Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer | Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer — Panamá

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es el instrumento internacional vinculante más amplio y progresista sobre los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Fue adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981. La CEDAW obliga a los Estados que la ratifican a garantizar la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hombres, es decir, una igualdad tanto en las normas y leyes como en los hechos y resultados. Los Estados Parte deben poner todos los medios a su alcance para lograr este fin.

La CEDAW define la discriminación hacia la mujer y establece acciones para su eliminación, como la promoción de cambios estructurales en todos los niveles: desde conductas, percepciones y actitudes individuales, hasta las prácticas institucionales y las estructuras del poder social y económico. Aunque otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo, la CEDAW es importante porque aborda de manera integral los derechos humanos de las mujeres y se centra en eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, garantizando sus derechos en todas las áreas de la vida.

La CEDAW requiere que los países eliminen la discriminación contra la mujer en la esfera privada, incluso en la familia, y reconoce que los roles y estereotipos tradicionales de género deben ser eliminados para acabar con todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas. La Convención se basa en tres principios básicos interrelacionados: igualdad sustantiva, no discriminación y obligación del Estado.

Este documento refleja las Observaciones finales emitidas por el Comité sobre el octavo informe periódico de Panamá, publicadas en 2022. Las autoridades panameñas deben enviar su próximo informe periódico, el noveno, en febrero de 2026. Durante este tiempo, el Estado tiene la oportunidad de implementar medidas concretas para promover la efectiva aplicación de la Convención.