Juntas Salvamos Vidas, un proyecto que potencia el rol decisivo de las mujeres como parte de la respuesta en contextos de emergencia
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En tiempos de crisis, las mujeres y las niñas se enfrentan a repercusiones desproporcionadas con consecuencias que se agudizan en contextos de fragilidad, conflicto y emergencia.
La crisis sanitaria por el COVID-19, exacerbó las desigualdades estructurales en todos los ámbitos. Como parte de la respuesta a la crisis, el Sistema de las Naciones Unidas focalizó acciones en las que las mujeres tuvieron un rol protagónico en la recuperación sostenible.
A través del Fondo Central de Emergencias de las ONU (CERF, por sus siglas en inglés), ONU Mujeres desarrolló el proyecto “Juntas Salvamos Vidas”, en Bangladesh, Camerún, Colombia, Etiopia, Myanmar y Palestina. Sus acciones se concentran en la prevención de violencias, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la búsqueda de alternativas para su autonomía económica y la garantía de sus derechos en contextos marcados por las emergencias de tipo humanitario derivadas del conflicto armado y desastres naturales.
En Colombia, ONU Mujeres y sus organizaciones aliadas en los territorios implementaron, desde el 2021, el proyecto “Juntas Salvamos Vidas: Reconociendo las Voces Resilientes de las Mujeres de Nariño y Chocó”, el cual brindó atención diferenciada a mujeres en contextos de emergencia humanitaria para que avanzaran en estrategias de mitigación y respuestas a las violencias basadas en género.
Como resultado del proyecto, participaron 3574, de las cuales 2795 son mujeres que hacen parte de 17 organizaciones locales y regionales que lograron formarse en la toma de decisiones, así como la atención a las violencias basadas en género (VBG) y contextos humanitarios e incluyó la entrega de kits de resiliencia a mil mujeres.
El proyecto también contempló la autonomía económica como factor clave para mitigar el impacto de la pandemia, fortaleciendo los emprendimientos de 460 mujeres en el territorio.
En el departamento de Chocó, el proyecto se implementó en los municipios de Quibdó, Carmen del Darién, Riosucio, Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó. Allí las medidas de aislamiento durante la pandemia generaron el incremento en casos de VBG y violencia intrafamiliar, así como limitaciones en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. La iniciativa brindó a las mujeres la oportunidad de avanzar con sus emprendimientos, beneficiando a 150 mujeres y 567 personas que hacen parte de su núcleo familiar.
En el departamento de Nariño, la iniciativa se implementó en Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, donde, según datos oficiales, el 52 por ciento de personas afectadas por desplazamientos forzados para el 2022 eran mujeres, así como 92 mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual.
Yaila Mena, una de las participantes del proyecto, comentó que “las mujeres aprendimos que nada justifica la violencia contra nosotras y eso lo aprendimos con el proyecto. Haciendo alianzas podemos aprender a cuidarnos, juntas podemos liderar. Caminando juntas, no una detrás de otra, sino de igual a igual, somos capaces de sacar adelante el territorio de Chocó”.
Luz Iliana Carpio, quien también participó del proyecto, resaltó la importancia de involucrar a las comunidades afro e indígenas y abordar el tema de violencias contra las mujeres. “Estos proyectos ayudan a que más mujeres alcen su voz y es importante que sigan llegando a más mujeres y territorios”, indicó.
Los resultados de este proyecto del CERF en Colombia son producto de que se tuvo en cuenta la compleja realidad de las mujeres en la pandemia, su mayor vulnerabilidad y su rol decisivo como protagonistas de la respuesta, y las medidas para superarla, como fortaleza al momento de gestionar las respuestas locales y regionales a la crisis.
El proyecto CERF seguirá su implementación en Colombia como respuesta a la crisis humanitaria para los municipios de Chocó (Nóvita, Sipí, Litoral del San Juan, Medio San Juan); Valle del Cauca (Buenaventura); y Nariño (El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé) y tendrá como propósito apoyar a aproximadamente 12.000 personas, priorizando la atención a comunidades étnicas, mujeres y niños, para ayudarlos a enfrentar los peores impactos de la violencia en las zonas más afectadas por el conflicto del país a través de intervenciones de protección, mitigación y recuperación que además dejen instaladas capacidades locales para una mayor sostenibilidad.