Stephanie Llanos Rodríguez: “No podría dejar de ser activista a pesar de reconocer que implica mucho esfuerzo”
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Desde hace cinco años el activismo ha formado parte de la vida de la psicóloga boliviana Stephanie Llanos Rodríguez, responsable del observatorio LGBTIQ+ en la Asociación de Desarrollo Social y Promoción Cultural (ADRESPROC) Libertad y secretaria general del Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género del Municipio de La Paz. Como activista ha representado a la población lésbica en espacios nacionales e internacionales como la Asamblea General de la OEA. En el 2022 junto a la Defensoría del Pueblo, la Unión Europea y ONU Mujeres trabajó en la primera encuesta de la diversidad sexual. Bajo su liderazgo, ADRESPROC desarrolló un observatorio digital que registra casos de homicidio y diferentes tipos de violencia hacia personas LGBTIQ+ como parte de una red internacional.
¿Cómo empezaste a trabajar en el liderazgo?
El tema del liderazgo inició cuando me volví activista de la población el LGBTIQ+ hace más de 5 años, lo que me ha permitido desenvolverme en distintas actividades y espacios tanto públicos como privados. Actualmente soy secretaria general del Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales y de Género del Municipio de La Paz, un cargo que da visibilidad a la población LGBTIQ+ y, específicamente, a la población a la que pertenezco que es la población lésbica.
El activismo con la población LGBTIQ+ es uno de los principales motores que tengo como motivación. Me ha permitido colaborar y brindar un acompañamiento, asesoramiento o estar presente en estos espacios que visibilizan a mi población. El activismo ha complementado el trabajo que realizo y me ha ayudado a crecer a nivel personal y profesional.
Mi opinión antes de entrar al activismo era muy distinta, ahora es parte de mi vida y no podría dejar de ser activista a pesar de que implica mucho esfuerzo. Lamentablemente en todo el mundo sigue siendo un gran reto ejercer liderazgo como población LGBTIQ+ en una sociedad que aún discrimina y que vulnera nuestros derechos constantemente porque le cuesta aceptar que somos parte de la sociedad. Personalmente creo que hay varios tipos de liderazgo y si tuviste el valor de reconocer tu orientación sexual y salir del closet, ya es un gran paso hacia el liderazgo, así poco a poco podemos avanzar y exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales.
¿Cuál crees que es la situación en cuanto a derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+ en Bolivia?
Si bien en Bolivia tenemos una amplia variedad de normativa, leyes como la Ley 807 de identidad de género , decretos municipales y resoluciones ministeriales, aún existen muchas deudas históricas para la población de LGBTIQ+ como el matrimonio civil igualitario para personas del mismo sexo y la conformación de una familia con las normas legales que implica entre otros.
La sociedad es muy conservadora porque siguen existiendo casos de discriminación, violencia, prejuicios, misoginia y rechazo a la población LGBTIQ+. En lo que va del año se han registrado 3 muertes violentas de personas LGBTIQ+. Estos datos nos permiten mostrar los alcances de la violencia hacia nuestra población y con ello, podemos exigir el reconocimiento, respeto y el ejercicio pleno de nuestros derechos como cualquier otra boliviana o boliviano.
¿Cuáles son los avances que puedes identificar?
El registro en unión libre de parejas del mismo sexo es un gran avance porque es el inicio para que en otros países se pueda registrar el matrimonio civil. A pesar de ello, aún falta mucho trabajo que complementar porque no abarca todo lo que implica el matrimonio civil e igualitario. Un ejemplo claroes que, si bien la Ley 807 permite que las personas trans realicen su cambio de dato de sexo, imagen y nombre en su cédula de identidad, son limitantes en otros derechos fundamentales. Uno de ellos es que las personas trans no tienen derecho a conformar una familia, es decir, no pueden adoptar o tener hijos legamente reconocidos por la pareja.
Ante la noaceptación de la orientación de las personas LGBTIQ+, sus entornos familiares, la escuela, la religión, entre otros, recurren a las mal llamadas “terapias de conversión”, que en realidad son una forma de violencia correctiva que no está penada en el país. Por muchos años se han invisibilizado estos casos de violencia a la población LGBTIQ+ y, evidentemente, no contamos con información mediática de fácil acceso para defendernos. Los registros del observatorio muestran que existe una gran población que ha sufrido este tipo de violencias, en las que las víctimas no llegan a denunciar por miedo a ser señaladas y hasta desterradas de sus entornos.
Foto cortesía Stephanie Llanos.
¿Cuál es tu opinión y qué retos deben asumirse posterior al desarrollo de la primera encuesta de la diversidad sexual que fue trabajada en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Unión Europea y ONU Mujeres?
Para la población LGBTIQ+ realizar la primera encuesta fue un gran avance porque entendimos que no somos pocos, al contrario, somos una población representativa y llegamos a más de 4.000 personas en el país. Estos datos estadísticos nos permitieron ver una situación cercana a la realidad que vive nuestra población. Con la encuesta identificamos con mayor claridad nuestras necesidades y demandas, y partir de ello, ahora podemos exigir la elaboración de políticas públicas que garanticen nuestros derechos fundamentales.
En la región el registro de datos siempre ha sido una necesidad principal y el observatorio de la población LGBTIQ+ nació ante esta demanda de información disgregada por orientación identidad y expresión de género. Ante los casos de violencia, la policía boliviana que registra homicidios o violencias, en su formulario solo tiene opciones para seleccionar hombre o mujer, y ese sistema binario obliga a que las personas LGBTIQ+ entremos en esas casillas. Esto nos ha dificultado por muchos años registrar los casos de homicidio hacia la población LGBTIQ+, porque cuando mataban a una persona decían “es un hombre fallecido”, pero no sabíamos sí esta persona pertenecía a la población LGBTIQ+. No sé realizaba una investigación a profundidad para determinar si fue un hecho de homicidio o si fue acompañado de un prejuicio y discriminación hacia la persona. En caso de asesinato por discriminación a su orientación sexual, ya no estamos hablando de un simple homicidio, estamos hablando de un crimen por prejuicio, por ser parte de la población LGBTIQ+ y debería tener una figura distinta a la de un homicidio.
La falta de datos que se tenía a nivel nacional fue lo que impulsó la implementación de la primera encuesta que ha implicado varios aspectos importantes porque disgregó la discriminación en el acceso al empleo, a la educación, a la salud, a la terapia de reemplazo para personas trans y la cantidad de personas que han realizado el cambio de nombre y género.
Como activista considero que no hemos llegado a registrar a la totalidad de la población LGBTIQ+ del país, por varios factores limitantes como el acceso a la población rural o por el miedo a ser identificados. Un requisito de la encuesta fue registrar la cédula de identidad y eso despertó susceptibilidad porque se perdía el anonimato. Creo que somos más de cuatro mil personas, pero al menos ha sido el inicio de visibilizar que la población LGBTIQ+ existe y tiene demandas que deben ser atendidas.
No solo salimos el; junio, también tenemos nuestra vida como el resto, nos enfermamos, estudiamos y trabajamos en muchos lugares. Yo tengo la fortuna de poder trabajar en una institución que defiende y reconoce mi orientación, pero hay muchas personas que no tienen la misma oportunidad y que trabajan en espacios públicos o privados con la susceptibilidad de que si se enteraran de su orientación, pueden ser despedidos o discriminados.
En el ámbito de la salud, la encuesta ha visibilizado que la mayoría de las personas LGBTIQ+ no tienen seguro de salud, ni siquiera en el Sistema Universal de Salud (SUS) impuesto por el gobierno, ya sea por desconocimiento o por discriminación. El observatorio registró casos de vulneración de derechos a la población LGBTIQ+ en centros de salud, donde el personal cuestiona y discrimina por su apariencia física a las mujeres trans que tienen que ir al urólogo, considerado solo para hombres, y los hombres trans que deben ir con el ginecólogo, especialidad considerada solo para mujeres. Asimismo, las personas gestantes hombres tienen dificultades para registrar a su hijo o hija de manera legal con el certificado de nacimiento porque solamente permite padre o madre, no acepta registro de madre y madre o padre y padre.
En cuanto a la educación, muchas personas trans tienen que abandonar la escuela por diferentes factores, por ejemplo, las personas trans que salen del clóset a los 13 años están en la plena pubertad y empiezan a notar los cambios hormonales y se dan cuenta que su identidad de género no corresponde con el sexo que le asignaron al nacer, están confundidas, deprimidas y necesitan apoyo, pero su entorno escolar les rechaza y discrimina orillándoles a dejar la escuela. En entornos sumamente tradicionales, las personas trans son rechazadas, se ven obligadas a dejar el colegio y su único espacio es la calle, y para subsistir, muchos se ven obligados a incursionar en el trabajo sexualy, con ello, se exponen a una seguidilla de vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Ante estas situaciones, es importante continuar trabajando con los resultados de la encuesta en propuestas de políticas públicas, programas y proyectos que respondan a las principales necesidades y demandas de la población LGBTIQ+.
¿Cuál es la principal preocupación o necesidad de las mujeres lesbianas en el país?
El tema de la salud es importante para la población lésbica porque al tener relaciones sexuales con otra mujer, muchos suponen que no corremos riesgo de infecciones de transmisión sexual. Esa afirmación es totalmente falsa, porque la población lésbica tiene el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como cualquier otra población. Por tanto, es sumamente importante concientizar al sistema de salud para garantizar el acceso a las mujeres trans a una salud sexual sana.
Otro aspecto son las mal llamadas “terapias de conversión”, una forma de violencia correctiva que sufrimos mucho las mujeres lesbianas. Este tipo de violencia es guardada como “secreto de familia” porque generalmente el agresor es un familiar.
La conformación de una familia también es un tema pendiente. Aún hay muchas lesbianas que ejercen la maternidad con su pareja (mujer) y solamente una es reconocida por el Estado legalmente, y la otra no es registrada, dejando en desprotección al menor. Esto representa una vulneración de derechos no solo de las parejas lesbianas, sino también de las niñas y niños que son concebidos en estas familias.
Aún hay mucho por trabajar por la población LGBTIQ+ que ha existido desde siempre y la marcha es un llamado a visibilizarnos cada 28 de junio en la ciudad de La Paz. Personalmente, siento que año con año somos más personas las que nos unimos en la marcha por el reconocimiento de nuestros derechos, mostrando nuestra diversidad y, por primera vez, este año la marcha se realizó a la luz del día, para que nuestra la población se empodere.
Nota: Estas publicaciones buscan estimular un debate propositivo en torno a los principales temas de interés para el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe. Los conceptos expresados por las personas entrevistadas para la producción de nuestros contenidos editoriales no reflejan necesariamente la posición oficial de ONU Mujeres y agencias del Sistema de Naciones Unidas.