Argentina lanza el protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Argentina presentó un protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual con perspectiva de género, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Con este avance, Argentina se suma a Colombia, Costa Rica, Panamá y México, países de América Latina que han adoptado un protocolo específico para la investigación y litigio de casos de violencia sexual. Desde la Oficina Regional de ONU Mujeres se viene acompañando el desarrollo de estándares para la investigación de violencia sexual en el marco de la Red Especializada de Género de la la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIMP).

Eduardo Casal, Procurador General de la Nación interino, destacó que el protocolo “es el resultado de la concreción de un trabajo serio y responsable, coordinado por la UFEM, al que sumaron otras unidades e integrantes del Ministerio Público Fiscal”.

Asimismo, Casal resaltó que se trata de “un instrumento relevante que se va a aplicar y mejorar a través de la experiencia” e hizo foco en los aspectos centrales del trabajo: el consentimiento como parte de la definición de violencia sexual y el acompañamiento a víctimas, tal como está estipulado en las diversas convenciones internacionales en la materia.

Cecilia Alemany, oficial a cargo de la dirección regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, resaltó la madurez institucional de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público de Argentina que supone un ejemplo a seguir para toda la región. El liderazgo de la UFEM en la Red Especializada de Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIMP) coloca a Argentina como un “faro” en lo que se refiere al avance de la perspectiva de género y enfoque de derechos.

“Desde ONU Mujeres felicitamos la iniciativa y agradecemos haber participado de la elaboración de este protocolo y marco estandarizado para tener mayor coherencia en el tratamiento de los casos de violencia sexual y avanzar en la recuperación y la reparación” comentó Alemany.

“El sistema judicial en la región aún revictimiza a quienes tienen el coraje de hacer una denuncia por violencia sexual y aún operan los estereotipos de género en toda la trayectoria de un juicio por violencia de género. Instrumentos como este son esenciales para tener un enfoque centrado en las víctimas, que incorpore los estándares internacionales y las mejores prácticas y permite seguir construyendo coherencia para el avance de los derechos de las mujeres”, advirtió Alemany.

Tras la presentación, se llevó adelante el panel sobre “Avances y Desafíos en materia de investigación y litigio de casos de Violencia Sexual”, donde estuvieron presentes junto a la titular de UFEM, Mariela Labozzetta, la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y fiscal federal Alejandra Mángano; el fiscal nacional Santiago Vismara y Diana Maffia, a cargo del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Labozzeta destacó que el protocolo de investigación de casos de violencia sexual se inscribe en un recorrido institucional de varios años, antecedido por el abordaje de las temáticas de violencia doméstica y femicidio. “El Protocolo se basa en la idea que la violencia sexual se origina

en la ausencia de consentimiento, es un nuevo paradigma que reemplaza la idea de “crímenes contra el honor”, puntualizó.

Labozetta hizo hincapié en la necesidad de que el protocolo intervenga sobre los aspectos más deficitarios de las investigaciones por estos delitos, que son la causal de la impunidad y de procesos penales revictimizantes.

“La principal falencia del sistema es que no se le cree a las víctimas. El relato de la víctima tiene que ser el eje central de la investigación”, alertó la titular. Por otro lado, resaltó que el protocolo avanza en identificar y visibilizar las distintas modalidades de violencia sexual, entre ellas las expresiones asociadas a la criminalidad organizada, de competencia de las fiscalías federales.

En esta línea, Alejandra Mángano advirtió que los delitos federales, como la trata de personas con fines de explotación laboral, sexual o el matrimonio forzado, son difíciles de trabajar judicialmente. Por ello, hizo hincapié en que las y los operadores judiciales deben tener una escucha activa, adaptar los procesos para que las víctimas no deban asistir muchas veces a los tribunales y bregar para que los procesos sean más cortos.

El fiscal nacional Santiago Vismara analizó los obstáculos que suele haber en las investigaciones por delitos contra la integridad sexual, como pueden ser la retractación, los resultados de peritajes y la posición de la víctima frente al proceso.

Vismara subrayó la importancia del protocolo como herramienta de investigación y que allí se ofrecen respuestas a esas problemáticas y explicó que no todas las investigaciones de este tipo de casos son iguales, por lo que ameritan un enfoque específico.

Por último, Diana Maffía, del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, celebró la elaboración de un protocolo por parte del Ministerio Público Fiscal donde se explica con claridad qué es la violencia sexual y que se centra en la falta de consentimiento de las víctimas y no más en la exigencia de secuelas físicas y resistencia activa por parte de las víctimas.

“El eje del protocolo está en el cambio de mirada, un cambio de paradigma que se coaguló en nuestro país en 1999 con el cambio en el código penal para pasar de ‘delitos contra el honor’ a ‘delitos contra la integridad’. Esto implicó pasar de probar una violación desde la resistencia, a medirla desde el consentimiento”, afirmó Maffía.

Maffía también destacó la necesidad de un cambio de mirada desde el sistema de justicia sobre cómo se entienden estos casos como un requisito esencial para llevar adelante procesos judiciales con perspectiva de género.

Sobre el protocolo

Aprobado en abril de 2023, el protocolo supone una novedosa herramienta a nivel nacional alineada con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada exigibles al Estado argentino.

Se trata de una herramienta para que las y los fiscales orienten su actuación en el proceso de manera eficaz e incorporando la debida perspectiva de género en la investigación, así como en las etapas de debate y ejecución de la pena.

El protocolo cuenta con 15 capítulos en lo que se abordan cuestiones relativas a violencia sexual, el consentimiento, los estándares internacionales aplicables a la investigación de estos hechos y el diseño de una teoría del caso en procesos penales por violencia sexual.

El protocolo presta especial atención a la declaración de la persona que atravesó una situación de violencia sexual dado que su testimonio es considerado generalmente la principal prueba directa de la comisión del hecho.

En ese sentido, la guía brinda pautas para la obtención, conservación y valoración de la prueba testimonial de la persona agredida con perspectiva de género, con especial consideración al relato que presenta imprecisiones, que no es reciente, y a la retractación, conforme a las leyes n° 26.485 y n° 27.372.