Irene Cari: “Aquí estamos para escucharte”

Irene Cari es una activista indígena que lucha por la erradicación de la violencia de género en la provincia de Salta (norte de Argentina). En 2004 fundó el Foro de Mujeres por La Igualdad de Oportunidades (FOMUPIO), una asociación que atiende y acompaña a niñas y mujeres en situación de violencia, muchas de las cuales han enfrentado abusos sexuales. En 2022 participó en el Tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir de Salta, que contó con el apoyo de ONU Mujeres. También fue una de las integrantes del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la Iniciativa Spotlight en Argentina.  

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Ceremonia de mujeres indígenas kollas, aymaras, guaraníes, lules y wichis como agradecimiento a la vida y a la Madre Pacha durante la apertura del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias de Jujuy (Argentina) en octubre de 2023. Foto: Mariana Mamaní

¿Qué te motivó a ser activista para prevenir y atender las violencias que enfrentan las mujeres indígenas y rurales?  

Me marcó mucho conocer personalmente a la hermana wichí Octorina Zamora. Fue la primera mujer indígena que reivindicó los derechos de las niñas e infancias wichi y denunció a la justicia salteña por el caso de la violación sexual de una niña de 12 años de la comunidad wichí de Lapacho Mocho. En el proceso de enjuiciamiento, la justicia expresó que el abuso sexual temprano era “una costumbre cultural de los pueblos indígenas”. Se armó revuelo por esta expresión estigmatizante y violenta. La lucha de Octorina encaró una presentación judicial con el aval de muchas universidades y el movimiento de mujeres indígenas y feministas. Fue un momento importante de visibilización política porque Octorina expresó que el ‘chineo’ es una forma de estigmatizar y discriminar y se reconoció como violación sexual sistemática contra las niñas de los pueblos indígenas.  

¿Podrías explicar con tus palabras qué es el ‘chineo’? 

El ‘chineo’ es una forma de violencia de género y/o abuso sexual sistémico en manada organizado por hombres, ya sean de afuera o dentro de la comunidad. Es un concepto que desgarra la dignidad de ser mujer, niña y adolescente. Por eso resistimos con acciones de prevención, sensibilización y concientización. Me urge involucrarme en cada denuncia y relato para encontrar la raíz de esta práctica ultrajante y excluyente. Esta violencia es un retraso y un despojo del territorio-cuerpo, un territorio-tierra sin retorno a la vida sagrada y comunitaria. 

¿Cuál ha sido la respuesta de los movimientos de mujeres ante el ‘chineo’? 

La voz de las mujeres indígenas no ha parado frente a estas violaciones sexuales en manada, en grupo o ‘rameadas’ por parte de hombres en el departamento de San Martín (Salta). Fue importante cuando las mujeres comenzamos a organizarnos contra esta práctica aberrante, humillante, ultrajante y el daño enorme que ocasiona a las víctimas, pero no fue hasta el año 2009, con la sanción de la Ley n° 26.485, que pudimos empezar a hablar con más fuerza del tema. Hoy en día las mujeres indígenas estamos decididas a romper los estereotipos sexistas, racistas y extractivistas que nos han puesto como sello de ‘las pobres, las invisibles, que no hablamos el español o no vestimos como dicen los parámetros occidentales’. Sin embargo, los derechos de las mujeres no están supeditados solo a una clase social, son derechos universales.  

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Foto: Mariana Mamaní

¿Existe alguna ley que ayude a prevenir y atender los casos de ‘chineo’?  

En la provincia de Salta contamos con una ley de prevención, implementación de acciones para la detección del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, pero no menciona este abuso sexual llamado ‘chineo’. La ley N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está lejos de tener un alcance para los pueblos indígenas y sus niñeces. Por este embrollo, logramos que el Tercer Parlamento se pronuncie y redacte un documento para solicitar que los gobiernos legislen leyes que acompañen la cosmovisión y sus propias políticas de organización comunitaria, para que los derechos invisibilizados por las instituciones de salud, educación y justicia puedan existir y ser exigidos.  

Desde FOMUPIO, ¿cómo acompañan a quienes enfrentan violencia sexual? 

En 2015 acompañamos el caso paradigmático de Juana, una niña con discapacidad de la comunidad Alto la Sierra de Santa Victoria Este (Salta) que fue abusada sexualmente por 9 hombres criollos. Cuando la encontraron, la niña estaba embarazada ya que, en su debido momento, no se le garantizó el acceso a un aborto no punible según la normativa nacional y local vigente. Los movimientos de mujeres exigieron al Estado la implementación de políticas contra el chineo y abuso sexual de niños, niñas y jóvenes de los pueblos indígenas. Entre varias fundaciones y organizaciones creamos la red ‘Las Macachas’ con el apoyo de ONU Mujeres, para fortalecernos y aplicar un instrumento exploratorio sobre el ‘chineo’ y otras violencias invisibilizadas que no se denuncian.    

¿Qué otras acciones llevan a cabo para la prevención de las violencias? 

Realizamos capacitaciones, seminarios, encuentros, congresos y articulamos con algunos gobiernos de la provincia de Salta. Sin la intervención del Estado es difícil garantizar la vida y salud de las mujeres. Nuestro compromiso se sostiene en la visibilizacion y las denuncias, con patrocinio jurídico de casos emblemáticos de niñas que han sufrido abusos intrafamiliares o colectivos como el ‘chineo’. Impulsamos un activismo multisectorial para que en 2014 en Salta se declarara la emergencia social por violencia de género y se ampliaran oficinas y dispositivos de atención a mujeres para acceder a la justicia y prevenir los femicidios.  

¿Cuál es la situación de los femicidios en Argentina? ¿Existe alguna ley que los aborde?  

A pesar de que son prevenibles y evitables, los femicidios no cesan. En Argentina, en 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio y en la provincia de Salta se registraron 20 femicidios en lo que va de año. La Ley N°26.791 de 2012 modificó el artículo 80 del Código Penal para tipificar de manera agravada los homicidios relacionados con la violencia de género. De esta manera, aunque no se mencione expresamente como en otras legislaciones, se introdujo el concepto de femicidio.