COMUNICADO 

Argentina, 8 de noviembre de 2022. Celebramos que la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe lleve como tema central la necesidad de avanzar hacia sociedades del cuidado desde una perspectiva interseccional y de género, como una meta que es central para una recuperación económica transformadora que permita la sostenibilidad de la vida y del planeta y el avance hacia una justicia de género. Una vez más, la región empuja la agenda en un tema central y lo hace de la mano de las organizaciones y movimientos sociales que vienen trabajando este tema desde hace más de 20 años. Como integrantes del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres Argentina, queremos destacar algunos puntos que consideramos relevantes. 

América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. Esta desigualdad es histórica y estructural y tiene varias dimensiones: socioeconómica, de género, territorial, y étnico-racial. Esta desigualdad impide que se avance en términos de desarrollo, obstaculiza la erradicación de la pobreza y del racismo; impide el acceso de las mujeres en toda su diversidad al empleo digno, el acceso a la educación, a las tecnologías, la salud, y la justicia. Las mujeres jóvenes, las más afectadas en la región, enfrentan un aumento en las vulnerabilidades ante fenómenos como la migración y el cambio climático. En el caso de las mujeres indígenas pérdidas de la identidad y espiritualidad y, como consecuencia, erosiona sus posibilidades de vivir vidas libres de violencia con mayor autonomía y empoderamiento. Estos obstáculos operan reproduciendo la desigualdad. La actual organización social de los cuidados, que es injusta tanto en términos de género como en términos socioeconómicos, está en la base de esa desigualdad social.  

Las tareas reproductivas remuneradas y no remuneradas están a cargo de las mujeres cis de una manera desproporcionada, situación que se profundiza en la población de menores ingresos que dedican más tiempo a las tareas de cuidado en comparación con los quintiles de mayores ingresos. Cuando observamos la realidad de las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes vemos que, por cuenta de históricos patrones de colonialismo, discriminación y del racismo estructural, están en una situación de mayor vulnerabilidad social. Las mujeres son, en muchos casos, el sostén económico de sus hogares y están mayoritariamente vinculadas a empleos informales, vinculados con la economía del cuidado o en el trabajo doméstico en condiciones de precarización laboral, lo cual afecta su acceso a la seguridad social, o a una pensión en la vejez, y las expone a una gran desventaja en relación con otros grupos. 

En definitiva, las mujeres quedan desplazadas de espacios de participación pública que limitan el ejercicio de su autonomía económica y su autonomía para la toma de decisiones. Claramente, las democracias se empobrecen con una participación no representativa de todas las mujeres. 

Necesitamos desmitificar que las tareas domésticas se hagan “por amor” y mostrar el rol que juega el trabajo en el hogar en la reproducción cotidiana dentro de los hogares y de la propia estructura social. Necesitamos remover los obstáculos estructurales que limitan la justicia económica, la justicia fiscal, la justicia ambiental, la justicia social y de género y la igualdad racial.  

En este sentido y tomando en cuenta lo anterior es que los Estados deben comprometerse en políticas que promuevan la justicia distributiva, las políticas fiscales progresivas, la lucha contra el racismo y la discriminación desde una perspectiva intercultural e interseccional como vías para achicar brechas sociales.  

Creemos que es central reconocer las estrategias y el rol que tienen los cuidados comunitarios. Vimos cómo durante la pandemia, las mujeres al frente de comedores barriales dieron contención y alimentos a miles de familias ampliando así el rol que vienen desempeñando desde hace décadas de generar recursos para sus comunidades. 

En nuestra región, la pobreza tiene cara de mujer, de lesbiana, de personas trans y no binarias, de mujer con discapacidad, pero también de mujeres indígenas y afrodescendientes porque tanto el racismo como la discriminación constituyen factores generadores de pobreza. En países como el nuestro, el endeudamiento y el cumplimiento de metas con organismos internacionales de crédito restringen la inversión social en la erradicación de la pobreza y tienen un impacto desproporcionado en quienes cargan con las tareas de cuidados. Impacta en nuestro día a día, en nuestros derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la no discriminación, al acceso a recursos naturales, a vidas libres de violencias.  

Necesitamos que los Estados se comprometan con la asignación de recursos que puedan garantizar servicios integrales de cuidados, que respeten los derechos humanos de las personas a lo largo de su vida, y que promuevan tanto su autonomía como su interdependencia. En este sentido, “para que nadie quede atrás”, como propone la Agenda 2030, consideramos que es imprescindible que los Estados desarrollen políticas con perspectiva interseccional que impulsen en forma efectiva el combate a las desigualdades estructurales, al racismo y a la discriminación. Finalmente, es fundamental revalorizar y redistribuir las tareas de cuidado, y que se reconozca su importancia para el funcionamiento de la sociedad, de modo de avanzar hacia sociedades más democráticas, plurales e igualitarias. 

Desde el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres Argentina, esperamos que esta Conferencia tenga una amplia participación social y política, donde las voces de todas las mujeres estén presentes, y que sus discusiones y debates lleven a propuestas trascendentes y progresistas que sean retomadas por los Estados con más y mejores acuerdos y recursos que permita avanzar hacia una verdadera sociedad del cuidado urgente y necesaria en la región. 

¡Un saludo latinoamericano!  

Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres Argentina,