Ministras de América Latina y el Caribe se comprometen a impulsar acciones para el logro de la igualdad sustantiva y la democracia paritaria

La Declaración de las Ministras y Altas Autoridades de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres representa el aporte de la región al 65º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 15 al 26 de marzo de 2021.

Fecha: jueves, 11 de marzo de 2021

El 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tendrá lugar del 15 al 26 de marzo de 2021. Durante esta reunión se abordará como tema prioritario la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. De forma sinérgica, el lema del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2021 “Mujeres en espacios de poder: Por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19” destaca la importancia de la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

Los Gobiernos de América Latina y el Caribe se reunieron entre el 23 y 25 de febrero de 2021 en la 60a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En el marco de esta Reunión, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como Secretaría de la Conferencia en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), se llevó adelante la Sesión Especial de Consulta Regional previa al 65º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65). Las Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos para el adelanto de las mujeres de la región reafirmaron su compromiso con el logro de la igualdad sustantiva y la democracia paritaria con la adopción de la Declaración regional para la CSW65.

Con ello, las Ministras y Altas autoridades se comprometieron a redoblar los esfuerzos para que la paridad de género sea una política de Estado y para asegurar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los puestos de toma de decisiones en todos los ámbitos y niveles. También destacaron la necesidad de garantizar, desde un enfoque interseccional, la protección de los derechos humanos de las mujeres que participan en la vida política y pública, de las defensoras de los derechos humanos y de las mujeres periodistas y condenar la violencia política contra las mujeres.

A través de esta Declaración, América Latina y el Caribe presentará un posicionamiento de avanzada como contribución de la región al debate multilateral en el seno de la CSW65, impulsando la garantía de los derechos políticos de las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones como elemento fundamental para un horizonte democrático, paritario e inclusivo. Este acuerdo reafirma también la  centralidad de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la CEPAL, como principal foro intergubernamental para el avance de una Agenda Regional de Género ambiciosa e integral, que es el resultado del trabajo articulado en los últimos 40 años entre los Gobiernos, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, en particular organizaciones feministas, de mujeres, jóvenes, de mujeres indígenas y afrodescendientes.

Cabe destacar que el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres se ha consolidado a través de la Agenda Regional de Género y diversos esfuerzos y políticas nacionales que han sido pioneras e inspiradoras para el mundo como las leyes de cuotas, la paridad, políticas afirmativas e interseccionales, normativa y mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres en política.

Previamente, y como parte del debate regional que tuvo lugar durante la Sesión Especial de Consulta Regional previa a la CSW65, las Ministras y Altas Autoridades contaron con el insumo del Documento Preparatorio “Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe. Panorama regional y aportes a la CSW65”, elaborado por ONU Mujeres con aportes de CEPAL y de organizaciones de la sociedad civil, que sistematiza los principales logros, tendencias y desafíos hacia la consolidación de democracias paritarias, inclusivas y libres de violencias basada en género en la región.

Algunos de los hitos en los últimos veinte años son: la primera ley de cuotas del mundo que se realizó en Argentina (1991); la paridad en las Constituciones del Ecuador (2008), Bolivia (2009), Colombia (2015) y a través de sucesivas reformas desde 2014 hasta la “paridad en todo” en México (2019); la primera ley específica para la erradicación de la violencia contra las mujeres en política de Bolivia (2012); y el primer proceso constituyente paritario que se dará en Chile (2021), entre otros. Esta es una región que avanza en el marco normativo hacia la democracia paritaria con 10 países con alguna disposición sobre paridad en el ámbito político y electoral, y 8 países con leyes de cuotas[1].

Sin embargo, a pesar de estos avances, sigue habiendo brechas entre países y dentro de los mismos. Las mujeres aún enfrentan grandes desafíos para avanzar hacia una representación igualitaria. En la región se cuenta solamente con un 32.9% de parlamentarias en las Cámaras bajas[2], un 28.5% de mujeres en gabinetes ministeriales[3], un 24.5% de los escaños ocupados por mujeres en los gobiernos locales[4] y un 32.1% de mujeres en el máximo tribunal de justicia o corte suprema[5].  Solo en tres países y territorios en el Caribe mujeres ocupan cargos de decisión al más alto nivel en el Poder Ejecutivo, Barbados y Aruba cuentan con una mujer como Primera Ministra y en Trinidad y Tabago una mujer ejerce la Presidencia, mientras que en la actualidad, ninguna mujer ejerce el cargo de presidenta en América Latina.

Por otro lado, en la Declaración los Gobiernos acordaron, entre otras, avanzar en las siguientes acciones:

  1. Promover medidas, incluidos cambios a nivel legislativo, políticas afirmativas, asignaciones presupuestarias específicas e iniciativas de formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres en toda su diversidad, orientadas a impulsar la paridad de género, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos nacional, subnacional y local, en las instituciones privadas y en los ámbitos laborales, sindicales y académicos.
  2. Impulsar medidas concretas para mejorar la transparencia y garantizar el acceso igualitario al financiamiento público de campañas mediante un financiamiento político con enfoque de género.
  3. Fortalecer la institucionalidad y la arquitectura de género a través de la jerarquización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes niveles del Estado, mediante el incremento de la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos, la presupuestación con perspectiva de género y el seguimiento y la rendición de cuentas con participación ciudadana.
  4. Promover mecanismos para una mayor incorporación de las mujeres en toda su diversidad, así como de las organizaciones de mujeres, incluidas la sociedad civil y las expertas y lideresas comunitarias, en la respuesta ante las crisis y la recuperación, especialmente en el caso de la pandemia de COVID-19.
  5. Iniciativas adicionales para superar las barreras que obstaculizan la plena participación de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones:
  • Reafirmar el compromiso de impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas y planes de acción integrales y multisectoriales para prevenir, atender, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres y las niñas en los ámbitos privado, público, político, económico, institucional y simbólico.
  • Promover el acceso universal a servicios de salud integrales, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.
  • Reafirmar el compromiso para implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de las crisis y las recesiones económicas en la vida de las mujeres y las niñas e impulsar sistemas integrales de cuidado.

Durante la 60ª Mesa Directiva los Gobiernos informaron sobre sus avances en la implementación del Compromiso de Santiago, adoptado en durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Santiago, enero de 2020) y exhortaron a que las políticas de respuesta y recuperación a la pandemia de COVID-19 incorporen una perspectiva de género, incluyan la participación de las mujeres en su diseño y ejecución y contribuyan a superar las múltiples e interrelacionadas formas de violencia, discriminación, y desigualdad que afectan de manera desproporcionada a las mujeres en toda su diversidad. Como resultado, los Gobiernos también reafirmaron su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para acelerar la efectiva implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género para contribuir así a una recuperación transformadora, sostenible y con igualdad de género.

En este marco, se presentó el documento Compromiso de Santiago: Un instrumento regional para dar respuesta a la crisis del COVID-19 con igualdad de género. Asimismo, se presentó el documento preliminar Medidas y acciones impulsadas por los Gobiernos de América Latina y el Caribe frente al COVID-19 en áreas clave para la autonomía de las mujeres y la igualdad de género sobre iniciativas nacionales en respuesta a la pandemia, tomando como base la información publicada en el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL, cuya sección de género se desarrolla en junto con ONU MUJERES.

La reunión contó con representantes de 32 Estados miembros de la CEPAL, 10 miembros asociados, las Vicepresidentas de la República de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, el Canciller de Chile y la Canciller de Panamá, así como representantes de agencias del Sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones feministas, de mujeres y de la sociedad civil. A lo largo de los tres días de reunión, más de 200 personas asistieron a las sesiones de trabajo en vivo y un número aún mayor siguió la retransmisión por las redes sociales. 

Más información:

https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/21-00100_mdm.60_declaracion_lac_csw65.pdf

https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/consulta_regional_alc_csw65.pdf

https://www.cepal.org/es/eventos/sexagesima-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe  

https://www.cepal.org/es/comunicados/ministras-la-mujer-se-comprometen-impulsar-sociedad-cuidado-la-plena-inclusion-digital

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/02/panorama-regional-y-aportes-csw65

1 Véase CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), [en línea]: https://oig.cepal.org/es y ONU Mujeres (2021). Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe. Panorama regional y aportes a la CSW65.

2 CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG). [en línea]: https://oig.cepal.org/es

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.