Senadoras indígenas: protagonistas de la democracia paritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Foto: Cecilia Moyoviri

“Ser mujer e indígena no es nada fácil, pero es el mayor orgullo que llevo”. Cecilia Moyoviri Moye es moxeña trinitaria y es la primera senadora indígena de la región del Beni. Tiene 50 años y toda una vida de lucha.

Su historia política es marcada por la defensa constante de las tierras y pueblos indígenas. En 2017 fue vicepresidenta de la subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y ahora que es senadora su lucha se centrará en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y de la madre tierra.

El entusiasmo de Cecilia viene acompañado también por una preocupación constante. Ella cuenta que los pueblos indígenas siempre han sido vulnerados; pero, sobre todo, las mujeres han quedado relegadas. “Ser representante de un pueblo indígena tiene muchos retos, pero es una oportunidad de dar voz a las mujeres”.

Además de Cecilia, otras mujeres fueron postuladas a través de sus mismos pueblos indígenas. La conformación de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (senaturías y diputaciones), que refleja la diversidad cultural y étnica de Bolivia, es protagonizada por mujeres que representan a un grupo históricamente olvidado: las mujeres indígenas originario campesinas.
Para las elecciones nacionales de 2020, el Tribunal Supremo Electoral, a través del Reglamento para la Inscripción y Registro de Candidaturas, N° 043/200, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, abrió la posibilidad de que los pueblos indígenas postulen sus propias candidaturas sin intermediación de partidos políticos.

Es así como cuatro mujeres indígenas logran formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional como representantes de las circunscripciones especiales Indígenas Originario Campesinas (IOC). La presencia de cada una de ellas es fundamental para garantizar una participación pluridiversa en la toma de decisiones que beneficien a los pueblos indígenas y, sobre todo, a las mujeres.

Pero ellas no son las únicas. Además de las circunscripciones especiales, otras mujeres indígenas y lideresas de sus regiones fueron candidatas para ser diputadas y senadoras.
Entre ellas destaca Toribia Lero Quispe, originaria del ayllu Tapacari Cóndor Apacheta, en Cochabamba, el corazón de Bolivia.

Ella ha sido activista por los pueblos indígenas, particularmente del área del Altiplano. Como nueva diputada, considera que existen grandes desafíos para garantizar una participación efectiva y libre de violencia para las mujeres.

“Nuestro reto es generar espacios de diálogo que permitan reflexionar y cuestionar los actos de violencia hacia las mujeres, este será, sin duda, un proceso largo y complejo, pero no imposible y debemos aportar a la construcción de una sociedad con igualdad de condiciones para todas y todos”.

La violencia contra las mujeres en la política, la amenaza que no desaparece

Foto: Toribia Lero 

Sin embargo, a pesar de los avances que Bolivia consolidó durante los últimos años, a partir de la inclusión de la paridad en su marco constitucional (2009), el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres está en riesgo ante el acoso y la violencia política. La misma se ejerce contra las mujeres funcionarias, candidatas y electas y, entre otras situaciones, las obliga a no postular o a renunciar una vez que han sido electas o designadas.

Toribia Lero, la indígena cochabambina que ha dado voz a la lucha de los pueblos del centro del país, considera que la política tiene que ser más igualitaria, haciendo hincapié en que el acoso y la violencia política deben erradicarse.

“Como mujer política, he sufrido amedrentamientos y abuso de poder y a veces no hay manera de resolver; tenemos que cambiar las formas de hacer política; las mujeres debemos ejercer nuestros derechos y debemos sentirnos con la libertad de ingresar a más espacios de tomas de decisiones”.

Así como Toribia, muchas mujeres indígenas, han sufrido violencia a lo largo de su carrera política. La violencia basada en género es una de las grandes barreras para acceder de manera efectiva a la política y/o permanecer una vez que se accede a puestos de toma de decisión.

Es un hecho que los espacios en los que las mujeres indígenas toman protagonismo se caracterizan aún por actitudes discriminatorias y violentas hacia ellas.

Instrumento legal busca frenar acoso y violencia hacia mujeres en la política

Desde el punto de vista jurídico, Bolivia es el primer país del mundo con una Ley específica contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (2012), marcando un hito histórico para la región de las Américas y el Caribe.

En ese sentido, Tania Montes, encargada del Área de Género del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explica que esta normativa aún tiene sanciones que no se ejecutan de manera efectiva, y considera que la violencia contra las mujeres en la política es una respuesta de estructuras patriarcales existentes dentro de las organizaciones políticas y de la sociedad en general.

Es así como, desde el Área de Género del TSE, con el apoyo de ONU Mujeres, se impulsan acciones para promover la participación política de las mujeres y garantizar espacios seguros y libres de violencia política. Aunque hay muchas barreras dentro del campo político para las mujeres y aún existen ausencias de su representación en cargos ejecutivos, “el gran logro fue el de garantizar que casi la mitad de senadoras y diputadas sean mujeres”, cuenta Tania a partir del trabajo arduo que ha significado alcanzar ese objetivo a través del control constante que se han hecho a las listas de candidaturas de las organizaciones políticas.

Además, el TSE, como entidad electoral y ante los procesos electorales 2020, ha priorizado dar seguimiento, atención y apoyo a casos de acoso y violencia política brindando acompañamiento, apoyo y asesoramiento para que la sanción de estos casos se cumpla, por lo que realizó acciones de difusión de la normativa y los mecanismos, y estableció el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones.

La interminable lucha por una mayor participación política de las mujeres

La senadora Cecilia Moyoviri afirma que queda un largo camino por recorrer, pero la lucha por alcanzar la igualdad es necesaria para garantizar que más mujeres lideren espacios que tradicionalmente estaban reservados para los hombres.

“No debemos alejarnos de nuestras bases y mucho menos olvidarnos de nuestros pueblos. Como mujer quiero que más mujeres tengan voz porque nuestra presencia es indispensable; nuestras experiencias son imprescindibles y deben ser tomadas en cuenta para cambiar el rumbo de nuestro país”.

Ella, además, es la presidenta de la comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadoras/es y anhela que al concluir su mandato sea otra mujer indígena la que ocupe su lugar.

“Hay que ver la participación política de las mujeres desde una perspectiva mucho más amplia, no solo la formal, no solo la normativa: realmente tenemos que cambiar las condiciones que le damos a las mujeres en ámbitos de decisión, lo que implica deconstruir la forma de hacer política en todos los escenarios”.

Aunque existen múltiples barreras para las mujeres dentro de la esfera política y ausencias de su representación en cargos ejecutivos, especialmente en el nivel local, “el gran logro fue el de garantizar que casi la mitad de senadoras y diputadas sean mujeres”, cuenta Montes, a partir del trabajo arduo que ha significado alcanzar la paridad a través del control constante de las listas de candidaturas de las organizaciones y partidos políticos, a fin de garantizar el pleno y efectivo cumplimiento de la norma.

ONU Mujeres coadyuva en el fortalecimiento de la paridad libre de violencia

María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe señala que la organización ofrece a los Estados miembros, a los partidos políticos y a la sociedad civil acompañamiento y apoyo técnico para desarrollar iniciativas que permitan prevenir, monitorear, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. En este sentido, en 2020 y junto con la CIM y MESECVI han publicado el documento Estándares de protección de derechos humanos de las mujeres: Herramientas necesarias para la defensa de su participación política que resulta de utilidad para la creación, aplicación e interpretación de normas.

“La violencia contra las mujeres en política es una violación a los derechos humanos. Reconocerla para poder abordarla es el primer paso para eliminarla”, advierte Vaeza.

En Bolivia, ONU Mujeres tiene el firme propósito de continuar brindando asistencia técnica al Estado para avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, en el marco de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política y la Ley 026 del Régimen Electoral para garantizar la paridad democrática.

Por todo eso se ha visto prioritario ahondar esfuerzos para que las condiciones que se les da a las mujeres desde diferentes instancias sean efectivas y respondan a sus mismas demandas.
En coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y diferentes organizaciones, se abrieron espacios de diálogos donde las demandas, necesidades y propuestas de mujeres candidatas, entre ellas las mujeres indígenas, sean escuchadas y valoradas.

El trabajo conjunto ha tenido un impacto significativo, fortaleciendo una presencia efectiva de las mujeres en el ámbito político del país.

Para conocer los avances en otros países de la región puede consultarse Violencia contra las mujeres en política en América Latina: Mapeo legislativo y proyectos parlamentarios (2020). Disponible en: https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/10/mapeo-legislativo-violencia-contras-las-mujeres-en-politica-america-latina