Día Internacional de los Pueblos Indígenas | No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social

Las organizaciones de mujeres indígenas han jugado un papel activo y sostenido a lo largo del tiempo en la defensa de sus derechos individuales y colectivos, lo que se refleja en la visibilidad que han adquirido sus luchas, demandas y propuestas en las últimas décadas.

Antes de la llegada de COVID-19, más de 23 millones de mujeres y niñas indígenas de la región se enfrentaban a la discriminación y al acceso desigual a la educación, al trabajo, a la tierra y a la participación.

En su informe sobre "El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe,"1 el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que los pueblos indígenas, y en particular las mujeres indígenas, se ven afectados de manera desproporcionada, debido a las condiciones socioeconómicas previas en las que viven.

En este desafiante contexto mundial, las mujeres indígenas de América Latina siguen siendo objeto de desigualdades estructurales y de múltiples formas de discriminación, basadas en el género, el racismo y la xenofobia, que afectan gravemente sus oportunidades y el ejercicio de los derechos humanos.

Por ejemplo, el 85% de las mujeres indígenas trabajan en la economía informal, lo que las expone a una mayor inseguridad laboral, a la falta de previsibilidad de los ingresos y las deja fuera de los sistemas de protección social.

En cuanto a la representación política, y a pesar del aumento de la representación femenina en los parlamentos nacionales en 2019, sólo había un total de 11 parlamentarias indígenas en la región y en países como Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras o Perú sólo había una parlamentaria indígena, lo que es mínimo teniendo en cuenta el porcentaje de población indígena.

La pandemia del COVID-19 no ha creado las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas indígenas, sino que las ha profundizado. Además de la pérdida de los medios de vida, la carga de trabajo de cuidados, la falta de acceso a los servicios de salud o el aumento de la vulnerabilidad a la violencia de género, el impacto de la pandemia se ha visto de forma más directa en la falta de acceso al mundo digital en un momento en el que muchos servicios públicos se prestan sólo de forma digital y el intercambio de información y conocimientos es crucial para acceder a una serie de oportunidades, desde el empleo hasta el asesoramiento sanitario.

A pesar de este difícil escenario, hay que destacar la resiliencia de las mujeres indígenas. Han sido pioneras en la puesta en marcha de estrategias comunitarias para hacer frente a la pandemia, estableciendo vallas sanitarias, implementando iniciativas para prevenir la violencia, facilitando el suministro de alimentos y adaptando sus emprendimientos productivos para que sean sostenibles durante y después de la crisis. Al mismo tiempo, más mujeres indígenas de todas las edades se están convirtiendo en líderes dentro y fuera de sus comunidades, impulsando la agenda y amplificando sus acciones en redes en toda la región.

En el medio de la crisis, las mujeres indígenas no han dejado de lado el cuidado de la madre tierra, continuando con su labor como defensoras del medio ambiente en condiciones aún más complejas por el confinamiento y las consecuencias de la crisis. De igual manera, las mujeres indígenas siguen liderando el camino en cuanto a la adaptación y mitigación del cambio climático, protegiendo la tierra y el agua, claves para garantizar la vida en el planeta.

En este contexto, y ante la erosión que vienen experimentando importantes instituciones sobre las que se asienta la democracia, toma fuerza la necesidad de llegar a un nuevo contrato social del que formen parte los pueblos indígenas, incluidas las mujeres indígenas, considerando sus necesidades, demandas, propuestas y capacidades específicas.

Este nuevo contrato social debe ser la expresión de cooperación por el interés social y el bien común para la humanidad y la naturaleza, y debe contar la participación real y sustantiva del hombres y mujeres que representen la diversidad y riqueza social. A su vez, este nuevo contrato social debe promover y respetar los derechos, la dignidad y las libertades de todas las personas. Aspectos como los cuidados o el acceso a la tecnología, son claves para garantizar la igualdad de género entre hombres y mujeres, así como el cierre de brechas para no dejar a nadie atrás.

El derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y el Estado. Por tanto, un nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación que afectan a los pueblos indígenas, teniendo siempre presente la necesidad de contar con su consentimiento previo, libre e informado sobre todas aquellas cuestiones que les afecten de manera directa.

La participación de las mujeres indígenas debe ser considerada tanto de manera general como particular como un ejercicio de sus derechos humanos individuales y colectivos.