar la exhibición del daño; se pintaron fiscalías, se protestó afuera de periódicos, se llenaron las redes sociales de imágenes bellas con su nombre, Ingrid Escamilla, para alterar el algoritmo y diluir el horror. Se publicó incluso una ley local y otra federal que castigan la difusión de imágenes de víctimas por parte de personas funcionarias públicas.

A Ingrid, dice su madre, siempre le gustó procurar su persona, su imagen, “se despertaba a las cuatro de la mañana para tener tiempo de arreglarse e ir a la escuela, con su cabello planchado. A ella le daría mucho orgullo saber que tantas mujeres y tantas personas salieron a protestar por ella, aunque no la conocieran, que salieran con su foto a gritar su nombre y justicia”, dice Antelma.

Estos cuatro años y después de la explosión mediática que provocó el feminicidio, Antelma vivió en la penumbra su lucha por la justicia. “Yo no salí a la prensa hasta que se acercó la sentencia, porque no podía hablar, me costaba mucho decir su nombre, cuando hablé por primera vez fue doloroso, pero salió toda la rabia e impotencia por lo que habíamos vivido”.

Costó protegerse y proteger a sus cuatro hijas y nietas de los rumores. Recuerda con indignación que en la secundaria de su nieta, en el salón, la maestra habló de Ingrid y les dijo a las adolescentes: “Por eso tienen que fijarse bien con quién salen, para que no les pasen estas cosas”; recuerda la culpa que le echaban familiares por no haber hecho suficiente, por no haberla cuidado suficiente, por no estar pendiente lo suficiente.

Antelma vivió su lucha en medio de procesos judiciales que la revictimizaron ―audiencias retrasadas o canceladas―, y lo que ella acusa como omisiones y promesas incumplidas de la Fiscalía ―como el castigo a la autoridad que filtró las fotos de su cuerpo y el pago de los gastos funerarios y traslados―. Supo de mujeres que tenían cuatro, siete, nueve años esperando justicia y ella no deseó verse ahí, por eso contrató, como pudo, abogados particulares. Año y medio después del crimen, el 17 de octubre del 2022, lograron la pena máxima por feminicidio: 70 años de prisión.

“La sentencia me dio satisfacción porque él pensaba que nadie iba a pelear por mi hija, que se iba a quedar así, impune y en el olvido, y yo me dije ‘voy a pelear hasta lograr la pena máxima’, y lo logramos”. Para Antelma, esta sentencia significa una esperanza para las otras mamás que buscan justicia por sus hijas.

Lo que aún está pendiente es saber qué pasó con el funcionario que filtró las fotos del cuerpo de Ingrid. Antelma dice que la Fiscalía de la Ciudad de México no les informó con claridad si hubo investigación, quién fue responsable y qué sanción tuvo, a pesar de que fue un compromiso de la entonces Fiscal, Ernestina Godoy.

Antes de ese 9 de febrero del 2020, Antelma había dejado el trabajo; estaba agotada, había tenido una enfermedad y la pensión que el padre de sus hijas le dejó, alcanzaba para vivir. Soñaba con volver a Huauchinango, el pueblo que la vio nacer. Pero después del feminicidio de su hija tuvo que regresar al trabajo para pagar a los abogados y mantener su mente distraída. Eso y las terapias la ayudaron a sostenerse emocionalmente. También el abrazo de otras mamás y de las mujeres que, sin conocerla, salieron a marchar, a gritar, a quemar todo por Ingrid. “Les estoy eternamente agradecida, más aún cuando se unieron para quitar las fotos de su cuerpo en las redes sociales”, dice Antelma.

Ahora que logró justicia, Antelma quiere dejar el trabajo y honrar a Ingrid. “Me gustaría difundir la Ley Ingrid en más estados, que la adopten, que se haga famosa como la Ley Olimpia para que ninguna de nuestras hijas vuelva a ser expuesta cuando sus cuerpos se encuentren mal”.

Antelma se pierde entre la gente que vuelve a sus casas, camina serena. “Costó mucho llegar aquí”, dice, se refiere a la justicia, pero también a sanar la culpa y el dolor. Vivía como ida, desconectada. Hoy, asegura, está en un lugar distinto. “Puedo recordar a mi hija como era, no como lo que le hicieron. Era alegre, era el alma de la fiesta, recordarla así es mi forma de honrarla”.

Fátima Cecilia

En la Glorieta de las Mujeres que Luchan, las compañeras activistas piden a lxs presentes escribir en un papel lo que desean que se vaya, que deje de existir, y en otro papel los sueños, los deseos, lo que debe permanecer. Con los primeros papeles forran la parte exterior de la piñata, los segundos van al interior. Una fila de niñxs le pega hasta romper lo que se debe ir para siempre, luego los deseos revolotean en el aire.

Este 11 de febrero del 2024 se cumplen cuatro años de la desaparición y feminicidio de Fátima Cecilia. Fue vista por última vez al salir de la escuela Enrique C. Rébsamen, en Xochimilco, de la mano de una mujer que no era su mamá. Cuatro días después, su cuerpo de siete años fue encontrado dentro de una bolsa de plástico, a menos de 3 km de distancia de la escuela. Tenía huellas de tortura física y sexual. Este homenaje con estos niños y niñas, con la piñata y los dulces, con la foto de Fátima soplando un diente de león, es para celebrar su vida.

Si no es en compañía, rememorando su vida, ¿cómo es que se puede sobrevivir al dolor y la impunidad? “Yo he podido sobrevivir a este proceso por la colectividad, por la esperanza que me da el estar acompañada y transmitir que el maltrato infantil se debe acabar, yo no quiero para nadie más vivir lo que vivimos con Fátima”, dice Sonia López, tía de Fátima que encabeza la lucha por la justicia.

A cuatro años de ese feminicidio que aterrorizó a la ciudad (a solo unos días del de Ingrid), Gladis Giovana “N” ―la mujer que recogió a Fátima de la escuela― y Mario Alberto “N” ―su pareja―, siguen en proceso penal. En las próximas semanas iniciará la audiencia por el delito de feminicidio, secuestro y diversos delitos sexuales. Ellos fueron detenidos el 19 de septiembre del 2020, luego de una campaña de denuncia en los medios. A través del registro de cámaras se pudo documentar que quien recogió ese día a Fátima fue Gladis Giovana, conocida de la familia, y la llevó a una casa ubicada a unas cuadras de la escuela, en donde se encontraron cintas de plástico con las que habrían tenido atada a la niña. En un principio, la defensa de Gladis intentó separar el proceso, argumentando que ella sufría violencia doméstica por parte de Mario, pero no lo logró. La defensa de Fátima Cecilia pide la pena máxima de 70 años por el feminicidio, más otros delitos.

Además del proceso contra Gladis y Mario Alberto, a los seis meses se inició un proceso por violación agravada en contra de Luis “N” (papá biologico de Fátima) y contra el señor Álvaro “N” (compadre de Luis), por abuso sexual en contra de uno de los hermanos de Fátima. El asesinato de la niña evidenció la violencia sexual que sufría el pequeño desde tiempo atrás. Álvaro fue sentenciado a 88 años, el proceso sigue contra Luis.

El crimen contra Fátima también dejó ver fallas por parte de autoridades judiciales y educativas. En el caso de las judiciales, se inició un proceso penal en contra de cuatro policías de investigación y dos ministerios públicos por dilación al iniciar la carpeta, al enviar patrullas para buscarla y la mala investigación, por ejemplo, fue tan deficiente la inspección ocular que realizaron, que un año después, cuando la defensa de Fátima pidió otra revisión en la casa donde estuvo secuestrada la niña encontraron su ropa, su mochila y un letrero en la pared rayado con piedra que decía “Auxilio febrero 2020”, del cual no hicieron pruebas grafológicas. El proceso penal contra los funcionarios se suspendió por acuerdo de las partes y los funcionarios fueron sometidos a un proceso de capacitación, disculpa pública y reparación del daño que está en proceso.

En el caso de las autoridades educativas que entregaron a Fátima a una persona no autorizada, la defensa de Fátima inició una denuncia por omisión de cuidados, sin embargo, se quedó en etapa inicial al entrar en un acuerdo con la señora Magdalena Antón, mamá de Fátima, explica Ana Katiria Suárez, la abogada de la familia.

El crimen contra Fátima Cecilia reúne una serie de daños de autoridades y sociedad. Antes de su desaparición y feminicidio, Sonia, su tía, denunció ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) omisiones de cuidado y negligencia, pero la instancia gubernamental no atendió y lxs vecinxs no quisieron testificar por considerar que “no era su problema”. Probablemente, dice Sonia, si esas denuncias hubieran sido atendidas, Fátima estaría viva.

“Las mismas autoridades del DIF o de las Agencias nos decían que no denunciáramos, que no iba a pasar nada y que si pasaba, si les quitaban los niños, les iba a ir peor en esas instituciones y no tendríamos posibilidad de adoptarlos”, dice Sonia. A nivel nacional se han documentado violaciones a los derechos de la infancia en espacios institucionales de cuidado, que han registrado maltratos, abusos y trata. Sin embargo, lejos de modificar las condiciones de esos sistemas, la respuesta que las autoridades dieron a Sonia parecía más un deslinde de responsabilidad.

Desde que Fátima y sus hermanos eran pequeñxs, Sonia intentó intervenir para que mejoraran las condiciones en las que vivían. Semanas antes del crimen, planeaba vacaciones con lxs niñxs, como una forma de estar cerca y al pendiente de su situación. Ahora, una de sus luchas más importantes es que la sociedad entienda que las infancias no son “propiedad privada” y que corresponde a la comunidad y autoridades cuidar por su bienestar, aunque “no sean nuestros hijos”. “Siempre que un niño o niña necesite ser escuchado hay que encontrar las formas de alzar la voz por esa infancia”, dice Sonia.

Para Sonia, lograr una sentencia máxima ayudaría a que Gladis Giovanna y Mario Alberto no sigan dañando a la sociedad; sin embargo, la justicia para ella significa otra cosa: “Para mí, justicia sería que acabe la impunidad; que sean ellos, los agresores, los que tengan miedo, no nosotras; que no tengan posibilidad de hacer daño, que colapse el patriarcado”.

De vuelta en la Glorieta de las mujeres que luchan, los papeles que vuelan al romperse la piñata secundan su deseo: “Seguridad”, “Que permanezca la alegría y la inocencia”, “Tener a todos nuestros seres queridos”, “Que llegue la justicia”, “Volver a ver a mi hermana (desaparecida)”, “Caminar tranquila, no tener miedo”, “Que nuestras infancias crezcan con amor y una vida tranquila y bonita”.

Lesvy

“Ando en Michoacán, estamos acompañando”, explica Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, cuando le pido una entrevista. Araceli siempre anda acompañando a colectivas, a grupos de personas, a madres buscadoras, a integrantes de la comunidad zapatista, a músicxs… Han

pasado varios días y ha estado acompañando, primero allá, luego en otro estado… hasta que aterriza en la Ciudad de México, de vuelta a su trabajo.

El deseo de acompañar, de tejer solidaridad entre diversas comunidades, ya estaba presente en Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlin, antes de que Jorge matara a su hija. De hecho, también estaba en Lesvy. La joven de 22 años tenía la misma inquietud de solidaridad y construcción que su madre: vincularse mediante proyectos solidarios, hacer comunidad, además de pasión por el arte y el conocimiento...

Antes de que Jorge la matara, en la madrugada del 3 de mayo de 2017. Ahora, en estos casi siete años sin Lesvy, la idea y el valor de comunidad también sufrió transformaciones en Araceli. Y ella acompaña a nuevas personas…

El 3 de mayo de 2017 fue hallado el cuerpo de Lesvy, de 22 años, en una caseta telefónica ubicada frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, con un cable de teléfono enredado en el cuello y con lesiones visibles. Esto generó una enorme movilización por parte de estudiantes y académicas en la UNAM. Este feminicidio fue muy mediático, en gran parte por el lugar de los hechos. En respuesta, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, (PGJ) emitió varios tuits en los que desacreditaba a la joven: que la noche de los hechos se había alcoholizado…, “El novio con quien la víctima vivía, informó que él trabajaba en el área de intendencia de la Preparatoria 6”, “que ella ya no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH Sur [perteneciente a la UNAM], donde debía materias”.

Más adelante, además, la misma Procuraduría (ahora Fiscalía de la CDMX) aseguró que la joven se había quitado la vida.

Fue entonces que hubo grupos, organizaciones y colectivos de personas, algunas que ya caminaban con Araceli, pero muchas otras que se sumaron en esos momentos. La madre y la comunidad lograron lo siguiente:

Que la UNAM reconociera a Lesvy como parte de su comunidad.

Que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitiera una recomendación contra la entonces directora general de Comunicación Social de la Procuraduría, por esos tuits que culparon a Lesvy y la caracterizaron como una joven “descarriada”.

Que la Fiscalía cambiara la investigación –filtrada a los medios– de “homicidio culposo”, en el que se establece que el único delito de Jorge había sido impedir que Lesvy se quitara la vida, a feminicidio. En el que se demostró con peritajes que Jorge activamente golpeó y estranguló a la joven.

Fue esa comunidad la que ha sostenido a Araceli por estos siete años. Pero la demanda por justicia no ha terminado.

–¿En qué parte del proceso va?

–No hay sentencia definitiva. Después de estos ya prácticamente siete años que se cumplirán en mayo no hay sentencia definitiva.

Araceli resume: “No podemos hacer nuestra vida. Hay que estar pendientes de en qué momento nos van a llamar. Y se atravesó la pandemia. Dos años que no se avanzó nada. La cita con la justicia no llega, y eso sigue lastimando mucho”.

Hasta el día de hoy, el sistema judicial ha emitido dos sentencias: la primera por el delito de feminicidio agravado, por 45 años. Después ambas partes –familia de Lesvy y defensa de Jorge– apelaron en un tribunal de alzada, y este emitió una segunda sentencia por 52 años.

La defensa de Jorge todavía tiene herramientas jurídicas para apelar. “Ellos hasta el día de hoy siguen apelando a que se vuelva a revisar el proceso desde un inicio”.

Su defensa insiste en que el único delito de Jorge es no haber impedido que Lesvy se quitara la vida. Más aún, la estrategia legal se ha agarrado al hecho de que la fiscalía primero filtró versiones que lo favorecían.

La comunidad universitaria protestó enérgicamente contra la versión del suicidio, en ese entonces una consigna fue: no fue suicidio, fue feminicidio. Ahora, la defensa de Jorge acusa que hubo una presión mediática contra él y esto se siguió para dar “carpetazo” al caso.

Los peritajes, sin embargo, son concluyentes y desmienten a la defensa: el cable del teléfono con el que supuestamente la joven se ahorcó ni siquiera estaba anudado, sino sobrepuesto. Las lesiones de asfixia en el cuello de la joven, muy delgadas y hundidas, no coincidían con la circunferencia del cable telefónico, el cual era de bastante más grosor.

Además de impedir el cierre, de poder tener un descanso, el hecho de que no exista una sentencia firme impide que la familia de Lesvy acceda a la reparación del daño: el pago de gastos funerarios, la rehabilitación psicológica y una indemnización por daño moral al haber mentido sobre un falso suicidio. También se ha exigido una reparación del daño por parte la comunidad universitaria, eso tampoco ha llegado.

“Nosotras hemos dicho que el tema no es lo económico, el tema es la justicia. El que los declaren culpables, que sea una sentencia firme. Que nosotras sepamos que ya está esa condena. No nos va a devolver la vida de nuestras hijas, pero humanamente esperamos y pedimos por justicia institucional.

–¿Cómo fue la relación con la prensa en su momento y cómo es la relación con la prensa actualmente?

–Yo empecé a ver un cambio; cuando las audiencias, ya empecé a ver un cambio y también en comunicadores varones. Qué bueno que haya un cambio y que haya más reflexión y más investigación.

–Muchxs amigxs de Lesvy la acompañaron desde el inicio, clamaron justicia. Entiendo que siguen cerca…

–Sus amistades siguen estando cerca. Sus diferentes comunidades. De hecho ahora este 3 de mayo, que sería el séptimo año, ellxs están con la intención de hacer una velada con muchos tintes de cómo hacían sus veladas, muy bohemias. Sí están muy cerca. Siempre están. Siempre están. Además, están haciendo cosas. Se incorporan a la denuncia, están pendientes de lo que se publica y cómo pueden apoyar. [En otros casos de desaparición] también están haciendo la difusión.

“Si pueden colaborar yendo a la audiencia de otra familia, están. Si ellxs pueden participar, incluso tocando, van y tocan. Hablan del tema en sus presentaciones. En el tema plástico, por ejemplo, plasman obras que tienen que ver con la violencia de género contra las mujeres”, resume.

El amor y la conciencia que Lesvy sembró sigue en movimiento. Su feminicidio, así como el de las otras mujeres, han tocado las fibras más sensibles de la sociedad en la Ciudad de México, una urbe donde tanto sus habitantes como sus historias corren aceleradamente. Aún así, hay personas que se han dedicado a erigir antimonumentas, para que en cada protesta, en cada fecha luctuosa o al pasar un día cualquiera, hagamos memoria de ese dolor, de que es nuestro compromiso exigir la no repetición. Cada 8 de marzo, en la marcha multitudinaria, entre jacarandas, pañuelos violetas, pancartas y cruces rosas, las historias de cada una de estas mujeres vuelven a la memoria. No dejemos que sus muertes queden en el olvido.

El trabajo de ONU Mujeres

A la par del trabajo de la sociedad civil, de las víctimas y de lxs activistas, para erradicar los feminicidios en la Ciudad de México, ha sido indispensable el trabajo de organizaciones internacionales.

La erradicación de violencia contra las mujeres y niñas requiere de esfuerzos continuos, sostenidos y urgentes. ONU Mujeres acompaña a las instituciones y al Estado Mexicano para generar políticas y acciones claras, en alianza con organizaciones de la sociedad civil y del movimiento de mujeres.

Uno de los grandes esfuerzos de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas ha sido la Iniciativa Spotlight, implementada en alianza con la Unión Europea, y en estrecha colaboración con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

En México, la Iniciativa Spotlight se implementó por seis agencias de la ONU (ONU Mujeres, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU DH y UNICEF*) en alianza con la Delegación de la Unión Europea y en coordinación con el Gobierno de México (a través de la CONAVIM, el INMUJERES y la SRE**), el Grupo de Referencia de México (integrado por defensoras y activistas) y gobiernos estatales y municipales.

Resultados en México:

• Más de 30 leyes fueron reformadas para fortalecer las atribuciones y capacidades del Estado mexicano en la prevención, atención y erradicación del feminicidio y de otros tipos de violencia. Adicionalmente, en coordinación con el poder legislativo, se elaboraron 26 proyectos de decreto con miras a erradicar el feminicidio infantil, desaparición de mujeres y niñas, violencia sexual, violencia familiar, y proteger a las niñas y niños en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, y de responsabilidades administrativas del servicio público en la atención de los casos, que aún se encuentran pendientes de dictaminación.
• Se desarrollaron instrumentos esenciales de política pública para el Estado Mexicano, como: El Modelo para la Atención y Protección Integral para Mujeres que Viven Violencias. Así como herramientas para implementar desde lo local:
  • El Modelo para la Atención y Protección Integral para Mujeres que Viven Violencia
  • El Modelo integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres.
  • Para monitorear y evaluar las AVGM.
• Más de 9,800 niñas, niños, mujeres y hombres desarrollaron conocimientos para cambiar normas sociales para la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, incluidos medios de comunicación.
• Se fortalecieron capacidades de más de 8,400 servidoras y servidores públicos (como fiscalías especializadas, instancias municipales de las mujeres, policía de género, instituciones de salud, educación, de datos, comunicación, entre otras), en prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas. Para la sostenibilidad, el Gobierno de México cuenta con la Plataforma virtual de aprendizaje “Campus Spotlight” con 15 cursos instalados para personal del servicio público, OSCs y colectivas. Más de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil y colectivas recibieron pequeñas subvenciones para fortalecer y ampliar su trabajo directo a más de 4,000 mujeres sobrevivientes de violencia y más de 24,000 de manera indirecta. Asimismo, más de 350 organizaciones de la sociedad civil, y colectivas de mujeres fortalecieron sus capacidades técnicas, institucionales, de incidencia, coordinación y trabajo en red.

Además, la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y ONU Mujeres realizaron un convenio para implementar “Medidas Urgentes de memoria y reparación del daño a través de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad” y con ello promover acciones simbólicas de memoria a través del arte como una herramienta transformadora de la realidad que contribuye a otorgar voz y dignificar a las víctimas de feminicidio y desaparición, de la mano con las organizaciones de bases y familiares de las víctimas. A través de esta colaboración se financió a 12 organizaciones y colectivas que se implementan proyectos en nueve municipios con alerta de violencia de género donde se realizaron murales, memoriales, podcast y talleres que han beneficiado más de 3,600 mujeres y niñas.