Jornaleras agrícolas mexicanas luchan por sus derechos y la protección del medio ambiente
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En México, el 91% de las trabajadoras agrícolas no cuenta con ninguna prestación por parte de su trabajo
Las jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y con mayor violencia en México. En el país existen más de dos millones de personas que trabajan por el jornal en el sector agrícola, de las cuales 12.7% son mujeres y, con sus familias, suman 8.5 millones de personas.
Adicionalmente, son las jornaleras agrícolas quienes encabezan esfuerzos para hacer frente a los efectos del cambio climático y desastres. Desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos y, por lo tanto, en la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas, así como en la mejora de los medios de vida rurales y el trabajo de cuidados no remunerado, central para la sostenibilidad de la vida humana. Son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible.
Teresa* es originaria de San Agustín, en el estado de Guerrero, habla español y náhuatl, es trabajadora del campo y, dependiendo de la temporada, corta pepino y jitomate. Desde los 15 años comenzó a trabajar; su papá la llevó junto a su familia a vivir a Jalisco, pero como el trabajo no es estable, han tenido que trasladarse en algunas ocasiones a otros estados como Michoacán y Guanajuato. Se quedan unos dos o tres meses en lo que acaban el trabajo y regresan a Jalisco.
Como Teresa, millones de jornaleras agrícolas migran de sus lugares de origen en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, al arribar a las zonas de cultivos, la falta de formalidad laboral les impide tener una vida decente y de calidad con servicios básicos necesarios. Tan solo el 3% de la población jornalera agrícola en México cuenta con un contrato escrito y el 91% no cuenta con ninguna prestación proveniente de su trabajo, indican las estadísticas gubernamentales.
“Cuando era chiquita estaba estudiando y desde que empecé a trabajar, siempre he estado en el campo; toda mi familia trabaja en el campo y es lo que podemos hacer. Cuando era adolescente, mi papá nos llevaba y nos traía, no se me hacía tan difícil, pero ahorita ya estoy casada, tengo dos niñas, y ellas están estudiando. Esto se me dificulta, porque debo sacarlas de la escuela y meterlas a otro lado, y volver a Jalisco”, mencionó Teresa.
Para las trabajadoras agrícolas el acceder a contratos laborales, salarios justos, servicios de salud, guarderías, pensiones, licencias de maternidad, vacaciones pagadas, aguinaldo, entre otras prestaciones de ley, son aún derechos que no ejercen. Teresa deja a sus hijas con su hermana cuando está trabajando ya que no hay guarderías donde vive.
“No nos dan prestaciones, ni seguros, no nos dan aguinaldo, ni herramientas para el trabajo. Nada más llega el patrón a preguntar dónde vivimos y si alguien quiere trabajar, nada más de palabra. Nunca ha habido un contrato. Cada sábado, saliendo de trabajar nos pagan”, recalcó Teresa.
Asimismo, el cambio climático y la degradación del medio ambiente afectan desproporcionadamente a las mujeres rurales e indígenas, incluyendo jornaleras agrícolas, pues sus condiciones de vida y subsistencia diaria dependen directamente de ecosistemas sostenibles, además de que esto incrementa el tiempo que ocupan en la búsqueda de otros ingresos y alimentos, así como en el trabajo de cuidados no remunerado.
A lo anterior, se suma la actual crisis sanitaria que ha agudizado la situación laboral y de vida de las jornaleras agrícolas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México las personas que trabajan en el sector agrícola corren un alto riesgo de contagiarse de COVID-19, de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida.
“En la parte de salud, no teníamos acceso a pruebas, así que no eran casos comprobados de COVID-19, pero algunas personas tuvieron los síntomas, y no conocemos mucho de eso. No nos quedaba más que aguantarnos e irnos a trabajar, levantarnos y hacer los quehaceres con dolor y con la gripa. Algunas personas no entendían las indicaciones o precauciones para no contagiarse. Algunas enfermeras iban a dar pláticas y yo les decía a las personas que no hablaban español, ya que varias jornaleras vienen de pueblos cercanos de Guerrero”.
La población jornalera cuenta con una alta proporción de personas indígenas: 46% habla una lengua indígena, una proporción tres veces superior a la nacional.1 Teresa comenta que la parte de apoyar a sus hijos/as ha sido muy difícil durante la pandemia. Hay personas que no hablan español o hablan muy poco. Algunas no saben leer y escribir, o no conocen las materias y tareas que mandaban las/los profesores, esto ha hecho que muchos niños y niñas se retrasen en su educación.
“El COVID-19 nos ha afectado demasiado. La parte que más nos afectó fue la parte de los niños, que eran por clases virtuales. Nosotros no tenemos internet ni computadora. Íbamos a la escuela a pedir que nos apoyaran, que les pudieran dar clases o algo. Yo andaba trabajando, cortando jitomates y pepinos (…). El dinero ya no rendía”, reafirmó.
Debido a este contexto en el que viven millones de jornaleras/os agrícolas, a través del programa Cerrando Brechas: Protección Social para las mujeres en México, el cual es financiado por el Fondo ODS, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y ONU Mujeres, en articulación con instituciones del Estado mexicano, busca incrementar el acceso a la protección social para las mujeres en México.
En el caso de la comunidad en donde vive Teresa en Jalisco, FAO realizó visitas para dar información y materiales en distintas lenguas para que las jornaleras/os agrícolas conozcan sus derechos laborales. “Hasta ahora, con FAO más o menos sabemos nuestros derechos, pero antes de eso, nada. No sabíamos el horario de trabajo, cuántas horas tiene que ser y siempre ha sido hasta que el patrón dijera, ‘vas a salir a tal hora’. Terminando, nos suben al camión. Entramos a las 7:00 de la mañana y podemos salir entre 7:00 o hasta las 9:00 de la noche”, comentó.
Por tal motivo, es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas, incluyendo el acceso a servicios de cuidado gratuitos y de calidad, además de garantizar una vida libre de violencia y discriminación por razones de género y promoviendo el empleo rural decente, salud y educación de calidad.
“Nosotras venimos de Guerrero donde la tradición es que nos casemos a los 15 o 16 años. Yo no quiero eso para mis niñas. Yo trato de salir a trabajar, aún cansada, con estrés, todos los días, para que mantener sus estudios y que puedan seguir adelante. Yo salgo a trabajar por ellas. Yo quiero que el día de mañana sean independientes”, finalizó Teresa.
*Teresa: Es un seudónimo para proteger su identidad
1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 2020.