Flavia Freidenberg: “La democracia sin mujeres no es democracia”

La Dra. Flavia Freidenberg es politóloga, docente universitaria e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJUNAM). Es fundadora y coordinadora de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres; y coordinadora de @PolisParitaria, proyecto de investigación que evalúa la implementación de la paridad de género en la representación política en México. En el marco del Día Internacional de la Democracia, la entrevistamos como Directora Académica del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina* para conocer su mirada sobre los avances y desafíos para la participación política de las mujeres latinoamericanas.

El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina cuenta con una sección “Género y Política – Reformas Políticas en América Latina” en la que se monitorean los principales cambios, avances y desafíos pendientes acerca de la representación política con perspectiva de género en América Latina. A la luz de las investigaciones y hallazgos del Observatorio, ¿Cuáles han sido las reformas clave para acelerar la participación política de las mujeres?

Las reformas clave que se han realizado en materia de representación política con perspectiva de género en los países de América Latina han estado orientadas al régimen electoral de género, es decir, a las reglas que exigen a los partidos políticos ubicar a mujeres en las candidaturas a los cargos de representación popular.

La mayoría de los países (a excepción de Cuba, Nicaragua hasta 2012 y Guatemala) han creado y fortalecido este conjunto de reglas formales -régimen electoral de género-, que junto a sistemas electorales amigables al género y el compromiso activo de actores críticos respecto a controlar que se implementen esas normas, han permitido articular mecanismos formales e informales para monitorear, reforzar y/o exigir el cumplimiento de las leyes a las organizaciones partidistas.

En este sentido, América Latina ha sido referente en la ampliación de derechos a los grupos subrepresentados, construyendo democracias cada vez más paritarias, con más de 45 reformas al régimen electoral de género entre 1991 a 2021. En la actualidad, siete países de la región ya han aprobado algún tipo de paridad de género en el registro de candidaturas a cargos legislativos de representación popular (Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, Argentina, Nicaragua, Perú), y dos lo aplican sólo en las elecciones internas (Honduras, Panamá).

Los resultados de esos esfuerzos se han evidenciado en el incremento de la representación descriptiva de las mujeres en los legislativos nacionales. Según datos de la CEPAL (2021), la presencia de mujeres legisladoras a nivel nacional ha superado los 32,9 puntos porcentuales en los países de América Latina y el Caribe. A diciembre de 2020, Cuba y el Estado Plurinacional de Bolivia superaban el 50% de la representación de mujeres en sus Poderes Legislativos, mientras México (hoy ya es 50% a septiembre de 2021), Nicaragua, Costa Rica y Argentina superaban el 40%. Diez países no alcanzaban el 20% de representación de mujeres, siendo Haití con un 2,5% el de menor presencia de mujeres en toda la región.

Por otro lado, ¿Cuáles considera que son las reformas pendientes para asegurar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos políticos de las mujeres?

Las reformas pendientes varían por países. Todos los países de América Latina requieren crear e impulsar estrategias integrales para la igualdad sustantiva, lo que supone construir nuevos pactos políticos que permitan identificar los compromisos e impulsar una agenda efectiva en materia de derechos políticos, diálogo constructivo y la transversalización de género en las políticas y las instituciones públicas. Estas estrategias y pactos podrían retomar los términos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), que da pistas respecto a cómo se debe continuar trabajando para reducir las desigualdades de género en los países de la región.

El gran debate público tiene que ir orientado a fortalecer los regímenes electorales de género de los países que aún enfrentan resistencias, tienen reglas débiles o válvulas de escape que permiten que no se cumpla con lo que exige la ley.

La evaluación preliminar de las normas aprobadas entre 1991 y 2021 sugiere que las reformas deberían ir orientadas a fortalecer el régimen electoral de género en cada país: a) aprobar la paridad vertical (50%) en el registro de candidaturas a las elecciones generales para todos los cargos;¹ b) incorporar además la paridad transversal, exigiéndola en el encabezamiento de las listas cuando se compite a nivel de cargos de elección de representación proporcional;² c) exigir e incorporar la paridad horizontal en aquellos sistemas donde se eligen legisladores/as en distritos uninominales o para los cargos ejecutivos; d) introducir o fortalecer el mandato de posición para que sea en alternancia y secuencialidad;³ d) exigir fórmulas completas, con reglas claras respecto a las candidaturas titulares y suplentes;⁴ y e) establecer lo que se ha denominado como principio de competitividad, para que la autoridad electoral pueda registrar cuáles son los distritos donde los partidos “siempre pierden” y evitar que las mujeres sean ubicadas en ellos.⁵

Las reglas electorales inclusivas deberían ser exigidas para las elecciones generales (y no sólo para las precandidaturas para las primarias). En los países donde han aprobado la paridad de género en las elecciones internas o primarias (Honduras, Panamá), los resultados son muy diferentes de aquellos cuyas reglas se exigen en las elecciones generales. En línea con estas reformas deberían revisarse los sistemas electorales, ya que si bien los sistemas con lista cerrada y bloqueadas, con distritos medianos y grandes, elegidos por sistemas de representación proporcional son más favorables a la elección de las mujeres; recientes investigaciones están evidenciando que en algunas oportunidades el voto preferencial o de listas abiertas (aún cuando filtran la capacidad del régimen electoral de género para favorecer la representación política de las mujeres) permite que determinados liderazgos con reconocimiento previo y autonomía consigan “movilidad vertical” dentro de las listas (como ha ocurrido en Ecuador, Perú, Honduras, El Salvador, o República Dominicana).

Por último, la experiencia mexicana de la “Paridad en Todo” (2019) pone en la agenda la necesidad de pasar de exigir la paridad sólo en las candidaturas a colocarlas en todas las dimensiones de funcionamiento del Estado; en la integración de las instituciones y en todos los niveles institucionales donde este actúe (nacional, subnacional, local).

Desde ONU Mujeres sabemos que los avances normativos son clave para poder posibilitar cambios en las realidades de nuestros países. Sin embargo, el logro de la igualdad sustantiva también requiere de transformaciones culturales, sociales y políticas. En este sentido, ¿Cuáles cree que son esos cambios culturales, sociales y políticos que requerimos para el logro de la igualdad en la toma de decisiones? ¿Cómo podemos impulsarlos?

Los obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en política pueden revertirse mediante el diseño de estrategias institucionales, mediáticas y políticas, pero también gracias a un mayor protagonismo de sectores comprometidos con una democracia inclusiva e igualitaria. Se viene una nueva etapa en la agenda de género. La lucha contra la desigualdad supone incorporar prácticas que integren en la diferencia a los grupos subrepresentados; implica una educación más plural e igualitaria y una mayor capacidad de reacción de los partidos y de la sociedad frente al incremento de la violencia política contra las mujeres, producto de una mayor visibilidad e influencia que las reglas de juego les han dado, incluso a regañadientes de las élites partidistas.

"La lucha contra la desigualdad supone incorporar prácticas que integren en la diferencia a los grupos subrepresentados; implica una educación más plural e igualitaria y una mayor capacidad de reacción de los partidos y de la sociedad frente al incremento de la violencia política contra las mujeres".

La sola presencia de las mujeres en las instituciones contribuye de manera clara y directa a que se incorporen temas y perspectivas que repercuten en beneficio de toda la sociedad. La democracia paritaria permite que más mujeres accedan a los cargos, y cuando eso ocurre, se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones a los problemas de la comunidad. Si bien los esfuerzos de los últimos años han estado centrados en el incremento de la representación descriptiva de las mujeres en las instituciones legislativas nacionales, más presencia de las mujeres no ha supuesto que ellas cuenten con capacidad real para realizar los cambios que las democracias paritarias requieren ni tampoco que se hayan podido impulsar políticas culturales, económicas, mediáticas y sociales que eliminen las barreras sobre el modo patriarcal y discriminatorio como se ejerce el poder (representación simbólica) y promuevan intereses y políticas para la democracia paritaria con igualdad sustantiva (representación sustantiva).

La agenda de trabajo político debe incorporar la igualdad en la agenda educativa y mediática pero también en las prácticas cotidianas, en el espacio público y en el privado. Es decir, los cambios deben darse tanto en la presencia, condición y participación femenina en el espacio público, así como también en relación con el papel de los hombres en el espacio privado, sus tareas de cuidado y corresponsabilidad familiar. La búsqueda de soluciones para igualar las condiciones en las que las mujeres hacen política sigue siendo urgente y para ello se requiere actores críticos que, desde múltiples espacios, colaboren en eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres. La democracia paritaria exige un cambio cultural que acompañe los cambios institucionales que se han realizado en las últimas décadas. De ahí que la representación descriptiva deba ser complementada con esfuerzos por mejorar la representación simbólica y la sustantiva.

Redistribuir de manera equilibrada el poder entre hombres y mujeres (tanto en lo público como en lo privado) ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios, evita que las candidatas recurran a masculinizarse y supone generar espacios donde es posible ejercer el poder de una manera libre de violencias. De ahí la necesidad de continuar explorando las reformas necesarias y sus efectos sobre la representación descriptiva de las mujeres. Resulta necesario equilibrar la cancha y erradicar la idea (bastante generalizada) de que el poder sólo es cosa de hombres y normalizar la presencia de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en las democracias latinoamericanas.

El 15 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Democracia. En su opinión, ¿Qué significa para la democracia que las mujeres no estén aun participando plenamente de la toma de decisiones en sus países?

La democracia sin mujeres no es democracia. Esta idea tan básica es simple. No se trata de democracias de baja calidad o de mala institucionalización. Simplemente, el hecho de que las mujeres no estén participando en igualdad de condiciones que los hombres en los procesos de toma de decisiones supone una historia de exclusión de la mitad de la población. En ese sentido, hay que llevar la conversación al modo en que se tiene que construir las democracias paritarias, superando la idea binaria que muchos quieren reducir a la paridad e incluyendo en el marco de la igualdad sustantiva a todas, todos y todes.

¿Cuál es la democracia con la que usted sueña?

Sueño con una democracia paritaria con igualdad sustantiva en cada uno de los países de América Latina.

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