La migración en América Latina y el Caribe tiene rostro de mujer
Más de 200 parlamentarios de América Latina y el Caribe y expertos en migración participaron en el “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos Rumbo al Pacto Mundial”, en el marco de la XXXIII Asamblea General del PARLATINOFecha:
El Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe transcurrió en la ciudad de Panamá entre el 9 y el 10 de junio pasado, siendo inaugurado por la presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), la senadora Blanca Alcalá, el director regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Marcelo Pisanni, y el director regional de la OIM para América del Sur, Diego Beltrand. La ceremonia inaugural contó también con la participación del activista indio Kailash Satyarki, galardonado en 2014 con el Premio Nobel de la Paz.
Los países de América Latina y el Caribe organizaron esta reunión de alto nivel en preparación a la negociación del Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada en 2018. Los orígenes de esta iniciativa se remontan a la adopción de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas que se celebró el 19 de septiembre de 2016. La importancia de la Declaración de Nueva York radica en que por primera vez los Estados se reunieron en el seno de la Asamblea General para debatir exclusivamente sobre migración y refugiados, acordando compromisos específicos y enviando el mensaje político de que estos temas se han convertido en prioridades de la agenda internacional.
Además, este proceso hacia el Pacto Mundial se desarrolla en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En concreto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.7 representa el compromiso de los Estados para facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Durante el foro, las y los expertos llamaron la atención sobre la tendencia al alza de la feminización de la migración, tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe. En el mundo se estima que existen 214 millones de migrantes, de los cuales un 49% son mujeres. Las cifras son parecidas para nuestra región: se calcula que en Sudamérica se encuentran 10 millones de emigrados y que las mujeres representan el 50,9% del total de los inmigrantes en el cono sur del continente. Por otro lado, se destacó que los procesos de migración tradicionalmente han reforzado los roles de género, de acuerdo a los cuales se esperaba que las mujeres se quedaran a cargo de la unidad familiar y de las tareas de cuidado.
La Asesora Regional en Paz y Seguridad de ONU Mujeres, Alma Viviana Pérez, participó en el panel sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de mujeres, niños y jóvenes, junto con Alexis Yau, Ministro de Seguridad de Panamá, y Giovanni Bassu, Representante Adjunto de ACNUR para América Central, Cuba y México. Las intervenciones repasaron algunas actuaciones a nivel nacional para atender las necesidades de protección de personas migrantes, como en el caso de Panamá, y se ofrecieron recomendaciones sobre legislaciones y/o políticas regionales y sub-regionales en materia de prevención y combate del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
ONU Mujeres defiende el acceso de mujeres y niñas migrantes a políticas migratorias basadas en derechos humanos y de género que promuevan los derechos humanos de las mujeres. La Asesora Regional aprovechó este relevante espacio para abogar por esta postura, compartiendo con los participantes recomendaciones en torno a la adopción de nuevas leyes, políticas y medidas que tengan en cuenta las vulnerabilidades específicas de las mujeres y las niñas víctimas de trata; la recopilación y análisis de datos y evidencias sobre el alcance y la naturaleza de la trata de mujeres y niñas; la implementación de estrategias de prevención que aborden la trata de mujeres y niñas y, más específicamente, las causas o factores de riesgo; y la disponibilidad de servicios adecuados de protección y apoyo que respondan a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas.