Mujeres indígenas enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos políticos, según resalta informe presentado por ONU Mujeres y FILAC
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Si para todas las mujeres existe una brecha entre los derechos que se consagran en las leyes y el ejercicio de esos derechos en la vida real, en el caso de las mujeres indígenas esta es aún mayor por las múltiples e interrelacionadas formas de violencia, discriminación y exclusión que enfrentan. Así se pone de relieve en el informe Derechos de las Mujeres Indígenas a 25 años de la Declaración de Beijing, presentado en ocasión del Día Internacional de la Mujer por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ONU Mujeres.
No por ya conocidos los datos dejan de ser preocupantes: las mujeres indígenas enfrentan más barreras cuando quieren ejercer sus derechos políticos, económicos, a la salud, a la educación y a vivir una vida libre de violencia. Además, en un año en el que la limitación de la movilidad causada por los confinamientos decretados en muchos países para hacer frente a la pandemia por COVID-19, las mujeres y niñas indígenas han tenido que enfrentar con mayor dureza la brecha digital que les impide acceder a información sobre servicios públicos u oportunidades de formación.
En lo que respecta al ejercicio del poder y la toma de decisiones, la participación de las mujeres indígenas sigue siendo limitada, dando cuenta de una situación estructural de discriminación tanto en las esferas tradicionales, como en las diversas instancias estatales. En el ámbito parlamentario, la presencia de mujeres se dobló entre 2002 y 2019, con un incremento del 15% al 31%, que no representa una mayor presencia de mujeres indígenas. A nivel local, no se promueve activamente la participación de las mujeres indígenas en las decisiones políticas y comunitarias. Cabe además señalar que las mujeres indígenas pueden enfrentar mayores niveles de violencia política cuando acceden a estos espacios. Esto es particularmente relevante cuando se acerca el 65º Periodo de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) cuyo tema prioritario es “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.
El impacto desproporcionado de la crisis provocada por el COVID-19 en las mujeres en general, y en las mujeres indígenas en particular, pone en relieve la necesidad de avanzar aceleradamente, con leyes y políticas sostenidas por evidencia, suficientes recursos, mecanismos de implementación y rendición de cuentas para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El Secretario General de las Naciones Unidas en su informe El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe señala cómo las condiciones socioeconómicas previas de los pueblos indígenas agravan las consecuencias de esta pandemia en esa población.
Siguiendo con la máxima de “nada sobre nosotras sin nosotras”, el estudio Derechos de las Mujeres Indígenas a 25 años de la Declaración de Beijing otorga un papel importante a la visión de las propias mujeres indígenas, presentando sus propuestas para la construcción de indicadores y variables que permitan conocer la realidad de las mujeres indígenas desde una perspectiva cultural adecuada, teniendo en cuenta sus derechos individuales y colectivos. En este sentido, el informe presenta recomendaciones para el diseño de políticas públicas y la asignación de presupuestos específicos en áreas como la eliminación de la violencia, la erradicación de la pobreza y la incorporación de las mujeres indígenas en la economía formal, el acceso a la tierra, la educación y la salud.
Elaborado por el Observatorio Regional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (ORDPI) del FILAC con el apoyo de ONU Mujeres, Derechos de las Mujeres Indígenas a 25 años de la Declaración de Beijing ofrece también información actualizada sobre los avances y desafíos pendientes en cuanto a desarrollo normativo e institucional que afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas en la región. Además, el documento fue sometido a consideración de las y los delegados gubernamentales y de los Pueblos Indígenas ante el FILAC, que tuvieron oportunidad de realizar sus aportes.