Yasmín Belén Quiroga: “La producción de datos abiertos con perspectiva de género promueve la transparencia y la confianza en el sistema de justicia”

Yasmín Belén Quiroga es abogada feminista y especialista en género y datos. Trabaja como secretaria del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 10 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es una de las autoras de “Datos con perspectiva de género y justicia abierta”, una investigación realizada en el marco de la Iniciativa Spotlight sobre la experiencia del Juzgado 10, que pone a disposición todas las resoluciones y sentencias del tribunal a través de medios digitales. También es cofundadora de DataGénero, el primer observatorio de datos con perspectiva de género de América Latina.  

¿Cómo podemos promover que más niñas y mujeres estudien y trabajen en el mundo de los datos? 

Justamente son los datos los que nos siguen demostrando que es necesario fomentar, desde una edad temprana, la elección y el ingreso de niñas y mujeres a materias en STEM (ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería). Estos saberes están, aún hoy en día, relacionados con actividades que solo se les permite desarrollar a los hombres, en virtud de la relación que tiene el saber con el poder. También es importante crear conciencia acerca de la importancia que tienen los datos con perspectiva de género para la toma de decisiones de políticas públicas basadas en evidencia y no en creencias, con la creación de cursos de formación o capacitación específicos en estos temas. 

¿Qué caracteriza los datos con perspectiva de género?  

Los datos son un recorte de la realidad, no son objetivos y no son neutrales. Desde el pensamiento feminista, se busca cuestionar quienes tienen los datos y los producen, para qué, cuáles son sus usos, sus límites, sus sesgos y cuáles nos faltan. Concretamente los datos con perspectiva de género son aquellos que fueron planificados, recolectados, registrados y analizados teniendo en cuenta las problemáticas de las mujeres y personas LGBTI+ para el desarrollo de políticas públicas que tengan como objetivo lograr la igualdad sustantiva. 

¿Cuál es el rol del primer observatorio de datos con perspectiva de género en la región?  

DataGénero busca unir el mundo técnico de los datos con los estudios de género con el objetivo de construir un futuro de datos sustentable e inclusivo desde y para América Latina. Este espacio se propone observar y monitorear las diversas prácticas en materia de datos que afectan directamente la vida de mujeres y personas LGBTI+, asesorando a gobiernos, empresas y organizaciones que trabajan con y basadas en datos. 

¿Qué iniciativas han llevado a cabo desde DataGénero? 

Además del primer datatón transfeminista en mayo de 2021, en diciembre del año pasado realizamos un taller en el que trabajamos en el mapeo de datos con perspectiva de género en portales de datos abiertos nacionales y subnacionales, el impacto de la maternidad en las trayectorias laborales de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de diversidad en registros administrativos del sector público nacional. También realizamos investigaciones al cumplirse los 11 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, cuando emprendimos la búsqueda de datos para relevar estadísticas sobre los casamientos; a los 10 años de la ley de identidad de género, investigamos sobre la representación estadística de las personas trans, travestis y no binarias, o cuando investigamos sobre la participación política de las mujeres. 

¿Cuál es el proyecto más reciente y novedoso? 

AymurAI es un software creado por DataGénero donde a través de tecnologías de inteligencia artificial, se recolecta y se pone a disposición datos sobre violencia de género a partir de sentencias judiciales. Es una aplicación de escritorio que lee la resolución, detecta la información relevante -tipos de violencias presentes, modalidad, frases que le refieren los agresores a las personas víctimas de violencia o si había algún tipo de relación entre víctima y agresor, entre otras-, se la muestra a la persona usuaria y esta tiene que validarla como correcta o corregirla, para que luego, toda esa información, aparezca estructurada en una base de datos. 

¿Qué es la justicia abierta? 

Es una práctica que busca acercar la justicia a la sociedad con políticas de transparencia, innovación, lenguaje claro, participación ciudadana, rendición de cuentas y apertura de datos con perspectiva de género con la ayuda y utilización de las TICs. No es novedad decir que el poder judicial es uno de los poderes cuya credibilidad se ve más afectada. Según la última encuesta del Latinobarómetro (2020), el nivel de confianza sobre el poder judicial en América Latina es del 25% y en Argentina, del 16%, con lo cual las iniciativas de justicia abierta tienen el desafío de acercar al poder del Estado, tradicionalmente más alejado de la ciudadanía, y generar confianza y credibilidad.  

¿Por qué es pionera la iniciativa de datos abiertos con perspectiva de género que llevaron a cabo desde el Juzgado 10? 

La iniciativa, que inició en el 2015 cuando el juez Pablo Casas asumió en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 10 de la Ciudad de Buenos Aires, es pionera en la producción de datos abiertos con perspectiva de género para promover la transparencia y la confianza en el sistema de justicia. La apertura de datos es novedosa porque se trata del poder judicial y pone a disposición datos para comprender la problemática de la violencia de género de los casos que llegan a instancias judiciales. La recopilación de este tipo de datos nos puede ayudar a identificar patrones y tendencias que contribuyan a diseñar políticas públicas basadas en datos orientadas a la prevención de la violencia de género. Una de las fortalezas de esta iniciativa es que no se limita simplemente a recopilar y publicar datos, sino que también pusimos el enfoque en la capacitación de las personas que trabajamos en el juzgado para la gestión y análisis de los datos.  

¿Con qué barreras se encuentran hoy las mujeres y diversidades en el acceso a la justicia? 

Diana Maffía, directora del Observatorio de Género del Poder Judicial de la CABA, reconoce distintos tipos de barreras que me parecen muy ilustrativas: epistémica, que tiene que ver con, sobre todo, que las mujeres no conocen sus derechos; subjetiva, porque muchas personas, aunque conozcan la existencia de los derechos humanos, no sienten que les correspondan por su mera dignidad humana; política, que tiene que ver con la falta de recursos materiales, humanos y de comunicación para hacer valer las normas; jurídica, donde la exigibilidad de los derechos depende del acceso a la justicia y de la existencia de lugares accesibles de reclamo (las Defensorías del Pueblo) y también de recursos y capacidades que permitan hacer un reclamo internacional en caso de que la justicia local nos niegue sistemáticamente el acceso a nuestros derechos (patrocinios gratuitos formados y capacitados); económica, va desde el dinero necesario para pagar un/a abogado/a hasta el transporte, disponer de un día laboral con el riesgo de perder presentismo o no obtener pago ese día, tener reemplazo en tareas de cuidado o las tasas judiciales y otros gastos; geográfica, las diferencias entre zonas rurales y urbanas, la disponibilidad de lugares de consulta cercanos a la vivienda, la falta de descentralización de fiscalías y juzgados, o la probabilidad de tener que trasladarse con niños/as, y cultural, cuando los estereotipos culturales que apartan a las personas de sus derechos son muy fuertes, el recurso de superación de todas las otras barreras no alcanza. 

¿Cómo podemos promover una justicia con perspectiva de género? 

Capacitando de manera constante al personal judicial en perspectiva de género y en los distintos tipos de violencias que sufren las mujeres y LGBTI+; realizando campañas de sensibilización en la justicia; fortaleciendo la normativa existente y desarrollando nuevas leyes y políticas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de género; garantizando el acceso a la justicia; promoviendo equipos de trabajo interdisciplinarios dentro de los juzgados -hoy en día la mayoría están compuestos por personas que estudian o estudiaron abogacía-; implementando medidas de protección y seguridad para las personas que se encuentran en situación de riesgo; recopilando y analizando datos con perspectiva de género, para tener un diagnóstico claro de la situación y poder diseñar políticas y medidas específicas para abordarlas; promoviendo la participación activa de mujeres y LGBTI+ en la justicia, tanto en los puestos de toma de decisiones como en la representación de víctimas y denunciantes, y trabajando en alianzas interinstitucionales entre organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados.