Marco normativo regional sobre violencia por razón de género contra las mujeres afrodescendientes

Existen una serie de marcos y compromisos que contemplan la dimensión racial y reconocen de forma particular a las mujeres afrodescendientes. 

En América Latina y el Caribe, los compromisos de la Agenda Regional de Género fomentan la adopción de medidas preventivas, punitivas, protectoras y de atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en espacios públicos y privados, y a la implementación de políticas de acción afirmativa, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes (CEPAL, 2017). 

La Agenda Regional de Género tiene un enfoque interseccional e intercultural y reconoce a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes de dichos derechos; en particular, reconoce el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación. Si bien el enfoque interseccional está presente en toda la Agenda Regional de Género, la violencia que enfrentan las mujeres afrodescendientes se aborda particularmente en los siguientes instrumentos aprobados en diferentes Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  

En el Compromiso de Santiago (2020), se expresa el acuerdo de “impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales y multisectoriales, y programas educativos de sensibilización, para prevenir, atender, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, incluidas aquellas con discapacidad, en sus diferentes ámbitos privado, público, político, económico, institucional, simbólico y obstétrico, y en situaciones de conflicto, desastres naturales y privación de libertad, así como en sus diferentes tipos y manifestaciones como el acoso laboral, acoso sexual, abuso y explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, trata de mujeres y niñas, prostitución forzada, violaciones, feminicidio, matrimonio y convivencia forzada de niñas y adolescentes, y en sus diferentes espacios como la seguridad pública y las ciudades, las legislaciones y el acceso a la justicia, los medios de comunicación y los contenidos educativos, y a través de los estereotipos, el sexismo, el racismo, el etnocentrismo, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia y discriminación, de acuerdo con la legislación nacional, así como las formas de violencia facilitadas por las tecnologías, en particular las tecnologías de la información y las comunicaciones, las tecnologías emergentes y en el ámbito de las redes sociales” (párrafo 6); e “impulsar también las medidas y mecanismos para la eliminación de obstáculos legales, culturales, sociales e institucionales, a fin de asegurar el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación para las mujeres en su diversidad y a lo largo de su ciclo de vida” (párrafo 7).  

En el Consenso de Santo Domingo (2013), se incluye el acuerdo de “hacer efectivas las políticas nacionales y locales y adoptar medidas preventivas, penales, de protección y atención para lograr la erradicación de todas las formas de violencia y estigmatización contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad e incluir el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque intercultural, con el fin de lograr una mayor inclusión e igualdad para todas las mujeres” (párrafo 80).  

En el Consenso de México (2004), se reafirmó la decisión de “profundizar el desarrollo de un sistema de información basado en estadísticas desagregadas por sexo para incorporar efectivamente la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en todos los programas y políticas de gobierno, otorgando particular atención a la pobreza, el trabajo no remunerado, el uso del tiempo, la violencia de género y la migración internacional” (párrafo 6, xvii).  

A su vez, en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado en la Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, se reitera la necesidad de hacer transversal el enfoque étnico-racial y se trata de manera explícita la situación de las niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes, en particular en las medidas prioritarias dirigidas a abordar las desigualdades de género, étnicas y raciales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres, y, especialmente, las jóvenes afrodescendientes. Además, se reconocen múltiples formas de violencia y se aborda el problema de la violencia de género en el capítulo E, Igualdad de género (CEPAL, 2013).  

Reconociendo que la violencia por motivaciones misóginas y racistas expone a las mujeres afrodescendientes a mayores niveles de vulnerabilidad, en el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas (2016-2025) la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó las iniciativas de incluir el enfoque afrodescendiente en la agenda del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (MESECVI) y promover la inclusión de dicho enfoque por parte de los Estados en sus informes a ese Mecanismo (OEA, 2016).  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión”, Documentos de Proyectos (LC/PUB.2020/14), Santiago, 2020.